Después de que le fue negada la suspensión provisional en el juicio de amparo que promueve la diputada de Morena Hilda Araceli Brown Figueredo en contra del bloqueo de cuentas bancarias e inclusión en la Lista de Personas Bloqueadas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), sus abogados entregaron los documentos que acreditan su personalidad jurídica en el asunto.
En el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, fue recibido el escrito y los estados de cuenta de las instituciones bancarias Banco Mercantil del Norte (Banorte) y Grupo Financiero Inbursa donde la ex alcaldesa de Rosarito tiene sus cuentas bancarias y de esa forma acreditar su interés suspensional.
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Brown Figueredo solicitó que la información contenida en los documentos entregados se mantengan en sigilo dado que muestran parte de su patrimonio financiero, por lo que atento a la petición, el juzgador ordenó que se abra el “tomo I de prueba” por separado. También la promovente solicitó la reserva de sus datos personales.
Con los documentos aportados, la legisladora pretende que en la audiencia incidental que fue reprogramada –de hoy- para el próximo 22 de octubre se le conceda la suspensión definitiva para que se le permita disponer del dinero de las referidas cuentas de banco. La audiencia fue diferida debido a que aún no se recibe la totalidad de los informes previos de las autoridades responsables, ni los acuses de recibo de los oficios de notificación.
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La demanda de amparo de Araceli Brown fue presentada en el juzgado federal el 2 de octubre, pero fue admitida hasta el día 7, misma fecha en la que le fue negada la suspensión provisional de los actos reclamados al no acreditar con documental alguna que es la titular de las cuentas bancarias bloqueadas por la SHCP en el acuerdo 282/2025.
Como se informó en su oportunidad, el 18 de septiembre de 2025 el Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió una alerta, sancionando financieramente en ese país a personas y empresas presuntamente relacionadas con una de las redes regionales del Cártel de Sinaloa, entre ellas a Brown Figueredo.
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En México, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente de la Secretaría de Hacienda, inició su propia investigación y ordenó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) el congelamiento de cuentas bancarias de las personas y empresas referidas por el gobierno estadounidense, entre otras Candelario Arcega Aguirre y Jesús González Lomelí, quienes también tramitan juicios de amparo.
De acuerdo con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, dependiente del Tesoro, la red está relacionada con la facción de Los Mayos que opera René Arzate García, la Rana, controlando Playas de Rosarito para blanquear millones de dólares provenientes del narcotráfico para los hermanos Arzate y Juan José Ponce Félix, el Ruso
