No hay pruebas suficientes contra diputada federal de Morena y ex alcaldesa de Rosarito, afirma Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó, el 19 de septiembre de 2025, que no había pruebas en contra de Hilda Araceli Brown Figueredo, actual diputada federal de Morena por Baja California y ex alcaldesa de Playas de Rosarito, quien un día antes, fue designada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (USDT, por sus siglas en inglés) -junto a otros 21 “objetivos”, 7 personas físicas y 15 morales-, como “operadora política” de la facción “Los Mayos”, del Cártel de Sinaloa.

En conferencia de prensa matutina, la mandataria nacional detalló que las autoridades estadounidenses habían informado a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), semanas antes de anunciar las sanciones que se encontraban investigando a Brown Figueredo y otros cuatro individuos, por sus nexos con la facción de “Los Mayos”.

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“De nuestro lado no hay pruebas suficientes como para establecer el lavado de dinero que ellos plantean, entonces fue una decisión de las instituciones del gobierno de Estados Unidos, del Departamento del Tesoro”, dijo la titular del Poder Ejecutivo Federal.

Sheinbaum Pardo insistió en que las autoridades estadounidenses deberían de presentar las pruebas que demuestren los nexos de la diputada federal de Morena, con la facción del Cártel de Sinaloa.

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Además, la mandataria nacional insistió en que en qué el Gobierno de EE. UU. No había otorgado las pruebas suficientes para que la UIF congelara las cuentas de Brown Figueredo.

“No presentaron las pruebas suficientes para que la UIF pudiera congelar desde aquí las cuentas, si no son las sanciones que establecen a sus cuentas desde los Estados Unidos”, comentó la presidenta.

Un día antes, Brown Figueredo afirmó que era objeto de una “infamia”. Además, presumió que aún viajaba a San Diego, California.

“Amigas, amigos, a los que tienen confianza en mí, ustedes son testigos de como hemos luchado juntos por la transformación, contra la corrupción. Mi compromiso siempre ha sido con el movimiento; seguramente como consecuencia de esta lucha soy objeto de una infamia que pretende desacreditarme”, indicó la legisladora federal, en su cuenta de la red social Facebook.

“Es absolutamente falso que mis cuentas hayan sido bloqueadas, incluso el pasado domingo estuve en el hospital en San Diego, con mi tío que sufrió un derrame cerebral. Estoy firme para cualquier situación, ante cualquier autoridad. Seguiré trabajando para ustedes como siempre”, finalizó Brown Figueredo.

Durante su conferencia de prensa matutina, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda -también militante de Morena- se excusó indicando que no podía dar más información sobre la ex alcaldesa de Playas de Rosarito.

“No tenemos más información, es una nota que salió hace una hora, hora y media, y es la única información que tenemos hasta el momento, son delitos del orden federal, esperaremos. Son temas del orden federal, hay muy buena coordinación con el Gobierno de Estados Unidos”, destacó la mandataria estatal.

Cuestionada respecto a la información durante la Mesa de Seguridad, Ávila Olmeda prefirió que el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de Baja California, Laureano Carrillo Rodríguez, respondiera por ella. El general apuntó que no había información sobre una orden de aprehensión en contra de las personas señaladas por la OFAC.

El mismo día, la Unidad de Inteligencia Financiera -adscrita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y cuyo titular es Omar Reyes Colmenares- anunció que realizó el bloqueo administrativo a personas identificadas por la OFAC, como presuntos integrantes de una célula delictiva dedicada al lavado de dinero.

“Derivado de la designación de OFAC, y en el marco de los mecanismos de cooperación internacional de los que es parte el Estado Mexicano en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) instruyó un bloqueo administrativo”, señaló la institución adscrita a la SHCP.

“La integración de listas internacionales emitidas por autoridades extranjeras permite a la UIF actuar de manera coordinada con el sistema financiero mexicano, para evitar que recursos de procedencia ilícita sean introducidos o dispersados en la economía nacional”, agregó la UIF.

“En este sentido, la eventual incorporación en la Lista de Personas Bloqueadas es una medida de carácter preventivo, no una determinación judicial, y no prejuzga la existencia de responsabilidad penal sin elementos probatorios”, subrayó la institución adscrita a la SHCP.

“La UIF realizará el análisis de la información financiera relacionada con los sujetos designados y, en caso de identificar posibles actividades ilícitas, dará vista de manera inmediata a la Fiscalía General de la República (FGR) para los efectos legales conducentes”, comentó la Unidad de Inteligencia Financiera.

“La UIF reafirma que todas las acciones de cooperación internacional en materia financiera se realizan conforme a la ley y con el objetivo de proteger la integridad del sistema financiero mexicano. Los bloqueos administrativos en territorio nacional se aplican en atención a la designación hecha por la OFAC y a los compromisos internacionales asumidos por el Estado Mexicano”, finalizó la institución adscrita a la SHCP.

