El sábado 4 de octubre del 2025 alrededor de las 10 de la mañana, en Tijuana, en un punto de la zona conocida como Ojo de Agua, elementos de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) robaron 180 kilos de cocaína. Las primeras versiones, indicaban que el “baje de droga” había sido alrededor de las seis de la tarde del viernes en la misma zona.
De manera extraoficial, autoridades en ambos lados de la frontera confirmaron el hecho delictivo.
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Informaron también que, de acuerdo a los primeros datos recabados, los posesionarios originales de la droga eran traficantes que intentaban trasegar “por la libre” y no le pagaban a ningún cártel por pasar el cargamento por territorio bajacaliforniano. Y los policías corruptos que les quitaron el enervantes, delinquen en alianza con operadores del Cártel Arellano Félix (CAF).
En la comisión de este delito, del lado del CAF estarían los Beltrán, Crescencio Beltrán Murillo, alias el Chencho, junto a César Quintero Beltrán, alias el Lico, y su operador James Bryan Corona, alias El Apache.
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Por el lado de los policías, la cabeza visualizada por las autoridades de ambos lados de la frontera, que corroboraron la denuncia, es el cuñado del exgobernador Francisco Vega e integrante de la FESC, Joel Héctor Manuel Valenzuela Bernal, conocido en la corporación policial con el apodo de Princeso, porque sin experiencia ni trabajo de calle, sus vínculos familiares le permitieron, a partir de su ingreso en el 2017, ascender a las jefaturas de la policía estatal rápidamente.
La primera semana del pasado mes de agosto, el Princeso fue removido como titular de la Dirección de Investigación de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana, que había ocupado durante el gobierno de Marina del Pilar Avila Olmeda.
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Los datos de las áreas de inteligencia indican que Valenzuela Bernal y su operador más cercano, el también agente, Mirko González (Se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad por la autoridad judicial. Art.13, CNPP), habrían planeado y organizado el mencionado robo desde finales de agosto y finales de septiembre, el período aproximado en el que algunos agentes de la FESC mencionaron que intentaron reclutarlos para integrar otro comando negro de policías dedicado al robo de droga, de dinero y demás actividades relacionadas con los delitos cometidos en coordinación con el Cártel Arellano.
“…les dijeron que les tocaría el 10 por ciento – del robo de los 180 kilos de cona- y que habría más”.
De acuerdo a los datos extraoficiales, en la sustracción de la droga del pasado fin de semana, habrían participado varios agentes a bordo de tres autos Kia blancos y un pick up; el reporte indica que participaron oficiales hombres y mujeres, y destacaron la presencia de una mujer alta a bordo de uno de los Kia.
La información, que presuntamente incluye escuchas telefónicas -que no están usando como evidencias en los señalamientos-, indica que, tras ser despojados de su cargamento ilegal, los criminales y dueños de la droga, a sabiendas que no podían trasegar el enervante sin pagar piso a alguno de los cárteles, y que hacerlo público podría tener consecuencias, decidieron contactar James Bryan Corona, alias el Apache.
En este punto, la información del robo recibida por ZETA de distintas fuentes y autoridades, empieza a tener diversas versiones: unos dijeron que contactaron al Apache para pedirle apoyo para recuperar la cocaína; y otros que le hablaron para que la solicitara a los policías, porque era a él a quien se la iban a vender.
Al final, todos coincidieron en que este robo le sirvió al CAF para “alinear” a la mencionada célula de traficantes, quienes a partir del fin de semana pasado operan con la mafia local y pagan una cuota por pasar su droga por territorio bajacaliforniano.
El mencionado reporte, que expone la corrupción al interior de la FESC, también refirió que Brayan Corona -uno de los presuntos organizadores del robo de droga- se comunicó con jefes de la policía estatal, para solicitar la cocaína de regreso. Pero de nuevo, las versiones fueron contradictorias.
Mientras algunas fuentes indicaron que Corona habló al área de Inteligencia, ahí el coordinador es el Mayor de Infantería, Juan Ventura Quiroz; el director es el Capitán 1ero. de Artillería, Víctor Hugo López Granados; y el segundo al mando, teniente coronel retirado Carlos Mederos Sánchez.
Otros mencionaron que el criminal había contactado a la Coordinación Estatal de la FESC, área en la que el 6 de octubre fue designado el agente Omar Rosiles Hidalgo, quien antes era el director de la fuerza.
Y terceros mencionaron a la Dirección de Investigación, espacio en el que recién fue asignado el agente Iván Murúa.
“En esta área aseguran opera Mirko González, segundo del Princeso”, refirieron.
