Poco antes de las 9:30 a.m. del 4 de octubre, una cámara de vigilancia ubicada en la calle California en Ojo de Agua, grabó la llegada a la zona de un Kia gris y tres pick up blancos, un Ford F-150, un Silverado y un Frontier; los autos eran tripulados por elementos de la Fuerza Estatal Ciudadana (FESC), quienes habrían estado involucrados en un robo de 180 kilos de cocaína, reportado por autoridades de México y Estados Unidos ese mismo sábado en Tijuana. Y publicado por ZETA en la edición del 10 de octubre.
La denuncia original mencionaba la participación de tres Kia y un pick up blancos.
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La información de los autos mencionados, que son propiedad de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja California y el contenido del video, son parte de la investigación administrativa, integrada por el Órgano Interno de la SSCBC, que el 16 de octubre fue entregada en la delegación Tijuana de la Fiscalía General de la República (FGR) para que lo incorporaran a la carpeta de investigación FED/BC/TIJ/0002996/2025.
La indagatoria federal fue iniciada a partir del 10 de octubre, después que en la reunión de la Mesa de Coordinación por la Paz y Seguridad hablaran del reporte conocido seis días antes, y acordaran que el secretario del Gobierno de Baja California, Alfredo Álvarez Cárdenas, por instrucciones de la gobernadora, Marina del Pilar Avila Olmeda, presentara una denuncia.
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En el texto, enviado a la FGR, Álvarez Cárdenas manifestó que hacía “del conocimiento que en medios periodísticos de la localidad se reportó que un grupo de agentes estatales, presuntamente vinculados a la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana de Baja California, habrían participado en el robo de un cargamento de sustancias ilícitas en Tijuana en colaboración con integrantes de una organización criminal local”.
Acto seguido, a través de un oficio, la Fiscalía federal preguntó al secretario de Seguridad del Estado, el General Laureano Carrillo, si tenía conocimiento del “evento”, y que si la respuesta era positiva remitiera “toda la documentación e información que se tenga en relación con el hecho denunciado”, “con carácter de urgente”.
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ZETA pudo conocer que, además del mencionado video, la SSC entregó a la FGR los horarios y roles de servicio de los agentes de la mañana del 4 de octubre, así como la información de los GPS de los vehículos y material diverso que hará posible ubicar la presencia de determinados agentes, con circunstancias de modo, tiempo y lugar, en las inmediaciones donde se ejecutó el operativo ilícito la mañana del sábado en Ojo de Agua.
Se sabe que los GPS de dos de los autos sí “pican” (se ubican) en la zona del “baje” de droga, pero los investigadores pudieron darse cuenta que en dos de los carros presentes apagaron los geoposicionadores, “usaron hot spots, jammer para bloquear las señales de los radios y celulares”; sin embargo, fueron videograbados cuando circulaban juntos en la hora indicada, lo que evidencia el dolo, porque planearon las actividades corruptas, y su actuación en grupo (crimen organizado).
De manera extraoficial refirieron la existencia de dos audios, en el que dos integrantes del crimen organizado hablan de la sustracción de la cocaína en Ojo de Agua: uno en el que uno de los cabecillas señala que el responsable del grupo de agentes ladrones era “Orozco”; y otro, en el que aseguran que los agentes “Dionisio y Karla” estaban negociando el “regreso” de la droga, ese mismo sábado en la zona del Maclovio Rojas.
Parte de esa esa información coincidió con una “denuncia anónima” recibida por SSC a través de un mensaje de “waths app” el 14 de octubre, en la cual aseguraron sin presentar elementos de prueba:
“A las personas que nos suspendieron no tenemos nada que ver… Lo que participan son un Kia, está asignado para el elemento Orozco; F-150 del comandante Murcia; y la Frontier blanca es de Muñoz y Gaynor. El día de ayer como a las 4;30 de la tarde, Gaynor y Muñoz estaban tirando las maletas en el contenedor del estacionamiento arriba donde tenían la droga; también todo esto lo sabía Rosiles ya que a él se le entregó una parte de la droga”.
