Un juez federal de la Ciudad de México desechó, el 26 de septiembre de 2025, uno de los tres amparos promovidos el 16 de septiembre de 2025, a nombre de José Ramón, Andrés Manuel y Gonzalo Alfonso López Beltrán -estos dos últimos conocidos por sus hipocorísticos de “Andy” y “Bobby”, respectivamente-, los tres hijos mayores del ex presidente Andrés Manuel López Obrador y otras personas, para reclamar posibles órdenes de aprehensión o detención en su contra.
Carlos Rico Mondragón, titular del Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal, con sede en la capital de la República, desechó el amparo que originalmente fue presentado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa, mismo que desde un principio había declinado competencia sobre el asunto, pero lo siguió tramitando, porque se reclamaban actos privativos de la libertad e incomunicación.
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Según lo reportó el diario Reforma, el juzgador afirmó que este amparo se debería desechar porque existía otro exactamente igual ante el Juzgado Segundo de Distrito en Zacatecas, promovido por los mismos quejosos y contra las mismas autoridades, entre ellas, la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana (SSPC), así como jueces de varios Centros de Justicia Penal Federal.
Rico Mondragón -elegido en elección popular, el 1 de junio de 2025-, agregó en su resolución que “es del dominio público” la publicación realizada el 17 de septiembre de 2025, en la cuenta de Instagram de Andrés Manuel López Beltrán, también titular de la Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena, en la que negó haber presentado algún amparo.
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El juez federal también citó declaraciones de Juan Francisco Rodríguez Smith, el abogado que supuestamente promovió estos amparos, quien rechazó haberlo hecho, acusó robo de su identidad y dijo que presentaría una denuncia.
Según el mismo rotativo, de las personas que fueron incluidas como quejosas en estos amparos, quienes sí se habían desistido fueron César Reyna Carrillo, ante los juzgados de la Ciudad de México y Zacatecas, así como Roberto Blanco Cantú, en el Juzgado zacatecano.
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Reyna Carrillo es un ex funcionario de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), donde fue Director General de Tecnologías de la Información, mientras que Blanco Cantú es un empresario del transporte, que enfrenta orden de aprehensión en el caso de robo de combustible o “huachicoleo fiscal”, que involucra a mandos de la Secretaría de Marina (SEMAR).
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió, el 18 de septiembre de 2025, investigar quiénes tramitaron una serie de amparos en favor de Andrés Manuel y Gonzalo Alfonso López Beltrán, dos de los hijos de Andrés Manuel López Obrador -conocidos por sus hipocorísticos de “Andy” y “Bobby”, respectivamente-, contra cualquier orden de captura en su contra.
El 24 de septiembre de 2025, José Ramón López Beltrán, hijo mayor del ex presidente López Obrador, rechazó las acusaciones derivadas de la ampliación de denuncia presentada por el Partido Acción Nacional (PAN) en su contra y de su hermano Gonzalo Alfonso.
“Enfrento acusaciones falsas que no tienen otro propósito más que intentar ensuciar mi nombre. Ante la infamia, la verdad siempre prevalecerá. Mi reputación se ha construido con años de trabajo, integridad y compromiso, y no permitiré que sea utilizada como moneda de juego por intereses ajenos”, escribió, en su cuenta de la red social X, el hijo mayor del ex mandatario nacional.
“Pueden intentar mancharme, pero no podrán borrar lo que soy ni lo que represento. Sus acusaciones falsas no me definen. La verdad siempre sale a la luz y quienes difaman y calumnian tendrán que responder”, insistió López Beltrán.
El 23 de septiembre de 2025, el PAN denunció ante la FGR a los hijos del ex presidente López Obrador, por los delitos de delincuencia organizada, contrabando, huachicol, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito. Además, entregó copia de la denuncia, a Rosa Icela Rodríguez Velázquez, titular de la Secretaria de Gobernación (SEGOB).
Durante la comparecencia de la funcionaria federal, ante el Pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, el diputado panista Marcelo Torres Cofiño detalló la denuncia y cuestionó a la titular de la SEGOB, respecto hasta cuándo el Gobierno de México seguiría encubriendo la red de “huachicol” que supuestamente involucra a los hijos de López Obrador.
