La nueva ofrenda de México a EE.UU.

Bajo el argumento de “razones de seguridad nacional” nuevamente se registró el traslado masivo de narcotraficantes mexicanos a Estados Unidos de América dejando de lado el Tratado de Extradición firmado entre ambos países. Con la entrega reciente de 26 delincuentes, entre ellos connotados miembros del crimen organizado, ya suman 55 en tan sólo dos remisiones verificadas durante 2025. Sin embargo, aún quedan otros capos en cárceles mexicanas y muchos más que no han sido detenido y que son objeto de reclamo de las autoridades estadounidenses.

Entre los criminales entregados para que sean juzgados en diversas cortes de distrito de la Unión Americana destacan el recientemente detenido Pablo Edwin Huerta Nuño, “El Flaquito”, líder del Cártel Arellano Félix (CAF); Servando Gómez Martínez, “La Tuta”, que encabezaba el grupo Caballeros Templarios de Michoacán; Abigael González Valencia, “El Cuini”, cuñado del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera, “El Mencho”; Juan Carlos Félix Gastélum, “El Chavo Félix”, yerno del exlíder del Cártel de Sinaloa (CDS), Ismael “Mayo” Zambada; y Hernán Domingo Ojeda López, “El Mero Mero”, tío de Ovidio Guzmán López, de la célula de Los Chapitos del CDS.

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Los hechos acontecieron el martes 12 de agosto de 2025, cuando los reclusos fueron trasladados desde diversos centros penitenciarios al centro de México para su envío final al vecino país del Norte. Durante las primeras horas de la movilización, como ocurrió durante la primera remisión masiva el 27 de febrero de este mismo año, había confusión, ya que las autoridades mexicanas no revelaban la identidad de los reos entregados, sino que la primera lista completa tuvo que llegar desde el otro lado de la frontera, donde se congraciaron de la “continua y valiente cooperación” voluntad del gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo.

Esa misma tarde, el embajador estadounidense en México, Ronald Johnson, manifestó su agradecimiento hacia Sheinbaum y su administración “por demostrar determinación frente al crimen organizado”, pues entre los presos entregados había capos del narcotráfico del CDS y del CJNG. Al día siguiente, la mandataria informó durante su conferencia matutina que dicha acción no obedeció a ninguna presión o petición del presidente norteamericano Donald Trump, sino que se trató de un acto de soberanía y tiene que ver con la seguridad del país. Ello a pesar de que, como ocurrió en febrero, la entrega se dio durante un periodo de prórroga para la imposición de posibles nuevos aranceles comerciales.

“La decisión es por la seguridad de nuestro país; son decisiones soberanas, no tienen que ver con una petición, aunque muchos de ellos tienen peticiones, pero hay muchos otros que siguen teniendo peticiones. La decisión que se toma por el Consejo Nacional de Seguridad tiene que ver con la seguridad del país. Tampoco tiene que ver con el Acuerdo de Seguridad; son decisiones soberanas que se toman en México para la seguridad de nuestro país, y las toma a partir de un análisis del propio Sistema Nacional de Inteligencia e Investigación”, aseguró Sheinbaum Pardo.

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Por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, declaró que con esta acción se evitó que los narcotraficantes se evadieran de prisión y de la acción de la justicia o siguieran mandando desde las prisiones:

“Muchos de ellos habían conseguido amparos para permanecer en cárceles de baja seguridad; incluso se preveía que otros, actualmente en reclusión en centros penitenciarios federales recibieran resoluciones similares que facilitarían su traslado a penales estatales menos vigilados, incrementando el riesgo de continuar con sus operaciones delictivas o incluso un riesgo de fuga. Existían también litigios y recursos legales que buscaban su liberación anticipada, lo que de haberse concretado significaría un retroceso en la lucha contra el crimen y un agravio contra las víctimas”.

Para justificar legalmente el proceder del gobierno mexicano, de impedir a los trasladados sus acciones de defensa, el fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, aclaró que la remisión de los 26 capos no fue bajo la figura de extradición.

“Estamos aplicando la misma base constitucional, la misma base legal; estamos aplicando las mismas convenciones internacionales; estamos aplicando el mismo sistema donde un país soberano requirente le pide a un país soberano requerido un apoyo de este carácter, que está dentro del marco legal nuestro. Es exactamente lo mismo y además es lo mismo que vamos a seguir haciendo. No estamos aplicando la Ley de Extradición, estamos aplicando la Ley de Seguridad Nacional en su artículo quinto, igual que la vez pasada”, dijo el fiscal.

El titular de la Administración para el Control de las Drogas (DEA), Terrance Cole, afirmó que “este es un paso significativo en el esfuerzo continuo por desmantelar los cárteles designados como Organizaciones Terroristas Extranjeras”.

LOS TRASLADADOS

La lista de los 26 narcotraficantes enviados a Estados Unidos la integraron Enrique Arballo Talamantes, Benito Barrios Maldonado, Luis Raúl Castro Valenzuela, Francisco Conde Chávez, Abdul Karim Conteh, Baldomero Fernández Beltrán, Ismael Enrique Fernández Vázquez, Leobardo García Corrales, Abigael González Valencia, José Carlos Guzmán Bernal, Anton Petrov Kulkin, Roberto Omar López, José Francisco Mendoza Gómez, Hernán Domingo Ojeda López, Daniel Pérez Rojas y Juan Carlos Sánchez Gaytán.