Esta versión anónima que acusó sólo a elementos de la Dirección de Investigación y al coordinador estatal de la FESC, generó también que la tarde de ese martes 14, los investigadores de Asuntos Internos revisaran los contenedores de basura del C5 y encontraran “uniformes tácticos negros con una letra X” que al parecer habían sido tomados como “botín de guerra” en alguno de los operativos, pero al cierre de esta edición no les habían encontrado relación con la investigación; también hubo una versión en la que se indicaba que eran uniformes de la Guardia Nacional, pero este dato fue rechazado de manera oficial.
AGENTES INVESTIGADOS
Con base en los roles de trabajo y los autos grabados en video, la indagatoria de asuntos internos inició investigaciones alrededor de un grupo de policías, sin embargo, aún están dirimiendo responsabilidades. “No significa que su participación haya sido comprobada, sino que existen elementos suficientes los que nos obliga y a la FGR, a investigar su posible responsabilidad” pero (Se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad por la autoridad judicial. Art.13, CNPP) se trata de:
*Christian Noe Orozco Garay: Jefe de uno de los dos grupos operativos de Investigación que trabajaron el sábado 4 de octubre. Conforme a declaraciones hechas en julio del 2023 a ZETA por el entonces secretario de Seguridad de Baja California, General Leopoldo Tizoc Aguilar Durán, en un reportaje en el que se informó que entre el 1 de octubre del 2018 y julio del 2023, un promedio de 150 agentes estatales habían sido denunciados ante la FGR, el secretario informó que ese año sólo existía una denuncia. y la había presentado él en contra de tres agentes: Alberto Ramírez, Héctor Benítez y precisamente, Christian Noé Orozco Garay; el delito mencionado por el secretario fue “una colaboración con narcotráfico”.
Luego que “el 26 de junio en Tijuana, agentes de la FESC intervinieron y detuvieron a un hombre en posesión de un polvo blanco, al parecer cocaína, pero entonces llegaron sus mandos (Orozco) y les dijeron ‘Váyanse, nosotros nos encargamos’ y al final ni el sujeto ni la droga fueron puestos a disposición”, en aquel momento, existía evidencia de que en “2018 Orozco ya se había amparado contra procedimientos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana”.
Adicionalmente, su nombre ha salido a relucir como contacto y objeto de interés en la investigación de algunos policías convertidos en “objetivos prioritarios”: dos que ya han sido detenidos por delitos contra la salud, Christian Eduardo Lomelí Navarro y Francisco Castillo Mendoza; y dos que han sido investigados por el mismo delito, sin ser procesados, Gerardo Alberto Cota Portillo, Jorge Alberto Aceves Arceo.
*Jorge Osuna Marcelo: En el caso del Osuna, información proporcionada y publicada por ZETA en 2023, informó que, en marzo de ese mismo año, el agente “promovió otro amparo en la causa penal 565/2022, que se desechó. Estaba relacionado con autos de investigación ligados a la indagatoria FED/BC/TIJ/002785/2021, cuyo contenido es reservado”.
Que “en 2017 no aprobó una parte de los Exámenes de Confianza y le retiraron el arma de cargo, pero promovió un amparo y pudo continuar en la corporación”.
Y en 2016, Osuna fue uno de los agentes acusados por Juan Miguel Valle Beltrán, alias el Bóxer, un narcotraficante de la célula de Los Teos, escindidos del Cártel Arellano, detenido en 2011 en Rosarito, y en la averiguación previa No. 290/UEIDT/39/2016, dentro de la causa penal No. 703/2023, donde el criminal acusó a los agentes aprehensores de una torturarlos, con fecha del 28 de abril de 2023, el Juzgado Décimo Primero de Distrito libró orden de aprehensión.
Del resto de los agentes, que están en revisión, no se localizaron antecedentes públicos de actos irregulares:
*Brandon Peralta Bocardo.
