Tres veces, en cuestión de meses, es la cantidad de ocasiones que tractocamiones de un denunciante anónimo han sido remolcados por inspectores del Instituto de Movilidad Sustentable (IMOS), por lo que afectados acusan de arrastres injustificados, intimidación y robo de partes en el corralón.
Inicialmente por dos llantas en mal estado el 28 de febrero, 1 mil 700 pesos de multa, más de 11 mil por grúa y corralón. Después por falla de una manguera de aire el 7 de abril -presuntamente ya reparada al momento de ordenar el arrastre-, con 13 mil 500 de grúa y corralón.
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Finalmente, el 11 de junio, una falla mecánica en la flecha del vehículo obligó al afectado a orillarse, amparado por el artículo 62 del Reglamento de Tránsito y Control Vehicular del Municipio de Tijuana. Alusivo a “Estacionamiento de emergencia y reparación en la vía pública”, éste estipula que, por descompostura, el máximo tiempo permitido para retirar el vehículo de la vialidad es de una hora.
Ocurrió a las 7:00 a.m. e inmediatamente el denunciante solicitó asistencia de una grúa particular; al llegar los agentes, aplicaron una multa de dos mil 263 pesos al transporte de carga privado, supuestamente basados en el artículo 266 del Reglamento de Transporte Público para el Municipio de Tijuana.
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Asegurando la procedencia del arrastre de conformidad con el artículo 253, fracción II del mismo reglamento, el personal gubernamental solicitó el servicio de Grúas Martínez -empresa con señalamientos previos por contubernio con autoridades-, ignorando la grúa particular en tránsito que arribó a las 7:45 a.m., dentro del plazo establecido por ley en el artículo 62, al que también refirieron en la infracción.
“Cuando el vehículo no reúna las condiciones mecánicas adecuadas para circular”, establece la aludida fracción segunda; en ello se basaron para llevar el vehículo al corralón, aunque ya no iba a circular tras ser retirado para proceder a las reparaciones.
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De acuerdo al denunciante, los inspectores no le permitieron retirar el camión de forma oportuna para desocupar el espacio y amenazaron a la grúa particular, “que si lo enganchaba se lo llevaba también”, explicó el afectado a ZETA.
Así pues, esperaron en el punto de la descompostura hasta las 9:00 a.m., más de una hora extra en que se fomentó la obstrucción de la vialidad por instrucción de los agentes y sus “supervisores”, que dijeron no poder identificar.
“Está obstruyendo el carril de circulación y ocasionando congestionamiento vial”, rezaba la justificación de la infracción emitida a las 8:16 a.m., aunque en las pruebas aportadas por el ciudadano consta el espacio a través del cual otros automóviles podían pasar, de forma independiente a la ocupación parcial.
Fueron 18 mil 300 pesos para recuperar el vehículo; adicionalmente, el denunciante señaló robo de partes en el corralón IMOS, en el Cañón del Sainz, con valor de 5 mil 670 pesos, sin que nadie respondiera por ello.
Cuestionado por el hecho, IMOS indicó mantener la apertura para recibir a permisionarios y concesionarios “en caso de que exista la percepción de que el procedimiento realizado por los inspectores no haya sido el adecuado”:
“Se llevaría a cabo un análisis detallado de la situación, se revisarían las causas del procedimiento y se determinaría si éste fue o no justificado conforme a la normativa. En caso de detectarse alguna posible mala práctica por parte del personal, se procedería a realizar la investigación correspondiente y, de ser el caso, aplicar las sanciones administrativas que correspondan”
Sin embargo, el denunciante acusó que en el departamento jurídico del Instituto no fue atendido. “Quise hacer queja contra el oficial, contra ellos por la prepotencia y nadie sabe nada (…) Están parando a todos y todos es grúa, no hay consideración, patrulla que para IMOS, patrulla que se lleva la grúa al carro”, concluyó.
