Hay situaciones difíciles de controlar respecto la inseguridad en Baja California, pero hay otras directamente en la responsabilidad de los gobiernos; aun así, se quedan cortos en capacidad operativa policial
Una de las primeras acciones que tomó la gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda, fue revivir el cuestionable proyecto de Francisco “Kiko” Vega, llamado C5I, para lo cual contrató a la misma empresa que el último gobernador panista: Seguritech.
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El Poder Ejecutivo ha restringido por cinco años el contrato del proyecto a través de la Oficialía Mayor, pese a que sus argumentos de seguridad no se sustentan en ningún estudio jurídico especializado en la materia. No lo exhiben porque no quieren que nadie los audite los casi dos mil millones de pesos que costó la instalación de cámaras y modernización del sistema de vigilancia.
Lo que para muy pocos podría considerarse una excelente inversión, para los actores directos de la seguridad resulta cuestionable, máxime cuando Baja California se ubica en el sótano de la fuerza policial del país.
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Según la Estrategia Nacional de Seguridad del Gobierno de México, nuestra entidad se ubica en el último lugar de estado de fuerza, al contar con sólo 0.2 policías por cada 100 mil habitantes, mientras que, en la Ciudad de México, cuentan con cuatro policías en el mismo parámetro.
Esto en lo que respecta a fuerza policial estatal; mientras que, hablando de Policía Municipal, Baja California se ubica en el penúltimo lugar, también con 0.2 agentes por cada 100 mil habitantes, cuando la Ciudad de México alcanza los 3.4.
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Solamente el Estado de Coahuila está por debajo de Baja California, pero que lo sustituye con un promedio de 0.63 agentes estatales.
Es decir, el brazo operador de la seguridad de la gobernadora Marina del Pilar es el más pequeño del país, con un estimado de 880 agentes de la FESC, de los cuales prácticamente la mitad se encuentran en oficinas, cuidando puntos, escoltas y demás responsabilidades.
En la única medición que Baja California encabeza la lista -y esto hay que reconocerlo- es en el salario de los agentes estatales, que, según el mismo estudio, ronda en los 28 mil pesos. Es decir, tenemos los policías mejor pagados, pero con menor estado de fuerza del país.
En lo que respecta a Mexicali, la única solución que se ha presentado desde hace dos años es la creación de una Academia de Policía ajena a la que depende de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), toda vez que los poco más de 200 agentes que egresan por generación son insuficientes para cubrir las vacantes que se tienen en todas las corporaciones de la entidad. El resto de los municipios ni siquiera un plan han generado, aunque padecen el mismo problema.
No hay policías y cada vez es menor el interés de formar parte de la fuerza policial de la entidad (y de los municipios). Los salarios y prestaciones ya no son atrayentes para los jóvenes de hoy en día y los últimos gobiernos no han sabido volver atractiva la carrera en seguridad pública.
Aunque la narrativa de Abrazos no Balazos fue abandonada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, tampoco se ha impulsado una política de reclutamiento policial; por el contrario, los gobiernos de Morena han debilitado a las policías locales para engrosar las filas de una Guardia Nacional inoperante que ha dado resultados ridículos en torno a detenciones.
Resulta increíble que la estrategia de seguridad de la entidad no contemple aumentar el estado de fuerza de Baja California, que es igual e incluso menor que el que se tenía hace 10 años, pese a que la población ha crecido.