*Eduardo Sánchez.
*Susana Andrea Zavala Álvarez (quien asiste los sábados a la escuela).
Otros agentes a los que continúan revisando, sin acusación formal, son Murcia, Muñoz, Gaynor y el coordinador estatal Omar Rosiles Hidalgo, porque fueron señalados por ser parte de los mismos grupos operativos, o son relacionados con Joel Héctor Manuel Valenzuela Bernal, el Princeso, agente que continúa de vacaciones, y a quien el Gobierno de los Estados Unidos le retiró la visa de turista ante señalamientos, en aquel país, de participar en actividades ilícitas con miembros de cárteles de las drogas.
En cuanto a Jorge Morua, director del área de investigación a la que están asignados los agentes que ya fueron señalados formalmente, es sujeto de investigación -no acusado-, entre otras cosas, porque tenía asignado el pick up Ford F-150 que estuvo el día y la hora en la zona en que se informó del robo de cocaína.
Tras haber sido suspendido y reinstalado -en ambos casos provisionalmente- el viernes 10 de octubre, junto con otros cinco elementos, por este tema, asesorado por un abogado, presentó un escrito indicando:
“…en lo que respecta al suscrito en esa fecha en mi carácter de Director del Área de Investigación, el día 4 de octubre me encontraba en las instalaciones del C5, en donde se realizan de lunes a sábado las reuniones del Centro de Coordinación Operativo Estatal”, la cual recordó que él dirigió, e informó se realizó de las 9:00 a las 11:00 a.m. (se extendió una hora más) porque ese día se realizaba la Visita Presidencial y en la mesa estuvo el General Carrillo; presentó una foto de la reunión como evidencia y solicitó que, de ser necesario, el secretario de Seguridad fuera llamado a comparecer para corroborar su versión.
“Creen que no tenemos pruebas por eso están tan retadores”, comentó uno de los agentes investigadores. Pero al momento de la presente publicación, los elementos mencionados Se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad por la autoridad judicial. Art.13, CNPP.
ANTECEDENTES
El 10 de octubre ZETA publicó que autoridades de ambos lados de la frontera habían corroborado haber recibido el reporte que “el sábado 4 de octubre del 2025, alrededor de las 10 de la mañana en Ojo de Agua, en Tijuana, elementos de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) robaron 180 kilos de cocaína, aunque las primeras versiones indicaban que el ‘baje de droga’ había sido alrededor de las seis de la tarde del viernes, en la misma zona”.
Las autoridades también revelaron que estos delitos de corrupción, crimen organizado y contra la salud, habían sido realizado por los uniformados en complicidad con el grupo criminal encabezado por Crescencio Beltrán Murillo, alias el Chencho, junto a César Quintero Beltrán, alias el Lico, y su operador James Bryan Corona, alias El Apache, del Cártel Arellano. Y que los organizadores desde las filas de la FESC habían sido Joel Héctor Manuel Valenzuela Bernal, apodado el Princeso, cuñado del exgobernador Francisco Vega, y el agente Mirko González (Se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad por la autoridad judicial. Art.13, CNPP), y a los agentes corruptos reclutados les ofrecieron el 10 por ciento de las ganancias.
Detallaron que, al parecer, los delincuentes dueños de la droga eran fleteros que no pagaban “piso”. Y que al final el enervante había sido regresado.
Al conocerse el reporte, los grupos internos de la SSCBC se acusaron uso a otros, y las sospechas iniciales, recayeron en el personal de las tres áreas operativas: Inteligencia, encabezada por Mayor de Infantería, Juan Ventura Quiroz; el director es el Capitán 1ero. de Artillería, Víctor Hugo López Granados; y el segundo al mando, teniente coronel retirado Carlos Mederos Sánchez. La Coordinación Estatal de la FESC, dirigida por Omar Rosiles Hidalgo, quien antes era el director de la fuerza. Y la Dirección de Investigación, titulada por Iván Murúa.
