Diputados 4T aprueban aumentar precio de los museos, trámites migratorios, entre otras cuotas

El Pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión aprobó, la tarde del 15 de octubre de 2025, modificaciones a diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos, con las que se incrementarían, a partir de 2026, el cobro de cuotas y tarifas de algunos servicios públicos.

El dictamen -que se envió al Senado de la República para su discusión-, fue aprobado en lo general y particular, con 352 votos a favor y 133 en contra, argumentando que las reformas a la Ley Federal de Derechos tendría como fin garantizar que la explotación de los bienes del dominio público de la nación se llevara a cabo de manera óptima. Con estas medidas se pretendería recaudar unos 157 mil 082 millones de pesos.

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Los sufragios a favor fueron emitidos por los senadores de la autodenominada “cuarta transformación”, integrada por los grupos parlamentarios de los partidos Verde Ecologista Mexicano (PVEM) y del Trabajo (PT).

Mientras que los votos en contra, fueron emitidos por los senadores de los grupos parlamentarios de oposición, integrada por los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (MC).

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Entre los servicios que tendrían un mayor costó en el 2026 estarían los permisos para residentes temporales y permanentes, cuyas cuotas se ajustaron en más del 100 por ciento. Además de un incremento de 14.2 por ciento para los visitantes sin permiso de trabajo; estableciéndose un descuento del 50 por ciento para casos humanitarios como la migración por motivos de reunificación familiar, ofertas de empleo o invitaciones de carácter cultural.

De igual forma, se aumentaron los costos de acceso a ciertos museos, sitios y zonas arqueológicas a cargo del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). Tal es el caso del Museo Nacional de Antropología, Teotihuacán o Chichén Itzá, que pasaron de tener un costo de entrada de 95.58, a 209.9 pesos en 2026.

No obstante, se agregó un apartado para indicar que las personas nacionales y las extranjeras residentes en el país, que acreditaran su nacionalidad y residencia, tendrían un descuento de hasta 50 por ciento en el costo de las entradas a dichos museos y zonas arqueológicas, por lo que pagarían 104.50 pesos.

Asimismo, se estableció un nuevo cobro de 297.89 pesos por autorizaciones para abordar embarcaciones en navegación de altura, como son los cruceros, así como 294 pesos por la emisión del por el formato SAM (Salida de Menores al Extranjero), que anteriormente era gratuito.

También se elevó en un 4.5 por ciento el cobro por servicios migratorios extraordinarios a vuelos no regulares y el derecho para aeronaves privadas sin fines de lucro, pero quedaron exentas de cobro aquellas destinadas para la protección civil y ambulancias aéreas. Por otro lado, se incrementó en más del 25 por ciento el costo de los certificados fitosanitarios internacionales para la exportación de vegetales y sus productos y subproductos, así como por la exportación de animales vivos, productos y subproductos (certificados para la explotación de animales vivos).

Así como un aumento de más de 27 por ciento en el costo de los permisos para construcción, explotación y ampliación de aeródromos, helipuertos e hidroaeródromos. Aunado a que también se actualizaron los costos de servicios de verificación establecidos en la Ley de Aviación Civil y en la Ley de Aeropuertos y servicios relacionados con la expedición de cada certificado de capacidad, licencia al personal técnico aeronáutico o permiso.

Por otra parte, se incrementó en 16 por ciento el cobro a los servicios de inspección y vigilancia que realiza la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y que pagarían entidades como casas de bolsa y de cambio, almacenes generales de depósito, fondos de inversión, instituciones de banca múltiple y otras instituciones financieras.

También se incrementaron los derechos por el uso o aprovechamiento del espectro radioeléctrico, bajo el argumento de que con estos recursos se podría ampliar la cobertura y acceso a servicios de telecomunicaciones y radiodifusión, en beneficio de la población que aún no contaba con tales servicios.

Sobre este asunto, se planteó un incremento de 4.5 por ciento el cobro de cuotas de solicitud y, en su caso, la autorización para la compartición de bandas de frecuencias entre dependencias y entidades del Ejecutivo Federal, para uso público y para la suscripción o enajenación de acciones o partes sociales que requirieran autorización.

Durante la discusión en el Pleno, la diputada Noemí Berenice Luna Ayala, del grupo parlamentario del PAN, sostuvo que era justo que el Estado cobrara por los servicios que prestaba, pero también, dijo, era justo que los recursos regresaran a donde se generaban.

“Hoy, el Gobierno nos presenta una Ley Federal de Derechos llena de incrementos, aumentan los cobros migratorios, pero no hay inversión en seguridad fronteriza. Suben los derechos sanitarios, pero los hospitales siguen sin medicinas. Crean nuevas cuotas en telecomunicaciones, pero las comunidades rurales siguen sin Internet”, comentó Luna Ayala.

“Y ahora aumentan las cuotas de entrada a museos y zonas arqueológicas, nos dicen que es para invertir y proteger a los visitantes nacionales, pero la verdad es que los turistas nacionales, las familias mexicanas también quieren conocer su historia”, expresó la legisladora panista.

Por su parte, el diputado Andrés Mauricio Cantú Ramídez, de la bancada del PRI, acusó a Morena de asegurar que no subían los impuestos, “pero en los hechos todo sube. Le cambian el nombre, dicen, ajuste, actualización, revisión inflacionaria, pero en la realidad es otra forma de meterle la mano al bolsillo a los mexicanos”.