“Los Mayos controlan grandes extensiones de territorio en el norte de Baja California bajo el liderazgo de los previamente designados líderes del cártel, Alfonso Arzate García y René Arzate García (René Arzate), también conocidos como los hermanos Arzate. Uno de los pueblos controlados por René Arzate es Rosarito, una comunidad costera aproximadamente a 24 kilómetros al sur de la parte californiana de la frontera entre Estados Unidos y México. Debido a su proximidad a la frontera con Estados Unidos, Rosarito y sus alrededores forman parte de un corredor crítico para el Cártel de Sinaloa para el contrabando de drogas a Estados Unidos”, reveló la OFAC, en un comunicado.

“René Arzate mantiene el mando de Rosarito a través de varios socios, entre ellos Mario Alberto Herrera Sánchez (Mario Herrera) y Karlo Omar Herrera Sánchez (Karlo Herrera). Los hermanos Herrera trabajan con Jesús González Lomelí (González), un magnate empresarial con sede en Rosarito y operador financiero de alto rango del Cártel de Sinaloa, para ayudar a llevar a cabo las operaciones del cártel en la zona. González es dueño de varios bares y restaurantes en Rosarito, incluyendo Bombay Beach Club, Coco Beach Club y Mariscos El Caimán, además de otros restaurantes, clubes nocturnos y resorts en todo México. González ha utilizado sus negocios para blanquear millones de dólares provenientes del narcotráfico en nombre del Cártel de Sinaloa para los hermanos Arzate, así como para otros altos funcionarios del cártel, incluyendo a El Ruso”, subrayó el USDT.

“Los hermanos Arzate también han utilizado la influencia política de González y de otro agente político afiliado al Cártel de Sinaloa, Candelario Arcega Aguirre (Arcega), para corromper y ejercer control sobre el gobierno municipal de Rosarito, específicamente sobre la exalcaldesa de Rosarito, Hilda Araceli Brown Figueredo (Brown). Arcega mantiene una estrecha relación personal con Brown y, gracias a ella, pudo controlar partes del gobierno municipal y nombrar a sus aliados en puestos de alto nivel dentro del gobierno de Rosarito”, afirmó el Gobierno de EE. UU.

“Durante el mandato de Brown como alcalde de Rosarito, González y Arcega sirvieron como intermediarios entre Brown y los hermanos Arzate, aliados de Los Mayos. Trabajando juntos, González, Arcega y Brown recaudaron pagos de extorsión para los Arzate, ayudaron a gestionar sus operaciones y garantizaron la protección de las actividades delictivas de los Arzate por parte del Departamento de Seguridad Pública de Rosarito”, aseguró la OFAC.

“Mario Herrera, Karlo Herrera, González, Arcega y Brown están siendo designados de conformidad con la Orden Ejecutiva 14059 y de conformidad con la Orden Ejecutiva 13224, según enmendada, por haber sido dirigidos por, o haber actuado o pretendido actuar para o en nombre de, directa o indirectamente, el Cártel de Sinaloa”, enfatizó el USDT.

“Además de designar a las personas clave alineadas con Los Mayos en la red de Playas de Rosarito, la OFAC también apuntó a 14 empresas propiedad de González: JR Alimentos Del Mar , S. De R. l . Dic . V .; Grupo JRCP , S. De R. L .; Sabor Tapatío , S. De R. l . Dic . V .; Gotoco Alimentos Procesados ​​S . De R. l . Dic . V .; Grupo Hotelero JJJ , S. A . Dic . V .; Complejo Turístico JJJ , S. A . Dic . V .; Operadora De Espectaculos , Alimentos Y Bebidas J&R S. A . Dic . V .; Alimentos Y Desvío Insurgentes , S. De R. l . Dic . V .; Sunset Servicios Gastronómicos S . De R. l . De C . V .; JJ Gonver S . De R . L . De C . V .; Operadora De Alimentos Con Orígenes De México , S . De R . L . De C . V .; Veintiuno Mexicali , S . De R . L . De C . V .; Coco Beach Bar , S . De R . L . De C . V .; y, Cavally Antro & Bar . Estos negocios están siendo designados de conformidad con EO 14059, y de conformidad con EO 13224, según enmendado, por ser propiedad de, controlados o dirigidos por, o haber actuado o pretendido actuar para o en nombre de, directa o indirectamente, Gonzalez”, refirió el Gobierno de EE. UU.

“La OFAC también tuvo como objetivo a una empresa de transporte propiedad de Arcega: Transporte Urbano Y Suburbano Del V Municipio S.A . de C .V . Esta empresa está siendo designada de conformidad con la EO 14059 y de conformidad con la EO 13224, según enmendada, por ser propiedad de, estar controlada o dirigida por, o haber actuado o pretendido actuar para o en nombre de, directa o indirectamente, Arcega”, señaló la OFAC.