El senador por Baja California Gustavo Sánchez Vásquez denunció que el gobierno del estado, encabezado por Marina del Pilar Ávila Olmeda, ejerció acoso sobre medios masivos con actos de censura y represalia.
Habló de las acusaciones de los reporteros Jorge Heras y Eduardo Villalugo, referentes a que personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana retiró material de sus redes sociales; aludió a los señalamientos de la reportera Dianeth Pérez Arreola sobre el citatorio que le giró la Fiscalía General de la República por preguntar sobre la licitación de la planta potabilizadora de Tecate en conferencia de la mandataria estatal.
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“Un tema importante que yo quiero hoy tomar es lo concerniente a la actitud de acoso que está teniendo el gobierno del estado con los medios de comunicación. Queremos tocar el tema de la actitud de acoso y en represalia del gobierno del estado con los medios de comunicación”, manifestó este martes 19 de agosto en conferencia de prensa en Tijuana.
“Hace dos semanas un portal llamado Ciudad Capital subió un video, un reportaje sobre unos policías que actuaron indebidamente entrando a un fraccionamiento privado. Ese portal, esa noticia fue prácticamente tumbada de redes sociales desde las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública. Esto fue documentado y fue demostrado en ese sentido”, expuso.
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“Y ahora recientemente una reportera, Dianeth Pérez, hizo una pregunta en la mañanera del gobierno del estado respecto a la licitación en La Nopalera en Tecate y pareciera que esas preguntas molestaron tanto que se presentó una denuncia ante la fiscalía federal por parte del gobierno del estado donde está siendo citada el día de hoy de mañana la reportera, para que dé explicaciones de lo que estaba preguntando”, agregó el legislador federal.
En la petición de comparecencia formulada a la periodista la Fiscalía General de la República le hizo saber que en un oficio del 7 de agosto el Secretario General del Gobierno, Alfredo Álvarez Cárdenas, destacó ante la FGR las manifestaciones efectuadas por Pérez Arreola en referencia a la planta potabilizadora, en específico: que se licitó dos veces y que había señalamientos de que “estas obras del Bono Verde” se estaban “yendo a empresas ligadas con el crimen organizado”.
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De ahí que la FGE le solicitara coadyuvar “para efecto de esclarecer los hechos”.
El PAN condena “enérgicamente que el gobierno del estado esté reprendiendo a los reporteros en Baja California. De ninguna manera estaríamos de acuerdo en que el ejercicio de la profesión del periodismo y la noticia sea acotado en Baja California”, consignó Gustavo Sánchez.
De ambos casos, de los cuales resaltó “acontecen en 15 días”, expuso que reflejaron “una actitud de pretender intimidar a los medios de comunicación, de intimidar a los reporteros para que sólo hagan preguntas a modo”.
Abordado por ZETA Sánchez Vásquez refirió que llevará el tema a la tribuna del Congreso de la Unión.
“Es un tema que lo llevaré al Senado de la República. Es muy delicado que a un periodista de repente le llegue un citatorio de la Fiscalía General para que comparezca y aclare y declare sobre lo que preguntó”, refirió.
“Ella en su derecho de trabajo, en su derecho de investigación, en su derecho periodístico hizo preguntas. Preguntó quiénes son las empresas que había ganado primero, quitaron ese fallo, le dieron vuelta a una segunda empresa y ella mencionó que esa segunda empresa había indicios que podía ser una empresa que estaba ligada al crimen y preguntaba quiénes son las empresas”, detalló el senador emanado del Partido Acción Nacional.
“Esos son actos de intimidación. Aquí y donde sea se llaman actos de intimidación y eso no podemos permitirlo en Baja California y sí, daré un paso adelante presentando un exhorto”, asentó.
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