Aclaraciones, aclaraciones, aclaraciones. Esta semana en Baja California fue de aclaraciones. Un hombre que a pesar de que ZETA y quien esto escribe tienen su domicilio, correos electrónicos, números telefónicos y redes sociales, todos públicos, acudió a dos portales digitales para decir que temía por su vida por una publicación de este Semanario fechada en julio de 2025.
Incluso los escribientes de los portales refirieron que, directamente, temía por su vida “por publicaciones de Adela Navarro”, en referencia a la nota publicada en la portada de ZETA con el título “Alianzas corruptas de la Familia-Gobiernos de BC”. Se trata de un reportaje que evidencia la preferencia de los gobiernos locales para hacer negocios con algunos empresarios, específicamente, la familia Salgado Chávez y los Ampudia González.
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En la nota de referencia, por cierto no firmada por quien esto escribe, se elabora sobre la reciente entrega de la organización de las Fiestas Patrias de Tijuana o de la Feria, al grupo de Fernando Salgado Chávez, notorio por ser el dueño de la casa que la gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda presumió en redes sociales, acompañada de su familia en la celebración del Día del Padre en el año 2024, en Rancho Santa Fe.
La empresa La Familia Presenta, la de Salgado, se adjudica además la organización y celebración de otros espectáculos masivos, como el Coca Cola Flow Fest en Ciudad de México, el Carnaval de Ensenada, y el Baja Beach Fest en Rosarito, donde otro de los promotores asociados es el señor Jesús González Lomelí, el que al final de cuentas parece ser el problema del señor que teme por su vida.
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Efectivamente, en esa publicación del 11 de julio de 2025 se refiere que el señor, digamos de apellido Cisneros para que no tema más por su vida, está asociado, de acuerdo al Registro Público de la Propiedad y el Comercio de Baja California (o sea oficial y públicamente y no un invento de ZETA), no en una, sino en tres empresas con el señor Jesús González Lomelí, todas relacionadas con los alimentos; y en una de ellas, de hecho, también aparece en sociedad Fernando Salgado Chávez.
69 días después de la publicación aquella de julio, el jueves 18 de septiembre, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, a través de su Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por sus siglas en inglés), publicó una lista de sanciones de activos a 15 empresas y 9 personas, entre ellos, dos empresarios, Candelario Arcega Aguirre y Jesús González Lomelí, a quienes ligó a la ex alcaldesa de Rosarito, Araceli Brown Figueredo.
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En una de las empresas que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos publicó en las sanciones que tituló: “Boardwalk Empire: The Playas de Rosarito Network”, que se traduciría como “El imperio del contrabando: la red de Playas de Rosarito”, y que ligan directamente a operaciones del Cártel de Sinaloa, el señor Cisneros, que teme por su vida, aparece como socio.
Casualmente no es la empresa que dijo a los portales de información a los que acudió, que no existía porque se había disuelto antes incluso de operar, sino otra. Cualquier persona, entidad o grupo que tenga acceso al Registro Público de la Propiedad de Baja California, puede darse cuenta que la empresa que aparece sancionada por el Gobierno de los Estados Unidos está registrada con el nombre de Operadora de Alimentos con Orígenes de México S.- de R.L. de C.V., y donde, aparte del señor Cisneros, aparecen como socios otras tres personas, una de ellas y la principal, Jesús González Lomelí.
Es evidente que una vez señalado el señor González Lomelí por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y el señor Candelario Arcega Aguirre en la misma red que alude el mismo Departamento del gobierno norteamericano que sirven en una red del Cártel de Sinaloa, muchas de las personas que en otras empresas -o en las mismas- están señaladas de sociedad con ellos, intentan o intentarán, como en el caso del señor Cisneros, que teme por su vida por la sociedad en una empresa, pero no en otra, donde tiene el mismo socio.
El problema acá es que a pesar de los señalamientos en los Estados Unidos o de las sanciones que emita la Oficina de Control de Activos Extranjeros, en México no pasa nada. Aun cuando en un primer momento la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda del Gobierno de la República emitió un comunicado informando que actuaría en consecuencia a las sanciones norteamericanas, la realidad no ha sido así. La fiscal de Baja California, Elena Andrade, aclaró a pregunta expresa, que al señalado Candelario Arcega no se le investigaba en el Estado, sin abundar si a Jesús González Lomelí sí, o a otros que tienen sociedades con los mismos en otras empresas.
Esta semana, don José Galicot, el creador de Tijuana Innovadora, también hubo de aclarar que ya no tenía sociedad con un joven que estaba asociado, en otra empresa, a las personas sancionadas por el Departamento del Tesoro; lo mismo hizo la empresa Grupo Lagsa, ante publicaciones similares que también los ligaban con los hermanos Salgado, cuando ellos han aclarado que ninguna relación tenían con tal familia.
Como el señor que teme por su vida por estar asociado con Jesús González Lomelí, pero que señala a ZETA por haber publicado lo que es público en el Registro Público de la Propiedad y Comercio; y que, de hecho, él aparece en otra empresa en el mismo registro, en asociación con el señalado por la OFAC.
Y es precisamente mediante el Departamento del Tesoro, cuya sanción es emitida para hacer un llamado a las personas y a las empresas, tanto en su país como en el extranjero, a no hacer relaciones comerciales o de cualquier tipo con las personas sancionadas, en este caso, con las 15 empresas señaladas y las nueve personas evidenciadas. De hacerlo, las personas y las empresas corren el riesgo de ser investigadas y también sancionadas.
Quién sabe por qué el señor Cisneros teme por su vida; o si lo que teme, en todo caso, es que el Departamento del Tesoro también lo sancione. Tampoco se sabe por qué decidió acudir a portales digitales y no a ZETA; además que lo hace el viernes 19 de septiembre, cuando ya habían transcurrido 70 días de la publicación del semanario.
Por cierto, en la edición de ZETA que circuló cuando el señor que teme por su vida se dirigió a los portales, el Cónsul de los Estados Unidos en Tijuana, Chris Teal, concedió una entrevista a propósito de las sanciones de la OFAC a los empresarios y criminales asociados al Cártel de Sinaloa (entre los que se encuentra el socio del señor Cisneros), diciendo que su país tenía las puertas abiertas, por el momento, para quien quiera cooperar en el desmantelamiento de las redes criminales señaladas, y que “La Ley va a alcanzar a todos”. Así las cosas con las relaciones, que ante la inacción e impunidad que prevalece en México, se hacen peligrosas… Por lo menos desde la óptica de los Estados Unidos, que sí los investiga.