LA SUSPENSIÓN SUSPENDIDA
La tarde noche del mismo viernes 10 de octubre, después que el tema fuera tratado en la Mesa de Coordinación por la Paz y Seguridad en la que la gobernadora Marina Avila exigió resultados al secretario de Seguridad, sin resultados de la investigación (porque las indagatorias habían iniciado la mañana de ese mismo viernes, y ni siquiera habían tenido acceso completo a la información de roles y GPS de las unidades), la Dirección de Contraloría Interna de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja California inició las notificaciones de “suspensión preventiva” con seis agentes.
Las notificaciones concluyeron la mañana del sábado 11 de octubre, día en que elementos de Inteligencia, Investigación y Enlace Internacional habían sido citados por el General Laureano Carrillo, de manera urgente -incluidos los seis suspendidos-, en las instalaciones de la Academia de Policía del Estado en Tecate a las 11 de la mañana.
Se trató de “González Murguía Myrko Ángel, Morua Soriano Jorge Iván, Valenzuela Bernal Joel Héctor Manuel, Rendón Campos Dionicio, Guerrero Sánchez Karla Noemí y Arámbula Limón Jesús Manuel”.
Como parte de la Investigación Administrativa IAT/065/2025, el coordinador de Investigación de la Contraloría Interna, Carlos René Mendoza Mireles, y el director de la Contraloría Interna, Saúl Haro Medina, les informaron vía oficio que estaban en posesión de elementos que les “permiten presumir” que “incurrieron en conductas que pidieran actualizar en el incumplimiento” de sus obligaciones, establecidas en los artículos 116 y 137 de la Ley del sistema Estatal de Seguridad de Baja California.
En otra parte del documento reiteraron: “Por lo que se presume hasta este momento de la investigación administrativa” ellos habían participado en el robo de droga conformado por las autoridades en ambos lados de la frontera, y que se había reportado pública y periodísticamente.
También indicaron que la directora de Asuntos Legales, Alejandra Anguiano, había remitido el oficio SSC/DAL/1894/2025, en el que el coordinador del área de Inteligencia, Mayor de Infantería Juan Ventura, refirió que por investigaciones internas “tuvieron participación, ya se encontraban en el lugar de los hechos”.
Y agregaron que, “en el supuesto caso que esta Dirección de Contraloría Interna determine, ya sea por no acreditar el incumplimiento o algún requisito de permanencia, el incumplimiento a alguna obligación o que se determine la no responsabilidad penal o administrativa”, se les reintegrarán sus derechos.
En la reunión del sábado donde los elementos recibieron una fuerte llamada de atención del General Carrillo, exigencias de honestidad y reclamos por la filtración de información, algunos de los agentes señalados le presentaron elementos de prueba que al momento del presunto robo de droga estaban en otro lugar diferentes a Ojo de Agua, incluso en otro municipio diferente a Tijuana, razón por la que, de acuerdo a la versión de los agentes, el secretario da instrucciones verbales – sin que medie oficio- de suspender la suspensión, y permitirles continuar laborando tres días, para que cada área entregue una investigación de los hechos denunciados.
“La intención era lograra avances para que el general presentara a la gobernadora resultados antes de la conferencia semanal del miércoles 15 de octubre, para cuando la prensa la cuestionara”, pero los reporteros decidieron obviar el tema.
Oficialmente desde la secretaría informaron que, por Ley, la mencionada suspensión, se hace de tal manera que surte efectos después de una semana, ya que la investigación administrativa avanza.
EL PRINCESO Y MYRKO RESPONDEN
Respecto a las suspensiones del 10 de octubre, al igual que Morua, presuntamente asesorados del abogado Manuel Acosta, Myrko González y Joel Héctor Valenzuela Bernal, remitieron a la Contraloría Interna de la Secretaría de Seguridad, un oficio en el que rechazan su participación en el robo de droga.