“Hablaron con la gente del Princeso”, fue la única coincidencia.
“Y el Princeso tiene policías que le informan y obedecen en todas las áreas de la FESC; él sabe todo lo que se hace en la corporación, y cuando hay operativos, busca información para darle al cártel”.
Desde la tropa de la Fuerza Estatal, aseguraron que “los militares lo consecuentan y no toman medidas en su contra”, porque desde el inicio fue la dupla del teniente coronel Jorge Enrique Medina de Jesús, quien era el coordinador general operativo de la Fuerza Estatal (fue obligado a renunciar la primera semana de septiembre) y el primer militar que nombró a su llegada como secretario de Seguridad Ciudadana de Baja California, el General Brigadier Estado Mayor Laureano Carrillo Rodríguez, en enero del 2025.
“Los jaló de su lado, a su forma de trabajo, con sus intereses, los corrompió, y ahora les sabe ‘cosas’ -no especificaron qué cosas- y los tiene amenazados”, aseguraron, sin proporcionar elementos de prueba.
“Ahorita el Princeso no se está presentando a trabajar, está de aviador; saben que el Homeland Security Investigations (Investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional, HSI por sus siglas en inglés) tiene una carpeta en su contra, pero en la SSC no lo están investigando”, aseguraron agentes.
Consultada por ZETA, desde la SSC informaron que el agente Valenzuela Bernal está de vacaciones: largas porque se le “debían muchos días”; y cuando regrese será asignado algún punto fijo donde no tenga acceso a información ni mando.
Desde la creación de la secretaría, cada vez que un jefe es removido del cargo por temas de pérdida de confianza, lo usual es que, para evitar ser afectados, y retardar los procesos en su contra, el elemento solicite vacaciones y que éstas sean extensas, porque mientras están activos es “normal” que por “razones del servicio”, y ante la falta de personal, les restrinjan los días de descanso, salidas y períodos de ocio.
LOS KIA
Señalados los agentes y cuestionados los jefes de las distintas áreas, lo primero que pidieron los respectivos directores fue revisar qué áreas tenían asignados los pequeños autos Kia blancos.
Después fue que antes de señalar revisaran los GPS (Sistema de Posicionamiento Global) para confirmar cuáles estuvieron en las inmediaciones de la zona Ojo de Agua, el día y la hora del robo.
Oficialmente, la dirección de investigación no tiene bajo resguardo ese tipo de autos, sólo un Kia gris, pero “una chica como la descrita en los señalamientos, labora en el área de Investigación” aseguraron.
La Dirección de Inteligencia y el área de Enlace Internacional sí tienen carros Kia asignados, y los primeros reportes indicaban que dos autos de la primera y uno de la segunda “modulaban” en la mencionada zona, sin embargo, esa información no fue confirmada oficialmente.
Además, agentes de la FESC que conversaron con ZETA, indicaron que este detalle no probaría nada por dos razones:
1.- Los agentes corruptos, saben y tienen por costumbre manipular los sistemas de localización a través de los “jammer” (interrupción intencional de las señales de un sistema de posicionamiento global GPS mediante la emisión de ruido o señales de radio más potente), y no pincha ni el celular.
2.- Además, en este caso, para el robo, como en otras actividades ilícitas, la gente del Princeso “pidió autos prestados a otras áreas y si no los entregan, igual se los llevan”.
— ¿Por qué no lo denunciaron a sabiendas que, si se cometía un delito, ellos resultarían implicados?
“Porque algunos de esos cambios fueron aprobados por el teniente coronel Jorge Enrique Medina de Jesús antes de la renuncia”; además que “el Princeso está apoyado por los militares, y si haces algo en contra de su gente te castigan o te ponen con los criminales”, fue la respuesta.
En este tema, ZETA pudo corroborar que los agentes de la diferentes s dirección y coordinaciones mencionadas, en lugar de realizar una investigación conjunta, se están bloqueando los accesos a las bases de datos, unos a otros, y aseguraron que el general Carrillo no ha designado a un equipo para investigar.
Aunque el miércoles 8 de octubre, al concluir la conferencia semanal del gobierno del estado bajacaliforniano en Mexicali, ZETA le preguntó al secretario de Seguridad Laureano Carrillo si estaban investigando el robo de la droga, a lo que respondió:
“No tenemos información de eso, no tenemos ninguna denuncia todavía al respecto; estaremos ahí pendientes. En cuanto la recibamos la vamos atender bajo ese esquema que ya ustedes conocen, desde el punto de vista del órgano interno, y en caso de que se compruebe algo, pues estaremos haciendo la denuncia correspondiente ante los responsables”.
