Tras las protestas que se han desarrollado en Baja California Sur por parte de transportistas, el gobernador del Estado, Víctor Manuel Castro Cosío, y su equipo han sostenido diversas reuniones con representantes del sector.
Posterior a los encuentros, el mandatario reiteró su postura: no habrá tolerancia para quienes operan fuera del margen de la ley, haciendo hincapié en la necesidad de que transportistas se registren en la plataforma digital del Gobierno del Estado.
Publicidad
El mandatario recalcó que no se permitirá que nadie trabaje sin estar bajo el lineamiento de los reglamentos estatales, recordando que, aunque cuenten con permisos federales, Baja California Sur es un estado soberano que tiene sus propias leyes.
Previamente, transportistas se manifestaron en contra de este sistema. Acusaron que se trata de una plataforma que los limita y que sirve para acosarlos, ya que los obliga a registrar un servicio con 70 horas de anticipación.
Publicidad
Esta situación, aseguran los inconformes, los ha llevado a interponer denuncias y amparos ante instancias federales para que resuelvan de fondo el conflicto que se vive principalmente en el municipio de Los Cabos.
En contraste, el gobernador ya adelantó que habrá reforzamiento de operativos en el sector y reanudarán los registros de este sistema digital.
Publicidad
De acuerdo con la Dirección de Transporte del Gobierno del Estado, la plataforma en cuestión ya cuenta con más de 500 unidades inscritas en el sistema que estará bajo el control de Comunicaciones y Transporte (SICT).
“No habrá tolerancia para quienes operen fuera de la ley; todo aquel que no esté inscrito en la Plataforma SISTPC será sancionado conforme a derecho”, reiteró Castro Cosío.
Asimismo, enfatizó que el objetivo es que haya mayor transparencia y seguridad en el sistema de servicio, tanto para turistas como para ciudadanos, respaldando las declaraciones que dio el director de Transporte, Martín Salinas.
En este escenario es importante recordar que transportistas de Los Cabos también aseguran que son víctimas de acoso policiaco y atropellos, como prohibiciones de entrar a determinadas zonas a pesar de que cuentan con permisos federales para trabajar.
Por su parte el director de Transporte detalló que de las 370 empresas que operan, alrededor de 45 interpusieron un amparo para que jueces federales resuelvan la situación.