Myrko refiere que, en el día y horario señalados, él estaba en las instalaciones del C5 en Tijuana en la reunión en la que estuvo presente el General Carrillo, del Centro de Coordinación Operativo Estatal, realizada de las nueve a las 11 de la mañana, la misma que mencionó Morua.
También argumentó que, en su comisión como comandante del Centros de Coordinación Operativo Estatal, no tiene actividad fuera del C5.
Y en el caso de Valenzuela, a quien ni siquiera notificaron personalmente, su respuesta escrita a la Contraloría fue que, desde el 4 de septiembre del 2025, está disfrutando de los periodos vacacionales que suman 27 días (que concluyen el próximo 4 de noviembre), por lo que no estaba de servicio y no participó en los hechos que se investigan.
Valenzuela, el Princeso, era el director de Investigación, y fue removido junto con el teniente coronel Jorge Enrique Medina de Jesús, entonces coordinador general operativo de la Fuerza Estatal. La salida se anunció el 4 de septiembre; ambos retiros fueron relacionados con dos operativos irregulares:
*Uno realizado el 27 de julio, la irrupción ilegal en domicilios en los fraccionamientos Balboa y Montecarlo, en Mexicali “buscando a cabecillas de la célula criminal de Los Rusos”.
*El 26 de agosto, el ataque a golpes y amenazas contra el periodista Jorge Heras en Mexicali, quien señaló a Medina como sospechoso.
LA DENUNCIA OFICIAL Y LOS CATEOS NECESARIOS
Como se informó previamente, el viernes 10 de octubre, el secretario del Gobierno de Baja California, Alfredo Álvarez Cárdenas, presentó una denuncia y la delegación de la Fiscalía General de la República, encabezada por el fiscal Victorino Porcayo Domínguez, inició la carpeta investigación FED/BC/TIJ/0002996/2025.
La FGR, que apenas inicia la investigación, aún no define el delito, porque aún no tienen “la materia”, que en este caso sería los indicios de los 180 kilos de cocaína, presuntamente sustraídos por los agentes. Sin embargo, tiene las direcciones de una casa y un terreno, de los cuales pudo ser extraído el enervantes, y corresponderá al Ministerio Público Federal ordenar las diligencias necesarias para conseguir los elementos de prueba que le permitan solicitar los cateos, aseguramientos y las pruebas químicas necesarias para determinar la existencia legal de la droga.
Lo que les permitiría procesar a los responsables por “delitos contra la salud en su modalidad de posesión con fines de comercio, con la agravante de ser perpetrados por servidor público y contra la administración de justicia, por alterar un lugar donde se cometió un delito”, como lo hicieron los siete elementos de seguridad identificados como participantes del robo de droga realizado el 17 de noviembre de 2023 en la casa marcada con el número 52 de Privada Altitud 58, Fraccionamiento El Lago, en Tijuana, el cual fue videograbado, y resultó en una serie de ataques armados y policías asesinados.
LAS MANTAS: ACUSACIONES MUTUAS
Durante diez días, entre el sábado 4 de octubre y el martes 14 del mismo mes, los agentes y titulares de las áreas de Inteligencia e Investigación se estuvieron acusando mutuamente del robo de droga reportado.
De acuerdo a versiones de diferentes jefes al interior de la Secretaría de Seguridad bajacaliforniana, fueron los mismos agentes quienes el martes 14 y el miércoles 15 del presente mes, decidieron hacer públicos esos señalamientos a través de mantas colgadas en diferentes puntos del estado, como si fueran mensajes de los cárteles del crimen organizado, y firmados por “La Maña”, porque no pueden implicar directamente a un cartel sin “permiso” porque se meterían en problemas.
La noche del martes, después que la tropa de la FESC se enteró que “el General ya traía algunos nombres”, alrededor de las 7:30 p.m., frente al London College, ubicado en la Vía Rápida Oriente 16838, Tercera Etapa Río, 22226 Tijuana, cerca de las instalaciones del C5, colgaron una narcomanta, impresa formalmente.
