“Queremos una reforma y vamos a ejercer nuestra fuerza política para hacerlo”, advierte Pablo Gómez

Pablo Gómez Álvarez -ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)-, titular de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, aseguró, durante una entrevista -publicada en el diario español El País, el 6 de agosto de 2025, realizada a periodista Elia Castillo Jiménez-, que dichos cambios constitucionales no serían producto de acuerdos entre élites, sino resultado de un proceso participativo.

“Queremos una reforma y vamos a ejercer nuestra fuerza política para hacerlo. No va a ser producto de un conciliado de camarillas”, expresó Gómez Álvarez, quien también insistió en que la ciudadanía, por medio de una encuesta pública, tendría la última palabra.

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En la entrevista, el también militante del partido Morena enfatizó que el Gobierno encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, pretendía transformar el sistema político “de manera estructural”, incluyendo financiamiento de partidos, representación política e instituciones electorales

Según lo explicó Gómez Álvarez, entre las reformas propuestas estaban la eliminación del fuero constitucional, la introducción de elecciones primarias para los candidatos, la reducción del financiamiento público a los partidos y la desaparición de los órganos electorales locales (OPLEs). También plantearía reestructurar el Instituto Nacional Electoral (INE), sin cambiarle el nombre, además de reforzar la libertad política y representación plural
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No obstante, aunque reconoció la necesidad de dialogar con aliados y oposición, la postura del titular de la Comisión Presidencial de la Reforma Electoral fue clara: la mayoría política debe jugar un papel central y no habría “una encerrona de cuatro gentes para decidir por todo México”; esto según la respuesta de Gómez Álvarez ante críticas sobre una negociación limitada.

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El militante de Morena criticó el sistema electoral actual, al que describió como “una copia mal hecha del sistema alemán”, por otorgar un poder desproporcionado a las cúpulas partidistas, mediante la asignación discrecional de 200 de los 500 diputados plurinominales.

“Un país en donde ha surgido una nueva mayoría tiene que modificar la forma de la representación popular”, sostuvo Gómez Álvarez, argumentando que la reforma debía reflejar la nueva mayoría política liderada por Morena. Su propuesta incluiría cambios estructurales que redujeran el control de las élites y promovieran una representación más equitativa, aunque reconoció que su partido también se había beneficiado del sistema actual.

Respecto al tema del fuero, Gómez Álvarez propuso ajustes para garantizar que los legisladores no quedaran impunes por delitos, diferenciando entre inmunidad parlamentaria y responsabilidad penal.

“Sí, vamos a ver lo del fuero, la inmunidad procesal. Hay confusión. Una cosa es la inmunidad parlamentaria, que los legisladores no puedan ser reconvenidos por sus opiniones. Pero si cometen un delito, los procesos deben abrirse”, explicó el ex diputado federal.

Según el enfoque de Gómez Álvarez, se buscaría equilibrar la protección de la libertad de expresión de los legisladores, con la necesidad de rendición de cuentas, asegurando que una sentencia implicaría la remoción del cargo.

Frente a las críticas de la oposición, que acusó a Morena de imponer la reforma sin consenso, el titular de la Comisión Presidencial defendió el uso de la mayoría legislativa y cuestionó la viabilidad de un acuerdo unánime.

“¿Esta reforma la tiene que aprobar la minoría política de este país? ¿El consenso es posible? No se ha logrado, lo que se ha logrado es el toma y daca; te doy y me das”, sentenció Gómez Álvrez.

Aunque apostó por una consulta popular para legitimar la reforma, reconoció la necesidad de negociar con aliados como los partidos Verde Ecologista Mexicano (PVEM) y del Trabajo (PT), quienes eran clave para alcanzar los votos necesarios en el Congreso de la Unión.

Finalmente, Gómez Álvarez subrayó que la reforma buscaría un sistema democrático genuino, no uno basado en la simulación. Según él, los cambios constitucionales serían una “reforma social, pero también de Estado”, marcando un hito en la reconfiguración del sistema político mexicano.