En el año 2024, durante la administración 24 del Ayuntamiento de Mexicali —encabezada también por la alcaldesa Norma Bustamante Martínez—, el entonces director de la Policía Municipal, Pedro Ariel Mendívil, informó sobre la adquisición de alrededor de 200 cámaras corporales o bodycams, para que los agentes las portaran durante sus intervenciones.
El argumento que se dio fue que se buscaba mayor transparencia durante las actuaciones de los policías municipales, especialmente luego de la polémica generada por el presunto mal actuar de algunos agentes, particularmente en el caso de la docente Yenin Edén Chan, quien perdió la vida tras ser atropellada sobre la calzada Independencia en mayo de 2023. Dos años después, cuatro policías municipales fueron destituidos por irregularidades en el caso.
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A pesar de la adquisición de estas herramientas, sólo se utilizaron durante algunas semanas como parte de un programa piloto, ya que el protocolo implementado no detallaba de manera clara cómo debían utilizarse las cámaras. Por esta razón, se retiraron a los elementos y fueron resguardadas dentro de la corporación.
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Publicación del protocolo a más de un año de la adquisición
El martes 23 de septiembre, el síndico procurador de Mexicali, Óscar Vega Marín; el director de la Policía, Luis Felipe Chan; y el secretario del Ayuntamiento, Rodrigo Llantada; dieron a conocer la publicación de un protocolo para el uso de las cámaras, un año y ocho meses después de su entrega.
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De acuerdo con el propio director Chan, el protocolo fue elaborado dentro de la corporación y obliga a los agentes adscritos al Departamento de Tránsito a grabar todas las intervenciones que realicen durante su jornada laboral.
Por su parte, el síndico procurador señaló que no existe ningún problema en que sea un protocolo y no un reglamento, ya que el documento presentado “tiene bastante solidez jurídica” para que los agentes lo cumplan.
Falta de transparencia
Tras el anuncio del protocolo, el regidor Manuel Rudecindo García criticó que su creación se haya realizado “a escondidas”, calificándolo como un acto de opacidad y falta de transparencia. Señaló que no se respetó el proceso previamente acordado, en el cual la normatividad debía pasar por comisiones, ser aprobada por el Cabildo y luego publicada en el Periódico Oficial del Estado de Baja California.
Agregó que el hecho de que la corporación haya elaborado el protocolo de forma interna lo vuelve sumamente frágil, ya que cualquier director entrante de la Policía Municipal podría modificarlo o incluso dejar de aplicarlo.
Jurídicamente no es fuerte
Consultado por ZETA, el abogado Guillermo Rivera señaló que el protocolo es débil, ya que no cuenta con un sustento legal sólido como lo sería la implementación o modificación de una ley que lo respalde. Concluyó que el Ayuntamiento debió seguir el mismo procedimiento legislativo, que se aplicó cuando se reformó lo conducente para implementar la Ley Anti-Halconeo.
