La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró, el 4 de septiembre de 2025, que no influiría en las decisiones de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y respetaría la autonomía del Poder Judicial de la Federación (PJF).
“Me da mucho gusto que haya una nueva Corte. No voy a influir en sus decisiones en lo más mínimo. Voy a respetar la autonomía del Poder Judicial. La presidenta no va a llamar por teléfono a algún ministro o ministra para orientar alguna decisión. Ellos son autónomos, profesionales, y van a tomar sus propias decisiones”, indicó la mandataria nacional.
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Cuestionada respecto a su asistencia a la toma de protesta de los nuevos integrantes del máximo tribunal constitucional, la titular del Poder Ejecutivo Federal (PEF) confirmó que su participación en esta ceremonia tuvo que ver con el cambio de ministros, entre ellos, la anterior presidenta, Norma Lucía Piña Hernández.
“¿Por qué asistí yo a la toma de protesta y no hubiera asistido al informe de Norma Piña? Pues, se explica por sí mismo”, afirmó la presidenta, quien también recordó que a dicha ceremonia fueron invitados todos los gobernadores y también estuvieron presentes mandatarios estatales de la oposición.
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“Ahora, nosotros claro que estamos de acuerdo en que el poder judicial sea elegido por el pueblo y el simbolismo del 1 de septiembre en la noche de la toma de protesta, pues, me dio gusto. Fui invitada y asistí”, enfatizó Sheinbaum Pardo, quien también celebró que Hugo Aguilar Ortiz, presidente de la SCJN anunció que se solicitaría que los ministros ganaran menos que la titular del PEF.
“El primer acto de la corte muy simbólico, bueno, el primero fue abrir las puertas y el segundo, pues es bajar los salarios, muy muy simbólico”, comentó la presidenta de la República.
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El mismo dia, el Pleno de la SCJN aprobó un nuevo Reglamento de Sesiones, con el que buscaría agilizar sus discusiones ante la desaparición de las dos salas, que durante 30 años sacaron adelante más del 90 por ciento de los asuntos resueltos por el máximo tribunal constitucional.
Además, por primera vez se acordó que la SCJN podrá celebrar sesiones de Pleno en lugares distintos de sus sedes en la Ciudad de México, lo que hasta ahora nunca había ocurrido. Asimismo, los nuevos ministros reconocieron que se tenían que agilizar sus sesiones, debido a que entre 2011 y 2023, las dos salas resolvieron más de 125 mil asuntos, mientras que el Pleno solo votó cuatro mil.
“Lo anterior evidencia que, si bien el Tribunal en Pleno era la instancia que ocupaba el mayor tiempo en las sesiones, también es el que menos productividad tenía. Es un hecho notorio que las discusiones en Pleno eran extremadamente largas y, en muchas ocasiones, se ocupaban de cuestiones procesales en lugar de centrarse en la resolución del fondo”, agregó el nuevo Reglamento.
La SCJN sesionaría lunes y martes para ver asuntos que antes estaban reservados al Pleno, como acciones y controversias. Mientras que ls miércoles, los dedicaría a materias penal y civil, que veía la Primera Sala. Y los jueves, a los temas laborales y administrativos, que tocaban a la Segunda Sala.
En las sesiones de miércoles y jueves, se daría cuenta de manera económica con solicitudes de atracción y todos los asuntos que no ameritaran estudio de fondo -como lo hacía la Segunda Sala-, y se reservaría otra sección para discusiones de fondo, básicamente de amparos.
“De manera excepcional, el Pleno podrá sesionar en sedes distintas a la principal cuando así lo determine en razón del interés y trascendencia del asunto en cuestión”, indicó el nuevo Reglamento, en el que se creó la figura de la sesión extraordinaria en territorio. Estas se realizarían a propuesta de los ministros o a petición de partes interesadas.
“Cuando las sesiones extraordinarias en territorio se deban realizar en Pueblos y Comunidades Indígenas o Afromexicanas, las áreas de la Suprema Corte establecerán una relación de coordinación con las autoridades comunitarias a fin de respetar sus normas, costumbres y formas de organización”, estableció el nuevo reglamento.
Por otra parte, el nuevo Reglamento de Sesiones de la SCJN aprobado en sesión privada del Pleno, ordenó la publicación de los proyectos cuando se publicara la lista respectiva.
Antes, los únicos proyectos que se publicaban, tanto en Pleno como en las dos salas, eran los de amparos en los que se hiciera algún tipo de interpretación constitucional. Incluso en esos casos, algunos ministros no publicaban los proyectos completos, con los detalles del caso, sino solo las partes en las que se realizaba dicha interpretación.
El Reglamento de Sesiones no distinguió entre los asuntos que se publicarían, ni aclaró si, con el argumento de la “protección de datos personales”, se seguirían tachando datos o párrafos completos de los documentos.
En una sesión privada llevada a cabo el miércoles 3 de septiembre de 2025, los ministros acordaron la fecha y los asuntos de la que sería su primera sesión del Pleno.
Los 14 casos iniciales serían presentados por Yasmín Esquivel Mossa, Loretta Ortiz Ahlf y Lenia Batres Guadarrama, que se mantuvieron en sus cargos. Hasta el 22 de agosto del mismo año, la primera ya tenía 38 proyectos terminados, la segunda 45, y la tercera solo tenía dos.
Además, seis ministros que pasaron a retiro el 31 de agosto de 2025, dejaron al menos 245 proyectos terminados.
La nueva SCJN arrancaría su periodo de sesiones el jueves 11 de septiembre de 2025, con una lista de 14 asuntos, en los que no habría ningún proyecto de sentencia elaborado por los nuevos ministros.
Los 14 asuntos se tratarían de ocho acciones de inconstitucionalidad y seis controversias constitucionales, cuyos proyectos de sentencia fueron elaborados por las ponencias de Esquivel Mossa, Ortiz Ahlf y Batres Guadarrama, quienes formaban parte del anterior Pleno de la SCJN. Esta sería la primera sesión que presidiría Hugo Aguilar Ortiz, como presidente del máximo tribunal constitucional.
De las acciones de inconstitucionalidad, siete fueron presentadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y una por Poder Ejecutivo Federal, contra apartados de leyes de Colima, Chihuahua, Durango, Guerrero, Michoacán, Quintana Roo y Yucatán.
En cuanto a las controversias constitucionales, todas las promovió el Poder Ejecutivo Federal contra disposiciones aprobadas por el Legislativo y Ejecutivo de Coahuila, Guerrero y Zacatecas.
