La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió, el 1 de octubre de 2025, que se revisara la suspensión provisional que una jueza federal otorgó, para evitar ser encarcelado por delincuencia organizada, al prófugo contralmirante Fernando Farías Laguna -sobrino político de José Rafael Ojeda Durán, ex titular de la SEMAR, durante el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador-, quien, supuestamente, junto a su hermano, el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna -ya detenido-, lideraban una red dedicada al tráfico ilegal de combustibles o “huachicol fiscal”, en al menos 31 buques, en las aduanas de Altamira y Tampico, en Tamaulipas.
“Bueno, pues tiene que revisarse la decisión de una jueza, creo, ¿no? Tiene que revisarse”, respondió la titular del Poder Ejecutivo Federal, durante su conferencia de prensa matutina -llevada a cabo desde el Salón Tesorería del Palacio Nacional-, en la cual también informó que, tras el aseguramiento de un barco en Tampico, en marzo de 2025, su Gobierno reforzó la seguridad portuaria.
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“Se ha reforzado mucho la vigilancia. Uno de los cambios fue eliminar la figura de importación temporal de combustibles, porque no tiene sentido. Si importas combustible es para usarlo aquí, no para regresarlo después a Estados Unidos. Ahora tienen que ser importaciones definitivas”, afirmó la mandataria nacional.
La presidenta de la República adelantó que la Secretaría de Energía (SENER) trabajaba en un sistema de trazabilidad de combustibles, mismo que quedaría listo a finales de octubre de 2025, con el cual se podría rastrear cada litro importado, hasta la gasolinera donde se vendiera.
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Según recordó Sheinbaum Pardo, antes de la reforma energética de 2013, sólo la empresa paraestatal Petróleos Mexicanos (PEMEX) podía importar combustibles, pero con la apertura a privados, se perdió la trazabilidad.
“Ese privado que importa combustible va a tener nuevas regulaciones para que sepamos exactamente dónde termina cada litro. Todos serán responsables: el importador, el distribuidor y la gasolinera que lo venda”, dijo la mandataria nacional.
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Según sostuvo la titular del Poder Ejecutivo Federal, los nuevos controles, se derivaban de la reforma constitucional que eliminó a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y a la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), y que creó la Comisión Nacional de Energía (CNE).
“Gracias a eso podemos establecer reglas para saber cuánto combustible entra y dónde termina, cruzándolo con el pago del [Impuesto a Producción y Servicios] IEPS. Por supuesto que se está tomando control”, aseveró la presidenta, quien también explicó que medidas similares se aplicaron a otros productos, como calzado y molinos de acero, para evitar triangulaciones de mercancías.
Un día antes, jueza Emma Cristina Carlos Ávalos ordenó que, aunque al prófugo contralmirante Fernando Farías Laguna compareciera y fuera vinculado a proceso, no se ejecutara la prisión preventiva oficiosa en su contra, no obstante que se le atribuía un delito con prisión obligatoria, por el caso de “huachicol fiscal”.
El sobrino político del ex titular de la SEMAR se encontraba prófugo de la justicia por delincuencia organizada, con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos, un ilícito que tiene prevista la prisión preventiva de oficio, es decir, sin posibilidad de llevar el proceso en libertad.
Sin embargo, Emma Cristina Carlos Ávalos, titular del Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México, emitió un acuerdo para aclarar que la suspensión provisional que concedió al contralmirante prohibía que le ejecutaran la prisión preventiva oficiosa, en caso de ser procesado.
“No podrá ser privado de su libertad, aunque comparezca ante el Juez de control a la audiencia inicial (bajo los efectos de la suspensión) y eventualmente se le imponga la medida cautelar de prisión preventiva (justificada u oficiosa), a petición del Ministerio Público, toda vez que dicha medida no será ejecutable durante la suspensión concedida, ya que el solicitante estará bajo la jurisdicción del Juez de Distrito en lo que respecta a su libertad personal, siempre que la suspensión siga vigente”, dice el acuerdo aclaratorio emitido por Carlos Ávalos.
La jueza federal fundamentó su postura con base en dos jurisprudencias del Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México. Una de ellas estableció que la suspensión provisional de amparo impedía la captura de una persona con orden de aprehensión por delitos con prisión preventiva de oficio y prohibía ejecutar la misma medida cautelar, en caso de que la dictara el Juez de control.
La otra jurisprudencia autorizaba aplicar el criterio anterior por encima de la reforma de supremacía constitucional, que prohibía a los jueces hacer interpretaciones de la Carta Magna y los obligaba a aplicar la ley en forma literal, lo que en teoría impediría dar este tipo de suspensiones.
El Pleno Regional señaló que la citada reforma, en vigor desde el 1 de enero de 2025, se hizo exclusivamente sobre el artículo 19 constitucional, que preveía cuáles eran los ilícitos con prisión de oficio, y no sobre los apartados que regulaban los amparos y suspensiones.
