En BC la mayoría de jueces y magistrados fueron ratificados en la elección judicial; los pocos que ingresaron sin carrera judicial, son exhibidos por sus criterios, errores y ridículos
Mientras que en el orden nacional la reforma electoral al sistema de justicia tenía objetivos más políticos que de profesionalización del sistema, en Baja California (y en prácticamente todos los Estados del país) fue aprovechada para impulsar a amigos, conocidos y afines al actual régimen. En el caso de nuestra entidad, se concertó para que alrededor del 85 por ciento de las plazas jurisdiccionales recayeran en jueces, magistrados o secretarios de acuerdo que aspiraban a ascender. Es decir, el 15 por ciento representaban un posible riesgo para la impartición de justicia.
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El magistrado Alejandro Isaac Fragozo López fue uno de los principales beneficiados, dado que tiene la posibilidad de perpetuarse en el poder por ocho años más. Este tipo de beneficios son los que se negociaron para que no hubiera mayores contratiempos dentro del máximo tribunal del Estado, los cuales apoyaron la reforma a sabiendas que representaba un beneficio para extender sus gestiones.
Fue tanto su voracidad que poco les importó que los pocos nuevos integrantes del Poder Judicial -alrededor de 30- tuvieran poca o nula experiencia llevando a cabo audiencias, principalmente las de carácter penal, en las cuales se pone en juego la libertad de las personas, y específicamente en Mexicali, donde son cinco nuevos togados los que imparten justicia penal.
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Desde la primera semana pudieron verse casos con determinaciones verdaderamente ridículas, como jueces que no aceptaban suspensiones provisionales del proceso por delitos de narcomenudeo, bajo el argumento de que requerían la aceptación de la contraparte -cuando en el delito de narcomenudeo no existen víctimas-; o casos como una jueza que mantuvo una orden de aprehensión en contra de una mujer que mediante su abogado solicitó iniciar el proceso judicial de manera presencial. Es decir, ella misma acudió a la audiencia para enfrentar las acusaciones del delito de lesiones calificadas, y aunque la jueza estuvo de acuerdo, le mantuvo el mandamiento judicial, por lo que si cometía alguna falta de tránsito podía ser aprehendida.
También casos como jueces que han sido incapaces de comprender un proceso judicial, y que tanto defensores como ministerios públicos han intentado explicarles el procedimiento para que los mismos togados puedan llevar las audiencias.
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Esto sin mencionar casos como el de una jueza que intentó abrir una audiencia de solicitud de orden de aprehensión con la presencia de la defensa del acusado en ese lugar, lo cual rompe por completo el protocolo y la secrecía de la investigación.
Porcentualmente, el 15 por ciento de los jueces no parecería representar un problema, pero cuando ponderas que cada juicio es dirigido por alguien que puede confundir los procedimientos o afectar procesos judiciales sencillos, representa una irresponsabilidad severa el mantenerlos en el cargo sin alguna acción.
Los voraces magistrados del Poder Judicial local, en su afán de perpetuarse, olvidaron que el trabajo de los juzgadores de primera instancia es mucho más territorial, más activo y cercano a la ciudadanía, y minimizaron las consecuencias de tener al 15 por ciento de nuevos elementos; ese 15 por ciento que acudiera o no a sus capacitaciones de dos meses, resultó insuficiente para brindar un servicio medianamente pulcro para los justiciables.
La frase “echando a perder se aprende” o “nadie nace sabiendo” no son respuestas suficientes cuando se habla de la vida, la libertad o la propiedad de las personas, por lo que la seriedad que debe tener el propio Poder Judicial hacia sus funcionarios, requiere ser mucho más estricta que lo que hemos visto en estos momentos.
Quien diga que el Poder Judicial no debe politizarse, podemos considerar que llegó un poco tarde, porque vaya que se toman decisiones políticas en las oficinas de Centro Cívico.
