Burgueño monetizando

El alcalde de Tijuana ya cobra en Facebook como creador de contenido, pues tiene monetizada su fanpage, su perfil de 78 mil seguidores que este lunes 20 de octubre pudieron ser testigos de la sesión de Cabildo con comerciales. Apenas llevaba siete minutos de haber iniciado la sesión cuando Facebook imprimió el primer comercial, que es diferente de acuerdo a los gustos y el perfil de cada uno de los usuarios que decidieron ver la trasmisión en vivo. No se sabe a qué cuenta están direccionadas las ganancias, ni el nombre del beneficiado. Lo que sí se reconoce es que la cuenta del alcalde Ismael Burgueño (@BurgenoIsmael) recibe pagos por publicidad que gestiona la empresa trasnacional Meta; y que debe reportar sus ganancias ante el fisco de los Estados Unidos, que no necesariamente significa que se paguen impuestos por las percepciones obtenidas cada 150 dólares o lo equivalente en pesos. La monetización de los perfiles de Facebook son aprobaciones intencionales que cada propietario debe solicitar y gestionar, ya que Meta sólo coloca anuncios en perfiles que aceptan ser socios en la creación de contenidos, y realizaron una extensa solicitud de información, comprobación de identidad y acreditación de cuentas bancarias al momento de cobrar por la publicidad impresa. Aunque Meta, empresa dueña de Facebook, no ha transparentado sus parámetros de pago a creadores de contenido, se estima que cada comercial que se imprime en los videos de trasmisión en vivo podría dejar ganancias de 0.04 centavos de peso. Burgueño, Montserrat Caballero y Jaime Bonilla se parecen en lo mismo, en monetizar o explotar comercialmente los contenidos mediante publicidad con Meta. Bonilla y Burgueño gestionando directamente, y Caballero por medio de la empresa tijuanense Badabun, donde se atrevió a revisar e infraccionar con quejas por derechos de autor a los medios que usaban su imagen y videos oficiales. La explotación comercial de material creado por los departamentos gubernamentales subsidiados con impuestos es un problema que ningún legislador federal ha querido atender y revisar las leyes de derechos de autor, limitando a los actores gubernamentales al uso de recursos públicos en sus perfiles privados, aunque estén abiertos al público.