Vecinos, trabajadores y locatarios de la colonia Zona Urbana Río acusaron que la empresa COPEMSA amplió su polígono de operaciones a un área circundante a Paseo de los Héroes sin haber procedido con un proceso de consulta o una notificación a la ciudadanía. Demandan se revise la concesión otorgada por el Ayuntamiento de Tijuana a la operadora de parquímetros.
“Una de las principales quejas de la comunidad es que la instalación de los parquímetros se llevó a cabo sin aviso previo ni procesos de consulta pública. Esta falta de transparencia y participación viola los principios básicos de gobernanza urbana y genera desconfianza entre la ciudadanía”, manifestaron los inconformes en un escrito dirigido a la regidora del XXV Ayuntamiento, Georgina Arana Cruz.
Una de las peticionarias, Alicia Ávila Huerta, quien dijo pertenecer al gremio laboral, refirió que los remitentes se percataron de la instalación de los nuevos parquímetros en julio de 2025.
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“Ha sido como a partir de dos semanas que el área de los condominios como tal ha sido afectada y que apoyamos o nos unimos a ellos para levantar la voz los trabajadores que estamos en la zona”, manifestó en entrevista con ZETA.
De acuerdo con los denunciantes, las vialidades a las que se ampliaron las operaciones de COPEMSA son Frida Kahlo, Saturnino Herrán, David Alfaro Siqueiros, Misión de Mulegé, Misión de Loreto, Misión de Santo Tomás, Misión de San Diego y José María Velasco. Se trata de un área próxima al Hotel Lucerna, así como al Hospital Ángeles Tijuana, y que en términos generales comprende de la glorieta Abraham Lincoln a la Preparatoria Lázaro Cárdenas.
“Ya empieza a afectar a los nativos de esta zona, que tienen años viviendo aquí, que empezamos nosotros también a unirnos a este movimiento”, expuso la peticionaria consultada, quien detalló que el escrito dirigido a la regidora Arana Cruz fue firmado por “alrededor de 800 personas”.
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El documento fue fechado el 17 de julio. En el oficio, en el que además de Ávila Huerta se identificaron como representantes Juan Marcial Anastacio, Silvia Alonzo Hernández, Gabriela Pinedo y Jaime Olivares Pineda, los peticionarios señalaron que la tarifa por el uso de los espacios de estacionamiento es excesiva.
Conforme a la última Ley de Ingresos, el costo por estacionarse en vía pública aumentó de 10 a 21 pesos la hora.
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“El costo por la hora de estacionamiento es excesivamente alto para la zona, que no es considerada turística ni de alta afluencia comercial. Este hecho afecta de manera directa a los trabajadores que diariamente deben estacionarse en la vía pública, así como a vecinos que, al carecer de espacios suficientes en sus condominios, utilizan estos espacios como una solución razonable y accesible”, manifestaron los inconformes.
“Son horas completas. No son medias horas”, reclamó Ávila Huerta. “No te permite o hay negligencia para el pago de las mismas. Tenemos que estar bajando cada hora a pagar, siendo que en lo personal estar bajo Recursos Humanos o bajo ciertas reglas no podemos estar abandonando las áreas de oficina cada hora; y luego que no aceptan las monedas, que no te aceptan el billete, que la aplicación no lo permite”, agregó.
Los inconformes objetaron que los parquímetros operen de 8:00 a 18:30 horas y acusaron que los sábados igualmente están en funcionamiento. De acuerdo con un convenio modificatorio signado el 9 de enero de 2020, durante el XXIII Ayuntamiento, las máquinas reguladoras operarían sólo de lunes a viernes.
“Este rango de horario es incompatible con las dinámicas reales de la zona, en la que la mayoría de los vehículos permanecen a residentes o trabajadores que deben cumplir jornadas completas. En este contexto se les exige pagar durante casi todo el día por un espacio que históricamente ha estado disponible de forma libre y sin conflictos mayores”, observaron los peticionarios.
Opinaron que la colocación de las máquinas reguladoras en un área residencial y de trabajo da lugar a suponer que para expandir las operaciones de la empresa no se efectuó un estudio de impacto social.
