La familia Tejeda aseguró que hubo “justicia” en la cancelación del proceso de expropiación de tres terrenos de su propiedad en Playas de Rosarito, que había iniciado en 2023 la entonces alcaldesa Araceli Brown Figueredo, para construir una plaza pública con quiosco y skatepark denominada “Ventana al Mar”.
El 12 de septiembre pasado, el Gobierno del Estado publicó un decreto con el que deja sin efectos la Declaratoria de Utilidad Pública sobre los predios con clave catastral RT-037-001, RT-037-002 y RT-037-003, en la sección Playa Sur, del Centro de Rosarito. Ello, luego de que el Cabildo del X Ayuntamiento aprobó el 8 de mayo de 2025 la no factibilidad financiera para cubrir la indemnización.
Fue una “salida administrativa” porque no era sostenible jurídica y constitucionalmente el error de la administración de Araceli Brown, señalaron Ramón Martín del Campo Tejeda, Alfredo Yagües Tejeda y su representante legal, Sergio Bravo Gilbert, quienes observaron que la medida consideró que “son al final gobernantes del mismo partido.
En su opinión, la suspensión para que la familia no fuera despojada en el juicio de amparo 865/2023 (otorgada por el entonces juez Segundo de Distrito, Brandon González) fue definitoria para que las autoridades reconvinieran, aunado a que la alcaldesa actual, María del Rocío Adame Muñoz, tiene una posición distinta a la de Araceli Brown.
El Poder Judicial determinó que ese juicio se fuera a otro juzgado, “pero como ya se publicó este decreto donde se dio reversa a la expropiación, entonces este juicio se va a sobreseer y va a concluir”, explicó Sergio Bravo.
De haber continuado el litigio se hubiera ganado, pues el expediente técnico tenía “muchas irregularidades”. Una de ellas es que el gobierno de Araceli Brown no tomó en cuenta al Cabildo para solicitar la expropiación, menos tuvo las dos terceras partes del cuerpo edilicio requeridas para ser aprobada. Además de que tampoco hubo una partida como tal para la indemnización, refirió.
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En entrevista con EZENARIO, Yagües Tejeda reveló que en un inicio la pretensión manifestada por la administración de Araceli Brown era que la familia donara gratuitamente una tercera parte de la propiedad, es decir, cerca de mil metros en el centro de los predios. “Después se habla de que nosotros queríamos cantidades muy onerosas, la realidad es que nosotros no queríamos vender”.
Posteriormente, el gobierno de Araceli Brown planteó la expropiación con una propuesta de indemnización con valores “muy bajos” que correspondían a valores de inmuebles cerriles, que están muy adentro de Rosarito y despoblados, pese a que la propiedad de la familia Tejeda está en el Centro de Rosarito a la orilla del mar.