La agencia británica Reuters reveló que cárteles mexicanos desarrollaron un sofisticado esquema de contrabando de combustible, valorado en más de 20 mil millones de dólares anuales, utilizando buques cisterna que funcionarios estadounidenses denominaron “flota oscura”.
Las importaciones ilegales representaron hasta un tercio del mercado mexicano de diésel y gasolina, según fuentes gubernamentales citadas en un reportaje, publicado el 22 de octubre de 2025, por la agencia británica.
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La operación explotó lagunas legales del sector energético estadounidenses, debido a que empresas privadas de dicho país, como Ikon Midstream, de Houston, Texas, compraban diésel en Canadá y Estados Unidos, pero lo declaraban falsamente como “lubricantes” ante aduanas mexicanas, para evadir el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), lo que habría generado casi 7 millones de dólares solo en un envío. Según Reuters, dicho fraude provocó pérdidas fiscales cercanas a 4 mil millones de dólares en 2024.
Un caso emblemático citado por la agencia británica era el del petrolero Torm Agnes, que descargó 120 mil barriles de diésel en Ensenada, Baja California, el 8 de marzo de 2025, mediante una maniobra riesgosa: una transferencia directa del buque a camiones cisterna. La carga fue destinada a Intanza, empresa que autoridades mexicanas identificaron como fachada del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
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El contrabando fue evolucionado de camiones y trenes a buques cisterna, demostrando “un alto nivel de sofisticación”, según expertos por Reuters. El combustible ilegal se vendió con descuento a gasolineras sin licencia, fábricas y minas. El esquema involucró a empresas fantasma, documentos falsificados y sobornos a funcionarios portuarios, desatando un escándalo de corrupción en la Armada mexicana.
La agencia británica recordó que la Administración encabezada por el presidente Donald Trump designó al CJNG como organización terrorista, el 19 de febrero de 2025, facilitando la persecución legal. Ante ello, la naviera danesa Torm cortó relaciones con Ikon Midstream en abril del mismo año, tras descubrirse el esquema, mientras las autoridades estadounidenses sancionaron a decenas de empresas y ciudadanos mexicanos vinculados al “huachicol fiscal”.
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El 21 de octubre de 2025, Luisa María Alcalde Luján, presidenta del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena, pidió, durante una conferencia llevada a cabo en Tamaulipas, abrir una investigación por el tráfico ilegal de combustibles y que fueran los jueces los que resolvieran.
Un día antes, Rafael Marín Mollinedo -titular de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), durante los gobiernos de los presidentes Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum Pardo-, informó que, en lo que iba de la presente Administración, se habían abierto más de 7 mil carpetas de investigación relacionadas con el “huachicol fiscal”, derivadas de irregularidades detectadas en aduanas, ferrocarriles y estaciones de servicio.
“Hay carpetas de investigación contra empresarios, transportistas, agentes aduanales, militares, civiles. Son más de 7 mil carpetas integrales, sí”, explicó desde Palacio Nacional, donde detalló que las investigaciones involucraban a distintos sectores del ramo energético y aduanero, entre ellos empresas importadoras, transportistas y servidores públicos, por diversas irregularidades en el traslado y documentación de combustibles.
El director general de la ANAM afirmó que gracias a la estrategia federal se habían logrado recuperar 255 mil millones de pesos por “huachicol fiscal”. Asimismo, precisó que las carpetas se habían integrado a partir de irregularidades detectadas en la actual Administración. “Nosotros los detectamos ahora, y sobre ello es que estamos actuando”, comentó.
El funcionario federal agregó que, con el apoyo de autoridades de Estados Unidos, se habían detectado operaciones ilegales en las que se alteraban pedimentos o fracciones arancelarias para evadir el pago de impuestos en la importación de combustibles.
“Venían de Estados Unidos bien los cartaportes, y ya al llegar a México les cambiaban el pedimento y le ponían otra fracción arancelaria para no pagar el impuesto”, explicó el titular de la ANAM, quien también aseguró que, con la nueva Ley de Aduanas se reforzarían los controles sobre agentes aduanales, empresas y recintos fiscalizados, para evitar abusos en los esquemas de importaciones temporales.
“Le estamos poniendo más controles, precisamente, a los agentes aduanales, a las empresas”, sostuvo Marín Mollinedo, quien también dijo que en caso de detectar a servidores públicos implicados, aseguró, se procedería según con la ley.
“Hay elementos buenos, hay unos que se echan a perder y son los que, si se les detecta, pues se les abre su carpeta”, mencionó el titular de la ANAM, quien también agregó que, aunque había disminuido el robo fiscal de combustibles, las inspecciones continuaban y cada transporte sospechoso era detenido. “Cuando agarramos una pipa, la detenemos; antes pasaban quién sabe cuántas”, advirtió.