“Esta medida pareciera estar enfocada más en una recaudación sin criterios sociales que en un ordenamiento vial responsable”, sugirieron.
Señalaron a COPEMSA de no asumir responsabilidad en caso de que los vehículos que ocupan los espacios en cuestión sean objeto de robo o averías, pese a la exigencia a los automovilistas de pagar por estacionarse. Indicaron que “no existen estacionamientos públicos o pensiones cercanas que representen una alternativa accesible para residentes y trabajadores” y alertaron que ni si quiera se han aplicado criterios de exención o trato diferenciado para grupos que debieran estar exceptuados del cobro correspondiente.
“Que se haga un estudio de la factibilidad de dichos parquímetros, y sobre todo, que antes de implementar estos parquímetros nos den los medios adecuados para que pueda funcionar, calles seguras, alumbrados; puede ser algo vano en una persona joven, pero que estamos sedentarias desde más de 10 años en jornadas muy largas, agrégale a una persona que tenga una discapacidad, no hay dentro de la zona franja azul, donde están los parquímetros no hay manera de una persona con discapacidad pueda llegar a pagar esa parte”, manifestó Ávila Huerta.
“¿DÓNDE ESTÁ ESE ESTUDIO DONDE EL IMPLAN TIENE LA OBLIGACIÓN DE HACERLO?”: REGIDORA
El contrato administrativo de concesión a la empresa COPEMSA TIJUANA S.A. DE C.V, referente al servicio de estacionamiento en vía pública, se firmó el 5 de junio de 2019, estando en funciones el XXII Ayuntamiento.
“Cuando existan razones fundadas y explícitas, las condiciones establecidas en la presente concesión podrán revisarse y modificarse por acuerdo entre el Ayuntamiento y el concesionario. En este caso se deberán celebrar y formalizar los convenios correspondientes, los cuales deberán ser autorizados por el Cabildo del H. Ayuntamiento de Tijuana, Baja California”, dio cuenta el documento firmado durante la administración encabezada por Juan Manuel Gastélum Buenrostro.
La regidora del Partido Acción Nacional, Georgina Arana Cruz, enfatizó que COPEMSA no recibió autorización para extender el polígono de operaciones.
“No están autorizados. Solamente te va a permitir lo que está en el punto de acuerdo con el título de concesión en donde se firmó el convenio. Más de ahí no te puedes salir. Necesitas autorización del pleno del cabildo”, refirió a pregunta de este semanario.
Remarcó que conforme al contrato administrativo, para cubrir determinada área en términos de servicio de estacionamiento se debe contar con un estudio del Instituto Metropolitano de Planeación de Tijuana.
El consabido convenio “dice que previo estudio del Implan. No es así nada más. Implan debe de decirte, previo al estudio que hagan, dónde está la demanda, en qué calles van a adoptar esa medida, cuántos metros lineales y a cuántos cajones equivalen. No nada más es ir a pintar por pintar ni hacerlo por hacerlo”, recalcó la presidente de la Comisión de Vialidad y Movilidad Urbana del H. Ayuntamiento de Tijuana.
Dijo haber solicitado al Instituto dirigido por Juan Diego Mascareño López un ejemplar del Análisis de la oferta y demanda de estacionamiento en la Zona Metropolitana de Tijuana.
“Lo solicité por escrito. ¿Dónde está ese estudio donde Implan tiene la obligación de hacerlo y decir aquí está la demanda? ¿En esta zona de parquímetros? No la hay”, sostuvo.
Conforme a documentación proporcionada por la regidora reelecta, en atención a su solicitud el Implan le proporcionó copia simple del Análisis de la Oferta y Demanda de Estacionamiento en la Zona Metropolitana de Tijuana 2017.
Con motivo del estudio, el director del Implan le hizo saber que “se realizó de conformidad a los factores y necesidades en aquel entonces; que respondía a la evaluación de la oferta y la demanda del estacionamiento en la vía pública dentro de los corredores o zonas estrellas que se delimitaron dentro de las 5 zonas de estudio (Centro-Garita-Chaparral, Primera Etapa del Río Tijuana, 5 y 10, Industrial Mesa de Otay, Universidad-Tecnológico)”.
