En un caso que ha generado controversia y debate público, el Tribunal Colegiado de Apelación del Vigésimo Tercer Circuito, con residencia en Zacatecas, modificó la multa impuesta en sentencia a cuatro jóvenes imputados, presuntas víctimas de reclutamiento forzado, pero confirmó la pena de 7 años de prisión por diversos delitos.
Los magistrados solo modificaron la multa impuesta, reduciéndola de 16 mil 828 pesos 35 centavos a diez mil 857 pesos, en cumplimiento de la jurisprudencia que establece que el aumento de la sanción en casos de concurso ideal de delitos solo aplica a la pena de prisión y no a la multa.
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Sin embargo, la sanción aplicada a Francisco P., Heriberto R., Juan R. y Alan D., quedó intocada al resultar penalmente responsables en la comisión de delitos contra la salud en la modalidad de posesión de marihuana y clorhidrato de metanfetamina con fines de venta, así como la posesión de cartuchos y cargadores de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea.
El caso, que se originó tras un cateo realizado en un inmueble de la colonia La Huerta Vieja, en Zacatecas capital el 28 de febrero de 2024, ha sido objeto de múltiples cuestionamientos, pues durante el proceso, la defensa argumentó que los acusados estuvieron privados de su libertad, ya que fueron reclutados forzosamente, lo que habría condicionado su presencia en el lugar de los hechos.
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El tribunal desestimó esta teoría al considerar que no se presentaron pruebas contundentes que respaldaran dicha hipótesis, pese a que las madres de los imputados testificaron en el juicio, afirmando que sus hijos habían desaparecido días o semanas antes del cateo. Una de ellas dijo que su hijo fue a buscar trabajo en una empresa de seguridad el 1 de febrero de 2024 y no volvió a saber de él.
Sin embargo, sus declaraciones fueron consideradas inconsistentes y contradictorias por el tribunal, lo que debilitó la credibilidad de sus testimonios. Además, los agentes y peritos que participaron en el cateo aseguraron que los detenidos no mostraban signos de violencia física ni psicológica que indicaran una privación ilegal de su libertad.
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La defensa también criticó a la Fiscalía por no haber agotado todas las líneas de investigación, como la realización de peritajes psicológicos que pudieran haber evidenciado la supuesta privación de libertad. No obstante, el tribunal concluyó que no existían indicios suficientes para justificar tal investigación.
El caso ha generado un debate sobre la presunción de inocencia y la carga de la prueba en el sistema penal acusatorio. Mientras que la defensa sostiene que la Fiscalía debió investigar la posibilidad de un reclutamiento forzado, el tribunal argumentó que la carga de probar una excluyente del delito recae en quien la invoca, en este caso, la defensa.
Este caso pone en el centro del debate la necesidad de garantizar investigaciones exhaustivas y la protección de los derechos humanos en el sistema de justicia penal mexicano, especialmente en un contexto donde la desaparición y el reclutamiento forzado son problemáticas recurrentes en el país.