El legislador priista neoleonés añadió que para 2026 subiría el costo de los pasaportes, los permisos ambientales, las concesiones de agua, los trámites empresariales y hasta los ingresos a las playas. “Todo, todo se encarece, menos el ingreso de los mexicanos. Mientras tanto, la burocracia federal sigue creciendo, los programas se anuncian con bombo y platillo”, dijo.

El también priista Jericó Abramo Masso detalló que entre los incrementos planteados, que incluirían el pago de Derechos, Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), Aduanas y Código Fiscal, el Gobierno Federal obtendría recursos adicionales, por 271 mil millones de pesos.

“El país requiere para estabilizar sus finanzas 1.5 billones de pesos de ingresos adicionales, con estas migajas que están construyendo de una parte y de otra solamente se lograrán dar 271 mil millones de pesos”, señaló el legislador coahuilense.

En tanto que el diputado Eduardo Gaona Domínguez, de MC, criticó que la mayoría oficialista pretendiera calificar como actualizaciones nuevas tarifas e incrementos que tenían un objetivo recaudatorio.

El emecista calificó como discriminatorios los aumentos en materia de derechos migratorios. Agregó que el proyecto buscaba, además, privar de la cultura a personas de bajos recursos, eliminar exenciones en agua, incrementar los cobros a empresas de telecomunicaciones.

“Se planea gastas, fíjense ustedes, 10 billones de pesos, pero solamente se va a ingresar 8.5 billones de pesos, es decir, que traemos un déficit de 1.5 billones de pesos y a través de derechos que quieren cobrar, Morena con esta reforma busca empatar esa deficiencia que tenemos en los derechos, llevándose, déjenme decirlo así, entre las patas a todos los ciudadanos de este país”, subrayó Gaona Domínguez.

La diputada Claudia Rivera Vivanco, del grupo parlamentario de Morena, aseguró que esta Ley buscaba actualizar derechos, eliminar rezagos y fortalecer instituciones, asegurando que quienes pagaran lo hicieran con equidad.

Entre los aspectos centrales de la reforma, dijo la legisladora de Morena, se establecían derechos en materia migratoria, que, según ella, reforzarían la seguridad en las fronteras y mejorarían la atención humanitaria a quienes transitaran por México.

Mientras que el ámbito de las telecomunicaciones, agregó la diputada poblana, la reforma promovía descuentos a concesionarios que ampliaran cobertura, especialmente en zonas rurales, para reducir la brecha digital, asegurando que estos incentivos buscaban la equidad y no privilegios monopólicos.

La diputada Marcela Michel López, también de Morena, subió a tribuna para fundamentar el documento, que, según ella, “moderniza servicios y simplifica trámites en distintos sectores. Y tres, actualizar y armonizar la Ley Federal de Derechos con las reformas realizadas recientemente garantizando la coherencia normativa”.

El mismo día, la Comisión de Hacienda y Crédito Público de San Lázaro aprobó cambios a la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), que incluyeron aumentos en los gravámenes a productos como el tabaco, los juegos y sorteos, videojuegos, así como la inclusión de sueros orales que contuvieran ingredientes adicionales a los recomendados por las autoridades de salud.

La minuta fue aprobada con 31 votos a favor y 11 en contra. La propuesta buscaría aumentar la recaudación para el Gobierno Federal y ahora debería ser aprobada por el Pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

El proyecto aumentaría el impuesto a cigarros, tabaco y nicotina. La tasa pasaría de 160 a 200 por ciento. Para la enajenación o importación de productos de nicotina, se estableció una tasa de 100 por ciento, además de un impuesto adicional por el contenido de nicotina.

Se aumentó el impuesto de 1.6451 pesos por litro a 3.0818 pesos por litro a las bebidas saborizadas. Según los legisladores de la autodenominada “cuarta transformación”, el objetivo sería disminuir su consumo. Asimismo, se propuso ampliar la aplicación del impuesto a aquellas que contuvieran edulcorantes añadidos.

Se aumentó el impuesto a juegos y sorteos, que pasaría del 30 al 50 por ciento, con el objetivo de desincentivar su uso. Además, se impuso una tasa de 50 por ciento a los juegos con apuestas y sorteos que se realizaran por internet.

Además, se estableció un impuesto del ocho por ciento a los videojuegos con contenido violento, extremo o para adultos, no aptos para personas menores de dieciocho años.

Los legisladores previeron establecer el impuesto a los sueros orales que se comercializaban en todo tipo de tiendas, en particular a aquellos que incluyeran ingredientes añadidos adicionales a los recomendados en materia de salud.

Asimismo, el gravamen buscaría aplicar el IEPS a los productos que contuvieran azúcar y otros componentes envasados para el consumo masivo. Según la minuta, se protegía a los sueros orales que respetaran la receta recomendada para los programas de salud.

También se cobraría el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a los sueros orales que contuvieran ingredientes extra a la glucosa anhidra, cloruro de sodio, cloruro de potasio y citrato trisódico. “Lo anterior evita dar carga fiscal del IEPS a los sueros que se produzcan siguiendo las recomendaciones de la OMS. Por tanto, causarán IEPS los sueros orales que no contengan solamente el total de las sustancias referidas”, expuso el diputado Carol Antonio Altamirano, de Morena.