Por requerimiento de Carlos Ávalos, jueza elegida popularmente el 1 de junio de 2025, su homólogo Mario Elizondo Martínez, del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, citó al contralmirante a una audiencia inicial, a las 09:00 horas del miércoles 1 de octubre del mismo año.
En caso de que el mando de la Armada no asistiera a la diligencia programada, la suspensión provisional quedaría sin efecto y la Fiscalía General de la República (FGR) tendría la oportunidad de capturarlo, sin impedimento legal alguno.
No obstante, el 1 de octubre de 2025, a solicitud del imputado, una juez federal difirió para las 09:00 horas del día 20 del mismo mes y año la audiencia inicial en la que el contralmirante Fernando Farías Laguna iba a ser imputado por el caso de “huachicol fiscal” en las aduanas.
Nancy Selene Hidalgo Pérez, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, Estado de México, difirió la diligencia, debido a que Farías Laguna alegó que la FGR no le entregó la totalidad de los registros de la carpeta de investigación, FED/FEMDO/FEIORPIFAM-CDMX/0000568/2024, integrada por 18 mil 838 páginas.
“En ese sentido, para el único efecto de dar oportunidad a que se haga la entrega total de la carpeta de investigación al abogado del imputado y tenga la posibilidad de imponerse de las mismas en aras de una adecuada defensa, se ordena la reprogramación de la citada audiencia”, señaló la juez de control, en un acuerdo.
“Se solicita al Coordinador del Batallón de Seguridad en Carreteras e Instalaciones “Estado de México” de la Guardia Nacional, para que realice las gestiones correspondientes y designe a agentes suficientes para la vigilancia y seguridad durante las audiencias en cita”, agregó Hidalgo Pérez.
A las 21:58 horas del 30 de septiembre de 2025, el contralmirante presentó un escrito ante la juez de control, también elegida popularmente en los comicios judiciales del 1 de junio del mismo año, para pedir la reprogramación de su comparecencia.
Según el documento, citado por el diario Reforma, el motivo de su solicitud era que la FGR no le entregó a sus abogados las copias completas de la carpeta de investigación, una omisión que, según alegó, impediría ejercer adecuadamente su derecho de defensa.
“Ante el incumplimiento por parte de la FGR de corrernos traslado de las copias completas de la carpeta de investigación, dentro del plazo establecido… vengo a solicitar ordene la reprogramación de la audiencia inicial señalada para las 9:00 horas del 1 de octubre del año en curso”, decía la solicitud firmada por el abogado Saúl Reyes.
“Lo anterior, toda vez que la fiscalía federal el día de hoy 30 de septiembre de 2025, a las 15:09 horas… hizo entrega a esta defensa del traslado de la carpeta de investigación FED/FEMDO/FEIORPIFAMFCDMX/0000568/2024, sin cotejar, la cual tiene un volumen total aproximado de 18 mil 838 páginas, sin tomar en cuenta técnicas de investigación, anexos, imágenes, audios y videos; de la cual esta defensa advierte desde ahorita tiene faltantes”, agregó el litigante.
En el escrito, la defensa del contralmirante señaló que entre las constancias faltantes, estaba un archivo electrónico identificado como “110 A 160 2025”, el cual estaba vacío; así como un video anónimo que la FGR comentó que obtuvo de la plataforma YouTube y en el que se hacían acusaciones de corrupción contra los marinos imputados.
Los abogados también enfatizaron que no les entregaron el archivo de una técnica de investigación con número 2858/2024, el cual estaba en un CD sin registro de cadena de custodia y que aparentemente contenía información que fue objeto de estudio, en un análisis de red técnica de telefonía. El otro faltante serían 138 anexos del tomo 13 del expediente, los cuales fueron entregados por la SEMAR a la FGR.
En su petición, la defensa de Farías Laguna subrayó que el diferimiento de la audiencia facilitaría la preparación de pautas, argumentos, ofrecimiento de datos de prueba y acciones que garantizaran un proceso donde se observaran los principios de contradicción e igualdad entre las partes.
El 30 de septiembre de 2025, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, titular de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), adelantó que la investigación por “huachicol fiscal” no había concluido y que bastantes personas serían procesas de manera inmediata.
“Sobre el huachicol, cero corrupción y cero impunidad […] No se trata de un slogan sino de una realidad”, advirtió la funcionaria federal, durante la ronda de respuestas a cuestionamientos de legisladores durante su comparecencia en el Senado.
“La investigación no se ha acabado y hay bastantes personas que van a ser detenidas de manera inmediata. No se va a permitir la impunidad. Ya se iniciaron las investigaciones y tiene que haber consecuencias: no nos vamos a quedar de brazos cruzados”, insistió Rodríguez Velázquez.
