Los afiliados al Sindicato Nacional de Renovación al Servicio de los Trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) iniciaron, alrededor de las 05:00 horas del 31 de octubre de 2025, un paro de labores, en protesta por carencia de insumos, incumplimiento salariales y despidos “masivos”, supuestamente ordenados por los juzgadores de elección popular.
Encabezados por su dirigente Juan Alberto Prado Gómez, su secretario general, los agremiados al citado Sindicato, empezaron a cerrar los principales edificios del Poder Judicial de la Federación en la Ciudad de México.
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Por ejemplo, los trabajadores sindicalizados cerraron el Palacio de Justicia de San Lázaro, el edificio jurisdiccional más grande del PJF en la capital de la República y que es sede de más de 60 juzgados y tribunales de distintas especialidades.
Los afiliados al citado Sindicato también cerraron el edificio de Revolución 1508, en la Colonia Guadalupe Inn, donde se encuentra la sede alterna de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), los Tribunales Colegiados en Materia Penal y el Órgano de Administración Judicial (OAJ).
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Además, los trabajadores sindicalizados cerraron el edificio conocido como Prisma, localizado en Insurgentes Sur 2065, sede de los Juzgados de Distrito en Materia Penal.
“Hoy 31 de octubre de 2025, como bien lo informamos previamente mediante oficios, mediante comunicados, suspendemos labores de brazos caídos. Compañero, ya para que no tengas pretexto, no tengas miedo, estamos cerrando todas las instalaciones, ya está cerrado el Órgano de Administración Judicial, ya está cerrado Prisma, estamos cerrando San Lázaro en estos momentos”, anunció Prado Gómez, en las escalinatas de este último inmueble.
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“Recuerden que esto no es por un capricho, es por la falta de insumos y, sobre todo, por las familias de aquellos trabajadores que ahorita se ven en la necesidad de estar buscando otro lugar donde trabajar por los despidos masivos que ha habido dentro del Poder Judicial y estamos en espera de qué el Órgano de Administración Judicial se comunique con nosotros, para que nos ponga fecha de cuándo va a ser el [el pago del incremento anual] retroactivo”, detalló el líder sindical.
“Pedimos una disculpa sinceramente a todos los gobernados que se van a ver afectados porque seguramente no correrán términos, sin embargo, recuerden que los casos urgentes seguirán las puertas abiertas para todos aquellos que deben presentar alguna promoción o algún amparo que necesiten por la cuestión de urgencia”, enfatizó Prado Gómez.
Desde el 29 de octubre de 2025, el líder sindical anunció que llevarían a cabo un paro de labores, que en principio solo tenía contemplado un día de duración, salvo que no hubiera ningún avance en el cumplido sus demandas. Lo que reclaman al OAJ es el incumplimiento con el incremento salarial anual y el pago del aumento retroactivo correspondiente al mismo, a cuya entrega se había comprometido.
Los trabajadores sindicalizados ambién protestan por la sustitución de las plazas de los puestos desocupados por los funcionarios electos por voto popular y exigen el cese al despido masivo a servidores públicos. Adicionalmente, demandan una solución a la “grave” carencia de insumos esenciales para el desempeño de las funciones jurisdiccionales, tales como impresoras, papelería, suministro de agua y servicio de comedores.
El PJF tiene alrededor de 50 mil servidores públicos, de los cuales alrededor de 34 mil están sindicalizados. Según informes judiciales, citados por el diario Reforma, de estos últimos, 32 mil 300 estarían afiliados del Sindicato de Trabajadores del PJF, que lidera Jesús González Pimentel, y menos de los mil 700 restantes estarían agremiados a la organización que dirige Prado Gómez.