Los de Inteligencia y vieja guardia señalando a los de Investigación: “Ahi nomas para que sepan sabandijas va para ti Ivan Mura tus putos elementos sabandijas rateros Jorge Gaynor, Hugo Muñoz, Chistian Orozco, Susana Zavala, Aljandro Peralta, Osuna Marcelo a ver que tanto les duran los 180 kilos, no vamos a fusilar ningún inocente, como la nota que sacaron el zeta putas lacras aquí sabemos que fueron ustedes ya les tenemos ubicado el kia gris silverado blanco, bola …sabandijas, hay nomas pa que sepan vergas , muy de huevos Horozco…URA, vamos a ver si se topan recio bola de jotos culones los vamos a… La Maña” [sic].
Luego, durante la madrugada del 15 de octubre en el puente peatonal ubicado entre calle novena y boulevard Lázaro Cárdenas en Mexicali, el mensaje de la manta fue: “Señor secretario dígale a ese puto director corriente omar Rosiles que conteste las llamadas o que regrese el jale de Tj se les está haciendo llegar su santito y sus comandantes (ilegible) se acorrientaron. Atte 1×1 van a mamar Feliz Navidad” [sic].
Pasadas las 00:20 horas del mismo miércoles, “dos masculinos con vestimenta negra y tenis blancos a bordo de una SUV” llegaron a la calle Cajeme, Colonia Cortez, Distrito La Mesa, en la puerta de la secundaria No. 44 Ignacio Ramírez, y extendieron en el cerco de la entrada principal una manta que traía dos mensajes distintos, uno en la parte frontal y otro en la posterior.
En la parte que dejaron expuesta de frente se leía: “Hay pa que sepan rata Fabricio Valenzuela robaron 180 kilogramos 04 los vamos a matar Dionicio, Mederos, Ventura” [sic].
Y en la parte de atrás, el mensaje fue: “No inocentes como dice la zeta unidad kia y pick up blanco estan ubikados Jennifer Nicole Att La Mañana” [sic].
La localización de esta manta fue reportada más tarde, hasta las 5:30 a.m.
El mismo miércoles, un mensaje respecto al robo de droga, circuló en redes sociales y se hizo llegar a los investigadores de la secretaría el texto, acompañado con dos fotos, una de César Quintero Beltrán, alias el Lico, operador del Cártel Arellano, y otro hombre al que identifican con el alias de el Pepito, delincuente al servicio de los hermanos Alfonso y René Arzate, del Cártel de Sinaloa, en el que aseguran que la droga era del Cártel Jalisco y la robó Sinaloa, y Quintero la recuperó; mientras acusan al capitán Mederos, del área de Inteligencia, de haber recuperado el enervante.
OTROS DELITOS Y OTRAS DENUNCIAS
De manera extraoficial desde la secretaría informaron a ZETA que el actuar de algunos de los elementos actualmente investigados ya estaban siendo revisado desde finales de agosto inicios de septiembre, por un reporte previo de otro robo de 130 kilos de cocaína que llegó a Tijuana vía Ensenada.
Más recientemente, a finales de septiembre un grupo de agentes de FESC también fue señalado por el robo de drones y combustibles en otro operativo.
“Y no se trata de robo de la droga o defender al criminal, sino del acto de corrupción, del cochinero al interior” de la existencia de comandos negros dedicados sistemáticamente a usar las armas, autos y uniformes para obtener beneficios económicos, aliados con criminales, argumentaron. Y agregaron que esas indagatorias continúan y se suman a la que iniciaron esta semana tras recibir a través de redes sociales, la denuncia de la existencia de unidades clonadas: tres pick up blancas, a las que les pegan logos y números de patrulla con letreros imantados que se quitan y ponen, en las que circulan 10 hombres y dos mujeres, armados con uniformes negros tácticos que se presentan como elementos de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana y andan extorsionando en Tijuana.
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