La muerte del bebé Dayan Alejandro, de tan sólo ocho meses, develó no únicamente el sufrimiento derivado del maltrato y posterior homicidio del menor, sino también la omisión de protocolos por parte del Hospital General de Tijuana y la Funeraria Latinoamericana, que pudieron haber ocasionado un crimen impune.
De acuerdo con información obtenida por ZETA, Dayan Alejandro fue llevado al Hospital General de Tijuana por una de sus tías, ya que presentaba un deterioro en su estado de salud. El menor sufría un cuadro severo de omisión de cuidados, se encontraba desnutrido y no tenía sus vacunas. Es decir, presuntamente la madre del menor padece de adicciones.
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A pesar de luchar por su vida en el hospital, el menor falleció en el recinto. Tras su deceso, fue trasladado directamente a la Funeraria Latinoamericana, omitiéndose el protocolo de dar aviso al Ministerio Público para realizar la liberación del cuerpo, aun cuando ya existía una investigación en curso por la posible comisión de un delito.
En su búsqueda, la Fiscalía General del Estado (FGE) realizó un cateo en el interior del recinto fúnebre, situado en la colonia Ciénega, la noche del miércoles 10, localizando al menor dentro de uno de los refrigeradores, listo para ser velado, junto a ocho cuerpos más que tampoco cumplían con el protocolo correspondiente.
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De acuerdo con la necropsia realizada, Dayan Alejandro habría fallecido por traumatismo craneoencefálico; mientras que los otros ocho cuerpos localizados se determinaron como fallecidos por causas naturales. Mientras tanto, la Funeraria Latinoamericana permanece asegurada por mal manejo de cadáveres. La Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris) de Baja California inspeccionará el tema administrativo, y se dio vista a la Secretaría de Salud y al Registro Civil.
“Les aseguro que habrá consecuencias legales respecto a las personas que rodeaban a este bebé; respecto a los médicos que hayan entregado al bebé sin dar vista al Ministerio Público; y respecto a la funeraria que haya cometido actos administrativos que encuadran en la comisión de un delito”, comentó la fiscal general del Estado, María Elena Andrade Ramírez, en atención a medios el 15 de septiembre.
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Ese mismo día, Dayana N. y Elizabeth N. -madre del menor y amiga de la madre, respectivamente- fueron detenidas por su presunta responsabilidad en los delitos de homicidio simple por omisión con dolo eventual, violencia familiar, omisión de cuidados y homicidio calificado con ventaja, en perjuicio del bebé.
El martes 16 se llevó a cabo la audiencia en la que se formuló imputación y se solicitó el auto de vinculación a proceso, bajo la medida cautelar de prisión preventiva justificada.