En un oficio remitido a Arana Cruz el 5 de agosto de 2025, el director Mascareño López reconoció ser necesario volver a efectuar el estudio.
“Debido al crecimiento demográfico, a los factores y necesidades de la ciudad, este instituto ve la imperiosa necesidad de realizar de nueva cuenta el Análisis de la Oferta y la Demanda de Estacionamiento en la Zona Metropolitana, con la finalidad de atender las políticas de movilidad en apego a los principios de política pública que establece el artículo 4 de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano”, mencionó el funcionario municipal.
Arana Cruz acusó que en el área a la que se extendieron las operaciones de COPEMSA, la empresa pintó de verde tramos reservados para personas con discapacidad o para el uso de hidrantes. Se trata del color (que va por el borde de la banqueta) con el que se indica que hay que pagar por estacionarse.
Recalcó que COPEMSA no está respetando la media hora como fracción establecida en el tarifario original. “Te están cobrando la hora completa”, reprochó.
“Entonces digo: ¿por qué lo están haciendo? ¿Dónde está la autoridad para que esté revisando estas medidas que está adoptando la empresa?”, reclamó.
La regidora Sandra Magaña Ríos, quien, en conjunto con Arana, integra la fracción del PAN en el cabildo de Tijuana, indicó haberle solicitado al alcalde Ismael Burgueño Ruiz una explicación de la instalación de los parquímetros “fuera de los límites” establecidos en el contrato de concesión.
“No ha salido nadie a dar la cara, pero sí están de manera irregular”, expuso vía telefónica.
“Por Cabildo no ha pasado, te lo puedo asegurar; no pasó la administración pasada esa solicitud de ampliación y medio sospechoso, porque le queda un año. El año que entra se vence lo que es esa concesión”, remarcó la también regidora reelecta.
Reveló que la fracción del PAN analizaría la posibilidad de denunciar con motivo de la expansión de la COPEMSA en Zona Río: “Vamos a proceder a presentar nuestra denuncia, si fue por el alcalde (emanado de Morena), donde se brincó el Ayuntamiento, o si es la empresa que actuó de manera unilateral”.
La regidora Arana mencionó que en lo particular ingresó “un punto de acuerdo”. Se dijo optimista de que el asunto sea enlistado, de tal suerte que se pueda someter a consideración revisar la concesión otorgada a la empresa así como su posible cancelación, siempre y cuando haya elementos suficientes.
“Ya está ahí en la Secretaría de Gobierno. Entonces vamos a esperar que sí se enliste, porque sí es un tema y es un clamor general ciudadano”, estableció.
PARTIDA ESPECÍFICA
Información oficial proporcionada por Arana Cruz dio cuenta de que en el Ejercicio Fiscal 2024 el Ayuntamiento de Tijuana obtuvo ingresos “por concepto del ‘Contrato de concesión para el servicio de estacionómetros’” ascendentes a cinco millones 018 mil 250.00 pesos; en tanto que, en el Ejercicio Fiscal a junio de 2025, por tres millones 291 mil 954.09 pesos. En ambos casos se trató del 40 por ciento de lo recaudado.
“…dicho recurso se considera como un Ingreso propio ‘no etiquetado’, por lo que no se cuenta con una partida específica de gastos destinada para este rubro”, quedó establecido en un oficio remitido a la regidora por el tesorero municipal Víctor Alfonso Ramos Gómez.
Las regidoras del PAN se dijeron en contra de las partidas generales en el ámbito de la administración pública municipal.
Arana Cruz adelantó que en tal caso solicitaría se le dé uso específico al recurso que le corresponde al Ayuntamiento por el cobro de estacionamiento.
“Si se está yendo a la partida general, donde puedes generar hasta deuda pública, yo sí voy a solicitar que se etiquete y se vaya a una partida donde se trabaje en los temas de movilidad, que es la rehabilitación de banquetas, que son ciclo vías, que son vialidades, porque ese es otro tema también importante de cuánto se ha recaudado y qué se está haciendo con ello”, asentó.