El 29 de septiembre de 2025, la presidenta Sheinbaum Pardo afirmó que la gobernadora de Veracruz y militante de Morena, Norma Rocío Nahle García”, podría contribuir con alguna información a la investigación en contra del huachicol fiscal”, al haber sido titular de la Secretaria de Energía, durante el Gobierno de López Obrador.
“Rocío lo que hizo desde la Secretaría de Energía fue disminuir de manera muy importante los permisos de importación y tener control sobre esas importaciones. Entonces, eso de manera muy importante, y además, en el caso de PEMEX, pues tener mucho mayor control sobre la importación de combustibles”, refirió la mandataria nacional.
“Nosotros iniciamos la investigación a partir de lo que ocurre en marzo. ¿Qué ocurrió previamente? Pues en todo caso es parte de la investigación, pero nosotros actuamos por lo que estaba ocurriendo en marzo de este año. Entonces, Rocío hizo un trabajo muy importante en Secretaría de Energía y, si la autoridad piensa que puede contribuir con alguna información, en su periodo como Secretaría de energía, pues estoy segura de que estaría en condiciones de informarla”, comentó Sheinbaum Pardo.
Durante su conferencia de prensa matutina -llevada a cabo desde el Salón Tesorería del Palacio Nacional-, la titular del Poder Ejecutivo Federal aseguró que la gobernadora veracruzano no era investigada y señaló que en el Gobierno de Enrique Peña Nieto fue el periodo donde los permisos de importación de incombustible se abrieron de manera indiscriminada.
“Ella no es investigada, ella hizo algo muy importante. Siendo Secretaria de Energía, ella disminuyó de manera muy importante los permisos de importación. Durante muchos años, hasta la reforma del 2013, la reforma energética del 2013, el único que podía importar combustibles era PEMEX, el único, no había ningún otro privado que pudiera importar combustibles”, indicó la mandataria nacional.
“A partir de la reforma del 2013, se abre la posibilidad de que privados importen combustible. Durante el periodo de Peña Nieto, se abrieron los permisos de importación de manera indiscriminada muchísimos, no tengo ahora el dato”, finalizó la titular del Poder Ejecutivo Federal.
El 25 de septiembre de 2025, el general Eduardo León Trauwitz -ex jefe de escoltas de Enrique Peña Nieto durante su gubernatura en el Estado de México y, que ya con el político mexiquense en el Gobierno Federal, fungió como subdirector de Salvaguardia Estratégica de Petróleos Mexicanos (PEMEX)-, afirmó, que en 2018 advirtió personalmente a Nahle García, entonces designada titular de la Secretaría de Energía, sobre los riesgos del “huachicol fiscal” y las fallas en el control portuario.
En entrevista con el diario Reforma, el ex funcionario federal indicó que sostuvo un encuentro con Nahle García y que, durante al menos 30 minutos, le explicó los alcances de la problemática y el trabajo realizado en la petrolera estatal, para combatir el contrabando ilegal de combustibles.
Cuestionado sobre el material que presentó, León Trauwitz detalló que se trató de un diagnóstico elaborado desde la gestión de José Antonio González Anaya, como director general de PEMEX, durante el Gobierno de Peña Nieto.
El 27 de septiembre de 2025, los gabinetes de seguridad de México y Estados Unidos anunciaron la creación de un grupo de trabajo para prevenir el “huachicol”, además de la implementación de una serie de medidas entre las que se encontraba facilitar el intercambio de información entre autoridades aduanales, según informó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
El anuncio se hizo en el marco de la reunión inaugural del Grupo de Implementación de Seguridad México-Estados Unidos, como parte del Programa de Cooperación de Seguridad Fronteriza y Aplicación de la Ley, acordado durante la reciente visita de Marco Antonio Rubio García, titular del Departamento de Estado de EE. UU. (DOS, por sus siglas en inglés).
“Se anunció la creación de un grupo de trabajo bilateral para combatir las finanzas ilícitas transfronterizas, así como cooperar en materia decomiso civil de activos y mejorar la coordinación para prevenir el robo de combustible, acciones fundamentales para desarticular a las organizaciones criminales transnacionales al cortar sus fuentes de financiamiento”, indicó la SRE.
En esta primera reunión, según apuntó la Cancillería, se avanzó la cooperación para compartir información entre autoridades aduanales sobre manifiestos de carga, además de perfilar las acciones para intensificar el entrenamiento de elementos de ambos países en materia de seguridad.
“Quien pidió los ascensos para que los sobrinos del Exsecretario de Marina, Rafael Ojeda, tuvieran poder dentro de la Institución, fue @lopezobrador_, a través de los entonces Secretarios de Gobernación, [Adán Augusto López Hernández] @adan_augusto y [María Luisa Alcalde Luján] @LuisaAlcalde”, según denunció, en su cuenta de la red social X, el 23 de septiembre de 2025, Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
