La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo, el 28 de octubre de 2025, que esperaba que Víctor Manuel Álvarez Puga, esposo de la conductora de televisión Inés Gómez Mont Arena -acusado de lavado de dinero y delincuencia organizada en México, quien se encontraba detenido en un centro de procesamiento de migrantes en Miami, Florida, Estados Unidos-, fuera extraditado a México.
“Estamos esperando toda la información de la Fiscalía [General de la República], y espero que en unas horas podamos tener toda la información. La idea es que se envíe a México”, expresó la titular del Poder Ejecutivo Federal, durante su conferencia de prensa matutina, llevada a cabo desde el Salón Tesorería del Palacio Nacional.
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Según registros del Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras (ICE, por sus siglas en inglés), Álvarez Puga estaría en el Centro de Procesamiento Krome North, que no es una prisión para acusados por delitos, sino una instalación administrativa para personas en situación migratoria irregular.
El mismo día, el diario Reforma afirmó que Álvarez Puga solicitó asilo en Estados Unidos, argumentando que era un perseguido político. El esposo de Gómez Mont Arena presentó su petición formal, el 11 de julio de 2022.
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“En su solicitud, Álvarez Puga detalló la persecución que él y su familia enfrenta en México, por sus convicciones políticas conservadoras, y mencionó que tienen miedo de regresar a México, debido a sus opiniones políticas y pertenencia a un grupo político particular”, se lee en una resolución dictada el 15 de octubre de 2025, por la Corte Federal para el Distrito Sur de Florida.
No obstante, el citado rotativo indicó que el ICE nunca entrevistó a Álvarez Puga para dar seguimiento a su solicitud, que no había sido resuelta. El 24 de septiembre de 2025, agentes del Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras lo detuvieron e internaron en el Centro de Procesamiento Krome North, en Miami.
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El 2 de octubre de 2025, Álvarez Puga promovió ante la Corte Federal para el Distrito Sur de Florida, una demanda de ‘habeas corpus’, una figura similar al amparo en México, para pedir su liberación.
En ese expediente, se detalló que Álvarez Puga entró a Estados Unidos con visa de turista el 14 de enero de 2021, luego salió a las Bahamas por avión, el 9 de julio de 2021, y regresó a Estados Unidos al día siguiente, pero en un barco. Faltaban tres días para el vencimiento del plazo de seis meses de estancia que permitía la vista.
Cuando reingresó por barco, ningún oficial migratorio revisó la visa de Álvarez Puga, quien había permanecido desde entonces en Estados Unidos. Según lo detalló Reforma, el hecho de haber ingresado a EE. UU. sin haber pasado por un punto de inspección migratoria, fue el fundamento legal del ICE, cuatro años después, para ordenar su arresto.
El 15 de octubre de 2025, Cecilia María Altonaga, jueza de distrito de los Estados Unidos en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, resolvió parcialmente a favor de Álvarez Puga, en su demanda contra el ICE.
Altonaga determinó que el ciudadano mexicano tenía derecho a una audiencia ante un juez migratorio, para resolver si puede llevar su proceso en libertad bajo fianza, lo cual le había sido negado desde que fue detenido.
Otras peticiones de Álvarez Puga, sin embargo, no fueron atendidas, entre ellas, ordenar directamente al Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras su libertad y que no se le trasladara a otro Distrito fuera del sur de Florida.
“Los jueces migratorios, que no eran parte del Poder Judicial, sino del Departamento de Justicia, no publican sus audiencias y resoluciones, pero todo indica que la fianza fue negada a Álvarez Puga, pues hasta este lunes sigue apareciendo bajo custodia del ICE en Krome North”, enfatizó Reforma.
