La periodista mexicalense Tiffany Abish presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado de Baja California por acoso y extorsión a través de redes sociales, luego de que un perfil falso, mediante distintas plataformas, la amenazara con difundir contenido íntimo.
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La víctima comentó que desde hace varios años ya había recibido mensajes de dicha índole; no obstante, no alzó la voz por motivos personales. Sin embargo, fue el pasado jueves por la noche cuando, a su cuenta personal, le llegó una notificación similar a las anteriores, por lo que decidió dar a conocer su situación ante los medios de comunicación y las autoridades.
Tiffany Abish emitió un posicionamiento en el que argumentó que intentar dañar su imagen personal también vulnera su reputación dentro de su labor periodística.
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“Desde mi etapa estudiantil he sido víctima de acoso digital; se crearon cuentas falsas que difundían mensajes ofensivos hacia mí, asegurando tener contenido íntimo y amenazándome con divulgarlo. Todo esto con el fin de hacerme sentir menos e intentar manchar mi reputación y desvalorizar mi esfuerzo, que he hecho para mantenerme firme en los medios de comunicación.”
A pesar de tener confianza en las autoridades, indicó que lamentablemente, en este tipo de casos en los que las mujeres son víctimas de acoso en redes sociales, si la situación no se hace mediática, suele haber caso omiso en las investigaciones. Hizo un llamado a las mujeres, dentro y fuera del gremio periodístico, a no quedarse calladas y a exponer este tipo de situaciones, empoderando a las víctimas y evitando que el silencio las invada.
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Como apoyo al caso de la periodista, estuvieron presentes integrantes de la colectiva Desertik’s, donde Fernanda Holguín fue enfática al mencionar que, a pesar de que actualmente existe una gobernadora mujer en Baja California, así como una alcaldesa y una fiscal, realmente no hay un entorno seguro para las mujeres, lo cual se debe a la falta de empatía por parte de las y los servidores públicos.
Cerró puntualizando que, en Baja California, cuando se presentan este tipo de casos, no hay seguimiento por parte de las autoridades, a menos que la víctima sea una funcionaria o un funcionario público.
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