Corrupción y fuerzas de seguridad

En BC, proceso de depuración deficiente arroja 78% de policías con exámenes de confianza aprobados, pero protocolos y resultados del C3 ignorados

El robo de 180 kilos de cocaína, ejecutado por elementos de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) el 4 de octubre del 2025, en la Zona Este de Tijuana, y corroborado por autoridades en ambos lados de la frontera, por enésima ocasión, obliga a los integrantes de la Mesa de Coordinación por la Paz y Seguridad de Baja California a reconocer las deficiencias existentes en materia de depuración policiaca, en la utilidad del C3 y en la manera en que están ignorando protocolos y resultados.

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El secretario de Seguridad de Baja California, el General Laureano Carillo, finalmente reconoció que por el tema ya tiene a 14 elementos suspendidos y están investigando “el posible mal uso de las patrullas y el equipo táctico”, aunque evidentemente el problema es más profundo.

La delincuencia organizada, la colusión de elementos estatales-federales y municipales con operadores de los cárteles en distintas actividades criminales, como “bajes” o custodia de cargamentos de enervantes, privaciones de la libertad y homicidios, durante décadas ha sido harto conocida por los bajacalifornianos y mexicanos en general. Les han cambiado el nombre a las corporaciones, pero las “mañas” permanecen y los exámenes de confianza no parecen ni contenerlos, ni detectarlos.

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A largo plazo, incluso los “operativos de depuración” han servido de poco. En 2007 desarmaron a la policía de Tijuana, y entre 2008 y 2009 detuvieron a agentes municipales y estatales que liberaron años después.

Bajo el gobierno de Marina Ávila, el año pasado entre septiembre y octubre, 162 policías de la zona Sur del Valle de Mexicali fueron desarmados para ser evaluados; el 90 por ciento aprobaron y 16 agentes resultaron dudosos. Le siguieron en enero del 2025 con la policía municipal de Tecate; de los 189 agentes activos, 100 reprobaron, y en agosto informaron que 90 habían sido reinstalados después de una segunda batería de exámenes del C3, pero antes reconocieron que muchos de los no aprobados ni siquiera habían sido suspendidos.

A Rosarito le tocó entre marzo y abril. Los 264 agentes rosaritenses fueron retirados del servicio para ser examinados, y el 40 por ciento (122 elementos) resultaron reprobados y removidos, pero 33 ya están en proceso de ser reinstalados. Entre los 142 aprobados estaban Eusebio Eriberto Frausto Flores, Rosendo Valenzuela Ortega y Jorge Abel Díaz Estrada, los tres uniformados detenidos el pasado 3 de septiembre por personal de la Fiscalía General de la República (FGR) y elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Estatal (SSPC), con orden de aprehensión por su presunta participación en una desaparición del año 2024.

El plan expuesto por el secretario de Seguridad Ciudadana de Baja California, General Laureano Carrillo, al llegar en enero del presente año, fue que esa depuración alcanzaría a todos los municipios. En el resto de las ciudades también retirarían a los municipales y los suplirían con agentes estatales, pero dadas las circunstancias, resulta obvio que valdría empezar por reevaluar a la FESC.

El 30 de junio del 2025, el Centro de Evaluación de Control de Confianza para el personal del servicio profesional de carrera de las Instituciones de Seguridad Pública en México, presentó el informe de Seguimiento de Evaluaciones a Personal Estatal y Municipal y reportó que en Baja California, de una fuerza total de nueve mil 231 elementos, el 78 por ciento (léase siete mil 149) tenían los exámenes aprobados vigentes, 359 los habían reprobado, y el resto (mil 723) o estaban pendientes de resultados o les faltaba hacer las pruebas.

De acuerdo a estos números, en junio pasado había 52 agentes de la FESC no aprobados, de los cuales se ignora el destino, pero a la fecha el secretario de Seguridad no ha informado que ninguno de los 16 agentes suspendidos e investigados esté en los reprobados, lo que también evidenciaría la ausencia de controles.

La misma estadística detalló que nacionalmente existen nueve mil 159 mandos, de los cuales seis mil 480 reportaban los exámenes aprobados vigentes y 526 habían reprobado. Pero no sabemos si algunos de ellos son de Baja California, y también se desconocen los resultados de las pruebas de los mandos militares, dado que esas las realiza la Sedena; por ejemplo, el exdirector de la policía de Mexicali, Teniente Coronel, Julián Leyzaola, (marzo-julio 2025), se retiró del cargo sin entregar las evidencias de sus exámenes aprobados.

En junio del 2022, cuando Octavio Andrée Espino Torres, asistente del jefe de la oficina del exfiscal Ricardo Carpio, fue aprehendido al intentar cruzar la Garita de San Ysidro con 29 kilos de metanfetamina, los primeros reportes indicaron que había aprobado los Exámenes de Control, pero había sido observado por el Centro de Evaluación y Control de Confianza (C3).

Brenda Valdez Jaramillo, entonces directora del C3, confirmó que Espino había aprobado sus exámenes en noviembre de 2021, pero informó que no había sido evaluado para su promoción a la oficina del fiscal, y sus pruebas vigentes no eran suficientes para darle “acceso a información sensible o manejo de recursos” que tenía en la oficina de Carpio; y esa indicación, ignorada por los jefes, estaba considerada en el protocolo.

Valdez compartió en aquel momento que “… los criterios para aprobar se han hecho más flexibles a nivel nacional, por ejemplo, si los elementos examinados fueron sujetos a una averiguación previa años atrás, ya no lo consideran antecedente; si los viejos elementos mintieron en su escolaridad para ingresar, les permiten estudiar y acreditar la escolaridad; si tienen parientes delincuentes o los han visitado en prisión, no les afecta para ser rechazados porque no son el sujeto activo del delito, pero se incluye en expediente como contexto”, y en lugar de reconsiderar estos errores, la funcionaria fue removida del cargo.

Ahora, las denuncias de los constantes acto de corrupción de los uniformados evidencian nuevamente, la urgente necesidad, primero, de tomarse en serio los protocolos y resultados del C3 que son ignorados y evadidos constantemente; y segundo, de reevaluar y reformar, crear, idear procesos de depuración, que sí sean efectivos.