Francisco Rivas Rodríguez, director general del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad A.C. (ONC), presentó, el 23 de octubre de 2025, el informe titulado ‘Un año desde el arranque de la nueva estrategia de seguridad. Avances y pendientes’.
Entre los hallazgos, la citada ONG destacó el aumento significativo de operativos, detenciones, aseguramientos y decomisos, así como la reducción de la incidencia de casi todos los delitos. Además, indicó que el principal logro del Gobierno encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, fue el haber combatido el así llamado “huachicol fiscal”, un delito que, según el ONC, generó el fortalecimiento de redes criminales y representó un daño al erario por centenares de miles de millones de pesos.
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La ONG recordó que, según la estadística oficial en el periodo comprendido entre octubre de 2024 y septiembre de 2025, el homicidio doloso disminuyó 14.5 por ciento; el feminicidio 16.8 por ciento; el secuestro 17.6 por ciento, mientras que los diferentes tipos de robos descendieron entre el 3.4 y el 19.4 por ciento.
En contraste, los delitos de desaparición de personas crecieron 17.2 por ciento; la extorsión 5.3 por ciento y el narcomenudeo 10.8 por ciento. De estos últimos delitos, según el ONC, sobresalió la puesta en marcha de una estrategia integral de combate a la extorsión, que incluyeron reformas normativas, construcción de capacidades institucionales y colaboración entre los diferentes niveles de gobierno, así como la protección de víctimas y denunciantes.
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Sin embargo, según la ONG, los efectos de dicha política pública aún tardarían en cristalizarse, debido a que la extorsión continuaba siendo un delito de altísima incidencia, que afectaba el patrimonio de millones de mexicanos, la producción, innovación, la competitividad, el costo de la vida, al tiempo que generaba graves situaciones de violencia.
De manera similar, pese a las declaraciones oficiales que celebraron mejoras sustantivas respecto a la ocurrencia de hechos violentos, el crecimiento del 17.2 por ciento de las desapariciones de personas en el periodo octubre de 2024 a septiembre de 2025, fue un fuerte llamado de atención al Gobierno Federal.
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Rivas Rodríguez cuestionó qué tanto la reducción de homicidios dolosos era efecto de una buena estrategia de seguridad o si la disminución se debía a que los gobiernos de todo el país no buscaban suficientemente a las personas desaparecidas, que en muchas ocasiones ya fueron privados de la vida.
El director general de la ONG enfatizó en que era urgente que la Administración de Sheinbaum Pardo hiciera su parte en la búsqueda de personas desaparecidas, colaborara con los colectivos y rindiera cuentas, si quería evitar que su sexenio fuera el de mayor ocurrencia de dicho delito. Según Rivas Rodríguez, de mantenerse la actual tendencia, 2025 cerraría como el peor año en materia de desaparición de personas de la historia del país.
En el análisis del ONC también se identificaron algunos focos rojos, como los de Sinaloa, Colima, Guanajuato y Morelos, entidades que preocupaban por sus altos índices de violencia. Entre las recomendaciones con las que cerró el documento, se señaló la necesidad de crecer la inversión en materia de seguridad y justicia, con el fin de aumentar los efectivos que integraban el estado de fuerza de policías, fiscalías y sistema penitenciario -tanto local como federal-, además de capacitarlos y equiparlos.
Asimismo, Rivas Rodríguez recordó que en el año 2024, la misma ONG publicó un estudio que estimaba que para que el Estado Mexicano pudiera fortalecer sus instituciones a nivel del reto que enfrentaba, los poderes Ejecutivo y Legislativo deberían crecer las aportaciones federales en el orden de los 225 mil millones de pesos por año.
Otra recomendación que realizó el ONC se centró en señalar el debilitamiento de la calidad de la estadística delictiva. Según subrayó, desde hacía cinco años habían surgido importantes inconsistencias en torno a registros como el homicidio doloso, el homicidio culposo, los delitos que atentaban contra la vida y la integridad personal, así como los de secuestro y los de delitos que atentaban contra la libertad personal.
Por ello y dada la importancia de dichos registros, la ONG sugirió que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), llevara a cabo una revisión de la metodología y consistencia con las que se construían las bases estadísticas que alimentaban las fiscalías de todo el país.
En resumen, el ONC destacó que el primer año de implementación de la estrategia de seguridad del Gobierno de Sheinbaum Pardo se había caracterizado por un significativo aumento de operativos, detenciones, aseguramientos y decomisos; por la puesta en marcha de acciones específicas para reducir los delitos y por un sólido liderazgo del gabinete de seguridad.
No obstante, Rivas Rodríguez enfatizó que dichos avances, si bien importantes, requerían completarse con estrategias que atendieran la prevención de delitos que continuaban creciendo, además de que se pusiera al centro a las víctimas y que sirvieran para recuperar la seguridad en todo el territorio nacional.
En el caso particular de Baja California, la ONG detalló que Baja California se ubicó en el cuarto lugar nacional en homicidios dolosos, con una tasa de 48.71 por cada 100,000 habitantes, aunque registró un descenso del 25 por ciento respecto al periodo anterior. Sin embargo, dicha entidad enfrentó una crisis aguda en desapariciones, posicionándose en el segundo lugar nacional con una tasa de 24.28 personas desaparecidas por cada 100,000 habitantes.
Asimismo, dicho estado presentó el índice más alto del país en “otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal”, con 73.69 casos por cada 100,000 habitantes, una categoría que incluyó conductas como inducción al suicidio y peligro de contagio.
Baja California también lideró las tasas de robo de vehículo a nivel nacional, con 92.19 carpetas de investigación por cada 100,000 habitantes, y ocupó el cuarto lugar en narcomenudeo con 220 carpetas de investigación por cada 100,000 habitantes.
Según la ONG, Baja California registró un dramático descenso del 69.6 por ciento en “otros delitos que atentan contra la libertad personal”, sugiriendo posibles reclasificaciones estadísticas, que el ONC recomendó transparentar.
Entre los casos emblemáticos de violencia vinculada a la extorsión, el documento señaló el asesinato de Minerva Pérez Castro, titular de la Cámara Nacional de la Industria Pesquera y Acuícola (CANAINPESCA), en Ensenada, homicidio ocurrido el 8 de julio de 2024, tras denunciar casos de pesca ilegal y extorsión en Baja California.
No obstante, la ONG reconoció que autoridades habían implementado operativos orientados al combate del narcotráfico, la trata de personas y delitos patrimoniales. Las acciones incluyeron detenciones de miembros de organizaciones criminales y el aseguramiento de bienes ilícitos. Sin embargo, la percepción de inseguridad en la población bajacaliforniana se mantuvo elevada, según los registros institucionales y encuestas públicas.
