Al oeste de Tijuana, en un área de terracería en zona agreste, hechizas instalaciones eléctricas y olvidada, aunque no alejada de la zona urbana, está la colonia Nueva Aurora Norte; no muy lejos de donde se encuentra el libramiento que circunda la ciudad. Sobre una de sus irregulares calles de tierra, de repente, los que por ahí transitan encontraron una calle cerrada.
La avenida en la que se divisan casas humildes y vehículos estacionados, tenía al centro de la vialidad un montículo de tierra. Los vecinos primero pensaron que quizá, y sólo quizá, eso se debía a que finalmente alguna autoridad -municipal, estatal o federal- pavimentaría la colonia y aquel pequeño montículo era parte del material de trabajo. Pero no.
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Unos metros antes de encontrarse con la calle que en la colonia Nueva Aurora Norte conecta varias zonas, en las inmediaciones de una gasolinera, unos jóvenes están atentos a quienes entran o pretenden entrar a la zona.
Cuando un auto se encamina hacia la calle con el montículo de tierra, es detenido por los jóvenes al ubicarse frente al vehículo, para posteriormente ordenarle al conductor bajar la ventana, iniciando un violento diálogo donde lo primero que le dicen es “aquí no puedes entrar”. Ante el estupor del conductor, los jóvenes confirman con ademanes: “De aquí para abajo. Para arriba no te quiero volver a ver”.
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Al preguntarle a los vecinos si conocen de tal situación, aun con temor consienten: sí, se trata de unos malandros que viven en la colonia y no dejan entrar a nadie. Han tomado el territorio de la Nueva Aurora como su propio cuartel. Lo controlan a fuerza de impartir temor y utilizar armas y arengas criminales.
La colonia contigua es la Fausto González, y esa fue la primera en ser sitiada por los criminales, células de células de cárteles que, ante la impunidad, le han quitado territorios a la ciudadanía y los controlan con plomo y sangre. “Los malandros se han apoderado de toda esta zona; cada colonia la controla un grupo criminal, y la gente no puede entrar si no eres residente”.
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Se les niega el paso a los distribuidores de productos, a los repartidores de agua y gas, a los que van a entregar mercancías y a quienes intentaban visitar a alguien. Es tal el control de estos grupos criminales que, en colonias como la Fausto González, les han quitado las casas a varios residentes. Los amenazan con matarlos a ellos o a sus familias, con perseguirlos de por vida si no les entregan la vivienda.
Ante la amenaza y la arenga criminal, los distribuidores han optado en citar a los clientes en zonas fuera de tales colonias para entregarles los productos; y cobradores de tiendas de conveniencia se han decantado por no entrar. “Hace unas semanas mataron a un cobrador de una tienda, y ahora la tienda ya no nos quiere dar crédito si vivimos en la Fausto González, porque pues no pueden entrar a cobrar”.
De igual manera los repartidores de aplicación no pueden ingresar a dejar los pedidos de los usuarios, sin evitar ser amenazados o extorsionados para transitar libremente por la ciudad de Tijuana. Desafortunadamente, esta situación de violencia e inseguridad no es privativa de Baja California; sucede en Guerrero, en Michoacán, en Tamaulipas, en Guanajuato, en el Estado de México y otras entidades federativas. Los criminales encontraron la forma de hacerse de bienes y recursos económicos sin invertir en una red de secuestros: cobrando piso, extorsionando y controlando territorios.
En los últimos días, también en Baja California, el Puerto de Ensenada, donde se encuentra el Valle de Guadalupe, ha sido noticia nacional e internacional debido a los asesinatos, las quemas de negocios y los ataques a funcionarios y policías por parte de la criminalidad organizada que cobra piso y extorsiona lo mismo a pescadores que restauranteros, que distribuidores y cualquiera que desarrollo una actividad económica lícita y productiva.
En su primer informe de gobierno, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presumió una disminución en los asesinatos. Un poco más del 10 por ciento menos homicidios en relación al año anterior en el País.
A la par, concediéndole al Secretariado Nacional de Seguridad Pública el beneficio de la duda respecto a las cifras que acumula y proporciona para la generación de políticas públicas, de una disminución en los homicidios, viene un incremento, también de dos dígitos, en la comisión de los delitos de extorsión y desaparición forzada, que han aumentado en un 12-13 por ciento en relación al año anterior.
La bonanza criminal para, con toda impunidad, extorsionar a los ciudadanos, privarlos de su libertad o cobrarles piso, está al nivel de la incapacidad que tienen los gobiernos municipales, el estatal y el federal para combatir de forma adecuada a los criminales que acaban con negocios, con el libre tránsito, que se apoderan de casas y queman distribuidoras; porque hay mexicanos que se niegan a caer ante la amenaza y defienden, a veces con la vida misma, el patrimonio que lícitamente han construido.
En Baja California, la fiscal general del Estado, Ma. Elena Andrade, niega que haya extorsiones, mientras la realidad le explota en forma de disparos, incendios y lanzamientos ilícitos. La gobernadora está más concentrada en sus redes sociales y la percepción popular de su administración que en tomar las riendas de la coordinación de la seguridad en el Estado, como es su obligación al ser la titular del Poder Ejecutivo. El alcalde de Tijuana cree que puede suceder a la mandataria estatal en la elección del 2027, y se placea en campaña en cuanto acto puede, o manda esbirros políticos para que hablen bien de él frente a la Presidenta, cuando en la ciudad pocos lo hacen.
Ante las extorsiones, el cobro de piso, el apoderamiento de viviendas, la privación ilegal de la libertad de las personas, y la impunidad que gozan los criminales, en un ambiente politizado, pero sin políticas públicas de combate a la inseguridad con buenos resultados, los territorios de México, cada vez más, son del narco.
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