Mario Martínez Elizondo, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, vinculó a proceso, la madrugada del martes 9 de septiembre de 2025, al vicealmirante Manuel Roberto “N” y nueve marinos y funcionarios aduaneros, por presuntamente estar implicados en el desembarque de 31 buques con tráfico ilícito de hidrocarburos o “huachicol fiscal”, en las Aduanas de Altamira y Tampico, durante los dos últimos años.
Según lo informó el diario Reforma, durante una audiencia que duró más de 17 horas, el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez procesó a los imputados por delincuencia organizada, con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos.
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El juzgador federal descartó invalidar las declaraciones del capitán Alejandro Torres Joaquín, ex director de la Aduana de Tampico, por rendir sus primeras declaraciones sin ser testigo protegido.
Siempre según el citado rotativo, Martínez Elizondo dijo que en este asunto ya hubo dos asesinatos, el del contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar y la funcionaria de la Fiscalía General de la República (FGR), Magaly Janet Nava Ramos, con la intención de silenciar a los denunciantes.
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“La muerte de estas dos personas puede tener un efecto inhibidor sobre otras personas que pudieran aportar información […] No comparto la opinión de que tiene que acreditarse que todos y cada uno de los buques descargaron hidrocarburos ilegales, sino si existe o no un grupo delictivo. Los datos de prueba permiten suponer que probablemente se cometieron las conductas imputadas”, señaló el juez federal.
Martínez Elizondo ratificó a todos los imputados la prisión preventiva oficiosa, razón por la que los procesados del sexo masculino estarían presos durante el proceso, en el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) No. 1, “El Altiplano” -ubicado en el municipio de Almoloya de Juárez, Estado de México-, mientras que dos de las tres mujeres continuarían internas en el Centro Federal de Readaptación Social número 16, CPS, de Morelos.
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Según lo reseñó Reforma, uno de los marinos, el capitán Humberto Enrique “N”, le indicó al juez federal que desde que ingresaron a “El Altiplano” fueron objeto de amenazas, desde el momento en que los internos se enteraron de que eran miembros de la Armada de México.
Por ese motivo, el capitán solicitó a Martínez Elizondo que autorizara el traslado de los siete hombres procesados a una prisión militar. Sin embargo, el juzgador rechazó la solicitud y señaló que antes de valorar la petición debía analizarse si una prisión castrense reunía las condiciones necesarias para el desarrollo del proceso.
El impartidor de justicia fijó un plazo de seis meses para la investigación complementaria, tiempo previsto para que la Fiscalía General de la República y los defensores de los imputados reunieran sus respectivos datos de prueba.
Además del sobrino político de José Rafael Ojeda Durán -titular de la Secretaría de Marina (SEMAR), durante el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador-, el juez federal vinculó a proceso a los capitanes de navío Climaco “N” y Humberto Enrique “N”, el primero adscrito a la Décima Región Naval en Salina Cruz, Oaxaca, y el segundo ex director de Supervisión de Aduanas Marítimas.
El juzgador también vinculó a proceso a los capitanes de fragata Sergio “N”, ex subdirector de Vigilancia y Control de la Aduana Marítima de Tampico; Carlos de Jesús “N”, ex subdirector de Operación de la misma Aduana, y a Fernando Ernesto “N”; ex sub administrador de la Aduana de Altamira.
Además, Martínez Elizondo procesó a Endira Xóchitl “N”, ex jefa de departamento de Recintos Fiscales en la Aduana del mismo puerto; así como a Anatalia “N”, Ismael “N” y Perla Elizabeth “N”, todos ellos enlaces y verificadores de mercancías en la Aduana de Tampico.
Esta última era la única persona procesada que no estaría en la cárcel, ya que el juez decidió imponerle el arraigo domiciliario, en su casa ubicada en Tampico, Tamaulipas, así como uso de brazalete electrónico, debido a que tenía 12 semanas de embarazo.
Este proceso será la prueba de si valió, o no el cambio del nuevo Poder Judicial en nuestro país.