El legislador acusó que aunque existían denuncias formales y pruebas ante la Fiscalía General de la República, desde el Poder Ejecutivo Federal se había bloqueado la investigación, contra lo que llamó el “Cártel de Palenque”.
Torres Cofiño criticó que la presidenta Sheinbaum Pardo insistía en el que el delito de “huachicol fiscal” fue combatido, cuando la realidad, dijo, es que se convirtió en la mayor red de corrupción de la anterior Administración.
El panista detalló que así lo documentó la FGR en la causa penal 325 de 2025, en la que se mencionaba en cuatro ocasiones al “hijo de López Obrador”, Andrés Manuel López Beltrán, como parte de la red de contrabando de hidrocarburos de la Marina, que el legislador denominó el “Cartel de Palenque”.
El PAN amplió los señalamientos y así lo denunció ante la FGR, acusando a José Ramón y Gonzalo Alfonso López Beltrán, así como a Jesús Ernesto López Gutiérrez, el hijo menor del ex mandatario nacional.
“Están señalados como probables responsables de conspiración, delincuencia organizada, huachicol, contrabando, encubrimiento, operaciones con recursos de procedencia ilícita, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito”, insistió el legislador panista, quien también afirmó que la demanda no era un ataque político, sino hechos sustentados en documentos, expedientes y testimonios.
“Lo que tenemos frente a nosotros es la creación y operación de lo que ya se conoce como el Cártel del Palenque, una red que se mezcla con crimen, con crimen organizado, política y familiares del ex presidente”, destacó el diputado federal del PAN.
“No se puede tapar lo evidente. López Obrador sí robó, sí mintió y sí traicionó al pueblo, corrompió a las Fuerzas Armadas y su verdadero legado es la llamada Marina del Bienestar, les guste a quien le guste. Este Gobierno no combate al crimen, lo encabeza”, arengó, en medio de la gritería de legisladores morenistas”, finalizó el legislador panista.
Ante los señalamientos por “huachicol” en contra de los hijos de López Obrador, la titular de la Secretaría de Gobernación, defendió desde la tribuna de San Lázaro al ex mandatario nacional al afirmar que las acusaciones tenían como objetivo desprestigiar al “mayor líder social de la época reciente”.
Sin mencionar a los hijos del ex presidente, Rodríguez Velázquez acusó a los neoliberales de propagar calumnias y mentiras en contra de un hombre que se dedicó, según ella, al bienestar de los mexicanos y sentó las bases de la transformación que actualmente vivía el país.
La titular de la SEGOB -que en todo momento se refirió a López Obrador como presidente-, rechazó que desde el Gobierno Federal se protegiera a alguna persona que incurriera en actos de corrupción y traicionara los principios de su movimiento político. Indicó que cada quien, desde su posición o responsabilidad, debería responder por sus actos ante la ley y ante el pueblo.
El 19 de septiembre de 2025, Arturo Fernando Zaldívar Lelo de Larrea, titular de la Coordinación General de Política y Gobierno, de la Oficina de la Presidencia de la República, aseveró que los amparos presentados a nombre de los hijos del ex presidente de López Obrador, eran golpeteos políticos y que los responsables debían deberían ser sancionados.
Durante la conferencia de prensa matutina presidencial, el ex ministro de la Suprema Corte Justicia de la Nación (SCJN) declaró que en la reforma a Ley de Amparo no había cambios para limitar quiénes podrían presentar dicho recurso jurídico y afirmó que hacerlo podría representar un retroceso.
“Lo que hay que señalar y sancionar cuando de manera tramposa y para golpear a ciertas personas se usan la figura del amparo. Pero no hay nada previsto hasta este momento”, comentó Zaldívar Lelo de Larrea.
El funcionario federal explicó que, en la actualidad, se podía promover un amparo a nombre de otra persona en casos puntuales que la ley lo permitiera, tales como cuando esta se encontrar incomunicada o no pudiera promoverla por sí mismo.
Sin embargo, el ex ministro enfatizó que el caso de los hijos del expresidente podría tratarse de un golpeteo político y que los López Beltrán, así como los sujetos mencionados en el amparo, podían promover recursos penales y civiles contra quien hubiera presentado el escrito, por haber hecho un mal uso de su nombre.