También fueron subidos a la aeronave que les transportó a la Unión Americana: David Fernando Vásquez Bejarano, José Antonio Vivanco Hernández, Mauro Alberto Núñez Ojeda, Juan Carlos Félix Gastélum, Jesús Guzmán Castro, Pablo Edwin Huerta Nuño, Servando Gómez Martínez, Kevin Gil Acosta, Roberto Salazar y Martín Zazueta Pérez. Todos ellos identificados como presuntos narcotraficantes del CDS de las facciones de Los Mayos y Los Chapitos, CJNG, Los Zetas, Cártel Arellano Félix, Caballeros Templarios y Cártel de Caborca.

Uno de los pocos presos en cuyo nombre se presentó una demanda de amparo, en reacción a la movilización que se registraba en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 1, Altiplano, en Almoloya de Juárez, fue Pablo Edwin Huerta Nuño, el Flaquito, cuyo abogado Marco Antonio Avilés, reclamó ese 12 de agosto la “incomunicación, expulsión o destierro del país, traslado a cualquier centro de reclusión establecido en país extranjero y entrega a autoridades policiacas de país extranjero”. Sin embargo ya era demasiado tarde: el Flaquito, apenas detenido el 17 de junio en Tijuana, ya volaba a los Estados Unidos con el resto de los presos.

Tan pronto aterrizó la aeronave en el país norteamericano, los reclusos fueron repartidos en los diversos estados y divisiones judiciales; la mayoría de ellos compareció ante los jueces que les dictaron órdenes de aprehensión. Huerta Nuño, de 33 años, fue uno de ellos, quien en la Corte Federal del Distrito Sur de California, con sede en San Diego, se enteró de los cargos en su contra por parte de la jueza Valerie E. Torres: entre otros, conspiración internacional para distribuir sustancias controladas con fines de importación ilegal. En la misma Corte compareció el yerno del “Mayo” Zambada, Juan Carlos Félix Gastélum, acusado de delitos similares y de ser el principal operador de los laboratorios de metanfetamina del CDS.

El 13 de agosto, ante la Corte Federal del Distrito de Columbia, en Washington D.C., compareció Abigael González Valencia, el Cuini, quien se declaró no culpable de los cargos de crimen organizado, tráfico de cocaína y metanfetamina y uso de armas de fuego.

LOS PRÓXIMOS

En las cárceles mexicanas de alta y mediana seguridad aún quedan presos que son objetivo de las cortes de justicia estadounidenses, algunos de los cuales han mostrado importante actividad en semanas recientes ante juzgados de distrito en contra de posibles actos de extradición, deportación, expulsión, destierro o traslado a país extranjero, entre ellos los hermanos del Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Antonio, alias “Tony Montana”, y Abraham Oseguera Cervantes, “El Rodo”, quienes se encuentran presos en el Cefereso Altiplano, en el Estado de México.

Entre otros de los capos que se encuentran encarcelados, figura Teodoro García Simental, “El Teo”, originalmente del Cártel Arellano Félix, que después se cambió al CDS; su hermano José Manuel García Simental, “El Chiquilín”; José Bernabé Brizuela Meraz, “La Vaca”, ex jefe de plaza del CJNG en Colima y a la postre líder del Cártel Independiente de Colima o Los Mezcales; y Freddy Calles Romero, “El Tolteca”, involucrado en la masacre de Bavispe. También destaca Armando Gómez Núñez, presunto operador financiero y líder de Los Deltas, brazo armado del CJNG.

Sin embargo, la lista más amplia de narcotraficantes reclamados por Estados Unidos es la de los capos fugitivos, quienes hasta el momento no han sido detenidos por autoridades de ambos países. Esa relación es encabezada por el propio Nemesio Oseguera Cervantes; Los Chapitos, Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar; Fausto Isidro Meza, “El Chapo Isidro”; Juan José Esparragoza Moreno, “El Azul”, del que no se ha probado su presunta muerte; los hermanos Johnny y José Alfredo Hurtado Olascoaga; Rafael Guadalupe Félix, “El Changuito Ántrax”; los hermanos Alfonso y Rene Arzate García; Carlos Andrés Rivera Varela, “La Firma”; Francisco Javier Gudiño Haro, “La Gallina”; Jorge Luis Mendoza Cárdenas, “La Garra” y Gonzalo Mendoza Gaytán, “El Sapo”, entre otros.

El 13 de agosto, aeronaves no tripuladas de origen estadounidense fueron observadas surcando los aires del Valle de Bravo y sus alrededores en el Estado de México, donde opera la Familia Michoacana que encabezan los capos conocidos como el Pez y el Fresa, hermanos de apellido Hurtado Olascoaga, hecho que fue confirmado por Omar García Harfuch, quien aseguró esos sobrevuelos “es a petición de nuestro país. Ninguna aeronave vuela, no hay ningún avión militar que vuele en nuestro país, de esa manera”. En tanto, el Gobierno de los Estados Unidos incluyó por primera vez el factor “terrorismo” en alerta de viaje para México, afectando con ello a 29 entidades del país y a la Ciudad de México.