Mujeres al borde de una investigación

En Baja California, en la elección del 2021, se eligió a la primera gobernadora del Estado en la historia política de esta entidad, Marina Avila. En aquella boleta electoral llegaron otras mujeres a cargos de elección popular, particularmente tres: Norma Bustamante en calidad de alcaldesa de la capital, Mexicali; Montserrat Caballero como la primera fémina electa presidenta municipal de Tijuana; y Araceli Brown, quien fue reelecta como alcaldesa del Ayuntamiento de Rosarito.

Y aunque hoy hay más mujeres en esas posiciones electas en el proceso de 2024 (Miriam Cano en San Quintín, Claudia Agatón en Ensenada y Rocío Adame en Rosarito), son las primeras cuatro las que han cobrado relevancia y han trascendido, más por la polémica que han generado que por los resultados favorables entregados a la ciudadanía.

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Dos de las cuatro, la gobernadora Marina Avila y la alcaldesa Norma Bustamante, no tienen visa para internarse a los Estados Unidos; a la primera en mayo, y a la segunda en agosto, el documento migratorio concedido por la Unión Americana, les fue revocado. En ambos casos, así se marcó el hecho de que, por primera vez en la historia del país, a una gobernadora en funciones el país vecino le retira la visa de turista, y lo mismo con la alcaldesa capitalina.

Baja California no había tenido, desde su fundación como Estado Libre y Soberano en 1952, a un titular del Ejecutivo Estatal y otro de la Capital de la entidad cuyas visas de turistas para entrar a territorio de los Estados Unidos les fueran revocadas.

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También resulta insólito que las otras dos damas morenistas electas en el proceso del 2021, Montserrat Caballero y Araceli Brown, estén siendo investigadas por autoridades de México, la primera; y de los Estados Unidos, la segunda.

El 18 de septiembre el Departamento del Tesoro del Gobierno de los Estados Unidos, dio a conocer, a través de su Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por sus siglas en inglés), que emitía sanciones de congelamiento de activos en su país, contra nueve personas y 15 empresas; entre los mencionados y evidenciados con su imagen y nombre, se encontraba -y aún aparece- la ex alcaldesa de Rosarito, Araceli Brown Figueredo, hoy diputada federal por Morena en la Cámara baja.

La morenista fue señalada en lo que el Departamento del Tesoro tituló como “El Imperio del Contrabando: La red de Playas de Rosarito”, donde incluyó a su vez a dos conocidos empresarios: el muchas veces señalado y denunciado protegido de alcaldías de Rosarito, e incluso una aprehensión a manos del Ejército en 2009, Candelario Arcega Aguirre; además, el empresario del entretenimiento, Jesús González Lomelí.

De González Lomelí, socio de varias de las empresas con activos congelados en la Unión Americana, se trata de un alto lavador de dinero, precisamente utilizando los negocios propios, y quien -sostienen los norteamericanos- tenía ligas con “un operador político”, Candelario Arcega, para, a través de la alcaldesa en aquella época, Araceli Brown, lograr la protección de las células criminales del Cártel de Sinaloa, en el ala de Los Mayos.

Aun cuando en un inicio el Gobierno de la República, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera, emitió un comunicado, observando que, al igual que Estados Unidos, congelarían los bienes de los mencionados, al poco recularon; al menos en el caso de la ex alcaldesa, porque ahora se sabe por amparos interpuestos por Candelario Arcega que a él sí le congelaron cuentas.

Por otro lado, el 17 de septiembre de 2025, llegó al Ayuntamiento de Tijuana una solicitud de información por parte de la FGR firmada por un agente del Ministerio Público Federal, para integración de una carpeta de investigación radicada en la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, la FEMDO, sobre crimen organizado.

Solicitaron información sobre cinco personas: Montserrat Caballero Ramírez, Daniel Caballero Ramírez, Juan Manuel Gastélum Rivera, Miguel Ángel Bujanda y Ángeles Dolores Durán Ricalde.

A saber de ZETA, por confirmaciones extraoficiales, el Ayuntamiento de Tijuana, a través de la Sindicatura Municipal, respondió la petición de la FGR y envió la información requerida en el plazo de 24 horas, tal como les fue solicitado.

Otros oficios se han girado para la integración de esa carpeta, incluso a la Embajada de los Estados Unidos en México, pues en el entramado de la indagación de la FGR, relacionan a los investigados y ex funcionarios del Ayuntamiento de Tijuana cuando Caballero era alcaldesa, con el narcotráfico, particularmente con una célula encabezada por Pablo Huerta Nuño, el Flaquito, quien fue detenido el 17 de junio de 2024 en Tijuana, y recientemente extraditado a los Estados Unidos.

Al igual como autoridades de los Estados Unidos ubicaron a la ex alcaldesa Araceli Brown de proveer protección para las células de Los Mayos, autoridades de la FGR en México señalan, en la indagatoria de la FEMDO, que la ex alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero y su equipo tenían ligas con una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación.

En ambos casos, en dos países, las investigaciones siguen su curso, según dan cuenta los documentos de la OFAC y los de la FGR, de los cuales en esta edición se publican copias.

Nunca antes en la historia política de Baja California cuatro gobernantes o ex gobernantes, y mucho menos cuatro mujeres, habían estado al borde de la investigación, y unas ya de hecho indagadas. Y se trata de cuatro políticas morenistas que llegaron al poder en la elección de 2021. Dos sin visa de turista para Estados Unidos, la gobernadora Marina Ávila y Norma Bustamante, la alcaldesa de Mexicali; y dos con indagaciones ministeriales, una en México, Montserrat Caballero, y otra en Estados Unidos, Araceli Brown.

Ahora sí que Morena, al menos en Baja California, sí está haciendo historia, y no de la buena.