— ¿El órgano interno?
“Inicialmente con el órgano interno para ver si hay algo que pueda sustentarnos una denuncia ya penal y que nos permita levantar la denuncia ante la Fiscalía General del Estado”.
Por lo que la investigación del robo de droga, quedaría en manos de Diana Flores Rocha, titular del Órgano Interno de Control de la SSCBC.
LOS BELTRÁN
Tras la captura de Manuel Arturo Villarreal Heredia, alias el Nalgón, ejecutada por autoridades estadounidenses el 14 de agosto del 2006 en aguas internacionales, junto con Javier Arrellano, cabecilla del CAF, sus parientes, quienes ya delinquían para el cártel, subieron de nivel en el organigrama criminal.
Después, su primo Armando Villarreal Heredia el Gordo fue detenido en 2011, y deportado a Estados Unidos en 2012.
Pero por encima de él, y con un perfil más bajo, operaba otro de los parientes, Crescencio Murillo Beltrán, alias el Chencho, quien ha permanecido libre e impune durante décadas, porque han sido las actividades criminales de tres de sus sobrinos, los que más han salido a la luz pública:
Salvador Quintero Beltrán -asesinado en 2010- y Uriel Quintero Beltrán alias el Java, ambos participaron en el secuestro de las sobrinas de Ismael “Mayo” Zambada, quienes fueron privadas de la libertad en Tijuana en el año 2010 por el grupo encabezado por Juan Sillas, delincuente extraditado en el 2022 a Estados Unidos.
Y César Quintero Beltrán, alias el Lico, considerado por las autoridades en la Mesa de Seguridad de Baja California, como uno de los principales cabecillas del Cártel Arellano Félix (CAF) junto con los hermanos Ruiz Rayas, Emanuel Rubio, alias el Disney, y Héctor Manuel Gil García, alias el Kado y/o Ka2ador.
Respecto al Lico, la información pública reciente indica que uno de sus hijos fue detenido en enero del 2024 mientras circulaba a exceso de velocidad en el fraccionamiento Villa Colonia de Tijuana en posesión de una pistola; que su familia como víctima de un ataque armado en Ensenada en febrero del 2024; y en el mes de noviembre un cargamento de su propiedad, 350 kilos de cocaína, fue asegurado en el puerto de Ensenada.
De acuerdo a las primeras indagatorias, el cargamento que venía de Guayaquil, Ecuador, en el buque Iquique Exprés, con rumbo a Ningbo, China, era propiedad del Lico del CAF quien se había asociado con Jaime Daniel Gutiérrez García, apodado el Cachis y/o el Toro, quien había sido identificado con el Cártel de Sinaloa, hasta marzo del 2024, cuando fue objetivo de un ataque armado en la casa que habitaba en el residencial Rincón Toscano en Cumbres de Juárez en Tijuana, por matones del CDS, enviado para vengar el homicidio de un menor cometido en Sinaloa, sin la anuencia del Mayo.
El Lico también está asociado criminalmente, desde el año 2015, con el Cártel Jalisco Nueva Generación, actualmente encabezado por Javier Adrián Beltrán Cabrera, alias el R4, el Javi o el Pelón.
EL APACHE
En cuanto a James Bryan Corona, alias el Apache, indicaron que sí hubo llamadas entre el traficante y elementos de la FESC.
Las autoridades confirmaron que Corona -con la anuencia del resto de los lideres del CAF- fue corresponsable del atentado armado en diciembre del 2023, contra Pablo Edwin Huerta Nuño, alias el Flaquito. Y podría ser uno de los testigos en su contra.
Detallaron que mientras delinque en México, permanece como testigo protegido en Estados Unidos, aunque no pudieron especificar con cuál de las agencias está cooperando.
EN VERANO EE.UU. LE NEGÓ EL INGRESO AL PRINCESO
Las versiones extraoficiales confirmadas, indican que Joel Héctor Manuel Valenzuela Bernal había vacacionado en Europa y su avión de regreso, procedente de Italia, llegaba a Estados Unidos, pero al llegar, en la aduana le informaron que no era bienvenido y la visa le fue retirada. “Eso sucedió el verano pasado”, informaron sin más datos de cómo o por dónde regresó después el policía a México.
En la edición impresa de ZETA del pasado 15 de agosto, Este semanario publicó el reportaje “EE.UU. investiga a mandos de la FESC”, en el que se informó que el Departamento de Seguridad Interna del Gobierno de Estados Unidos (HSI, por sus siglas en inglés), declaraba que Valenzuela Bernal, con ocho años de antigüedad en la FESC, hermano de la exprimera dama de Baja California, Brenda Ruacho, era uno de los 15 agentes de la Fuerza Estatal investigados por autoridades americanas por “operar de manera sistemática y organizada brindando información a grupos delictivos, y ejecutando realizando intervenciones no registradas”.
Valenzuela fue escolta del gobernador durante el mandato de su cuñado, Francisco Vega, solicitó ser agente de homicidios de la hoy fiscalía estatal y le fue concedido; en 2018 regresó como subdirector de Investigación a la SSC y después lo nombraron director de Enlace en la administración del general Carrillo, lo nombraron director de Investigación y lo removieron el pasado mes de agosto, tras dos incidentes públicos con evidencias de malos manejos y corrupción.
El 6 de julio un tractocamión que transportaba media tonelada de la droga conocida como cristal, fue asegurado en Ensenada, cuando circulaba en la carretera rumbo a Tijuana. Autoridades aseguran que Valenzuela fue grabado en una llamada, abogando para que la carga fuera liberada sin consecuencias.
El 27 de julio, Valenzuela y su jefe, el teniente coronel Jorge Enrique Medina de Jesús, entonces coordinador general operativo de la Fuerza Estatal, irrumpieron sin orden de cateo y con uso de la fuerza a dos domicilios buscando a dos presuntos criminales de la célula de Los Rusos en los fraccionamientos Balboa y Montecarlo, en Mexicali. En la casa -donde no encontraron droga- vivía la agente investigadora de la Fiscalía Estatal, Itzel Areli López Lara, adscrita al área de UTMC en la Delegación La Mesa, en Tijuana, y su esposo, uno de los presuntamente buscados. La mujer los denunció, Medina renunció, Valenzuela fue removido y la fiscal María Elena Andrade comentó que las rentas de 30 mil y 50 mil pesos que pagaba la agente en dos domicilios no estaban acorde con su sueldo. La carpeta de esa investigación continúa en proceso.
LUCHA POR EL PODER Y EL “FUEGO AMIGO”
Consultados agentes de las diferentes áreas respeto al robo de la cocaína, ninguno negó la existencia de delito; incluso dieron por cierta la participación de elementos de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana. Pero inmersos en una jornada de lucha de poder interno en la Secretaría de Seguridad del Estado de Baja California, las direcciones hicieron señalamientos unos contra otros y aseguraron que sus contrarios pretendían utilizar este tema para que el secretario hiciera cambios, otra vez, en los mandos recientemente nombrados.
Tras su arribo en enero del 2025, el general Laureano Carrillo ya ha renovado los mandos en por lo menos tres ocasiones: en abril, en agosto y a finales de septiembre, en cada ocasión por temas relacionados con corrupción.
Todas las veces ha estructurado su lista con nombres de los nuevos mandos propuestos y la ha enviado a México para que la Sedena y demás autoridades revisen los antecedentes de los aspirantes.
Pero las listas se han filtrado, la confirmación o rechazo de los nombramientos del centro del país ha tardado, y se ha prestado al golpeteo interno.
Antes la lucha por el poder era entre grupos al interior de la FESC, a partir del 2018, con la imposición de mandos castrenses, la lucha se recrudeció. Ahora, en la FESC los militares no confían en los civiles y viceversa.
Así que, en cada cambio de jefes, los policías viejos, deciden activar una vieja y conocida práctica, denunciarse unos a otros, a través de narcomantas, o de campañas negras vinculadas a páginas de internet administradas por el crimen organizado, incluso a través de sus contactos con la prensa formal, con señalamientos de corrupción, robos de droga y relaciones con los cárteles, para evitar que a quienes consideran contrarios, lleguen a las direcciones o permanezcan.
Efectivamente, esta lucha de poder se está viviendo actualmente al interior de la FESC, pero el tema del robo de los 180 kilos de cocaína es real e independiente, por lo que el general Carrillo está obligado a una investigación formal y profunda, porque no se trata de “congelar agentes o cambiarlos de puesto” si cometieron delitos, como lo confirmaron de manera extraoficial; los policías corruptos, deben ser detenidos, juzgados y sancionados.
La Secretaría de Seguridad Estatal tiene acceso a las cámaras de vigilancia, a los GPS, a los roles de trabajo, a los policías-testigos involucrados y demás elementos de prueba, que pueden hacer posible que la indagatoria interna sea presentada ante la Fiscalía General del Estado, incluso ante la Fiscalía de la República por el delito de crimen organizado; cuestión de esperar para saber hasta dónde puede llegar el general Carrillo para dar resultados.
