EU investiga a mandos de la FESC

Joel Héctor Manuel Valenzuela Bernal, alias “El Princeso”, es un hombre que se mueve con bajo perfil dentro de las filas de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC). Tiene apenas 8 años en la corporación, pero desde agosto del 2017 que ingresó, se ha desplazado en diversas áreas y ha saltado a cargos de poder debido a que sus vínculos familiares le han dado beneficios para ascender mucho más rápido que cualquier otro uniformado.

Para nadie dentro de la FESC le es ajena la información de que comparte genes con la ex primera dama Brenda Ruacho Bernal, esposa de Francisco Vega de Lamadrid, último gobernador panista en Baja California, lo cual le facilitó el ingreso a la corporación. No es descabellado pensar que por este favoritismo es que Valenzuela Bernal se enlistó en las filas del PAN el 30 de julio del 2014, partido político que lo mantiene dentro de su padrón hasta este momento.

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Con el arribo del general Laureano Carrillo Rodríguez a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), y del hombre de sus confianzas, el teniente coronel Jorge Enrique Medina de Jesús, el Princeso, alcanzó lo que en los gobiernos del PAN no pudo: un cargo directivo dentro de la corporación.

El joven originario de Tijuana que apenas ronda los 34 años de edad, actualmente es considerado una persona de interés para el Gobierno de los Estados Unidos y ya existe una investigación por parte de Homeland Security Investigations (HSI, por sus siglas en inglés) por el delito de conspiración por corrupción y delincuencia organizada, motivada por proporcionar información sensible y de inteligencia a grupos delictivos, con la intención de que puedan operar para su protección, lo que representa un riesgo para la seguridad interior de Baja California y de los Estados Unidos. De la misma indagatoria se desprenden posibles actos vinculados al tráfico de drogas.

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A raíz de este expediente, un total de 15 elementos de la FESC, entre ellos mandos de la dependencia, se encuentran bajo investigación del Gobierno de Estados Unidos; a algunos ya les fueron retiradas las visas, otros se encuentran en proceso de que el vecino país del Norte revise su situación legal.

Esta información fue proporcionada por autoridades estadounidenses al Gobierno de Baja California, quienes días después ordenaron removerlo de la Dirección de Investigación de la FESC, cargo que ocupó durante menos de un mes.

LO INVESTIGAN DESDE EL 2019

El miércoles 13 de agosto, la diputada petista, Yohana Gilvaja, hizo una serie de cuestionamientos a la fiscal María Elena Andrade Ramírez sobre algunos de sus fiscales y actuaciones de la institución, pero uno de los comentarios fue dirigido directamente hacia Joel Héctor Manuel Valenzuela Bernal.

La legisladora acusó a Valenzuela Bernal de dirigir el operativo realizado en Balboa Residencial, en Mexicali, donde -dijo- recuperó droga de Los Rusos.

“De este mando que debería estar sujeto, ¿cómo pudo pasar los exámenes de C3 que la propia institución realiza y por qué tenemos tanto malandro cuidando a la ciudadanía?”, refirió la joven tijuanense.

La fiscal no se posicionó específicamente sobre el Princeso, pero aseguró que días después la Fiscalía General del Estado (FGE) llevó a cabo un cateo dentro del mismo domicilio donde localizaron grameras, vestigios de droga, entre otros utensilios que sugieren que se desarrollaba actividad criminal.

La pregunta resulta válida dado que Valenzuela Bernal habría generado la atención de autoridades estadounidenses desde el 2019, pero no fue hasta el 2023 cuando comenzaron a seguirle la pista con mayor interés.

Aunque no ocupaba puestos directivos, el Princeso se ganó la confianza del teniente coronel Juan Manuel Corral -hoy fallecido- durante la gestión del general Leopoldo Tizoc Aguilar Durán, donde llevó a cabo algunas intervenciones. Ya en ese entonces llamaba la atención de autoridades y motivó investigaciones en sus vínculos.

Fue así como al menos 15 agentes y ahora ex agentes, fueron ubicados en la célula criminal que encontró su centro de operaciones en Tijuana. Durante este tiempo lograron operar de manera sistemática y organizada brindando información a grupos delictivos, pero también realizando intervenciones no registradas. Pese a ello, las autoridades bajacalifornianas nunca lo identificaron ni sancionaron. De hecho, ninguno tuvo problemas con acreditar los exámenes de control y confianza.

BALBOA Y EL CARGAMENTO DE CRISTAL

Aunque el caso más mediático en el que se implicó a Valenzuela Bernal, se originó en el municipio de Mexicali, donde el pasado lunes 27 de julio, dos grupos de agentes estatales irrumpieron en viviendas localizadas en residenciales de acceso restringido, Balboa y Montecarlo, no es el primer caso en el que se vincula al Princeso.

Cabe recordar que en el caso Balboa, donde fue intervenida la agente investigadora Itzel Areli López Lara, adscrita al área de UTMC en la Delegación La Mesa, en Tijuana (pero que residía con su pareja en el municipio de Mexicali), los agentes estatales dirigidos por Valenzuela Bernal y a cargo del teniente coronel Medina de Jesús, irrumpieron en la vivienda marcada con el número 2830 de la avenida Andenes, para golpear y robar.

Desde hace aproximadamente un mes tenían la información de centros de operaciones de Los Rusos, específicamente, de Junior Antonio Astorga López, alias “El J5”. Las propiedades fueron ubicadas en Montecarlo y Balboa, por lo que ese día montaron un operativo para reventar ambas viviendas. En la primera localizaron un gran número de envoltorios con cristal, mismos que colocaron en un vehículo Taurus para disimular la intervención.

En Balboa, la intervención fue desastrosa, pues fueron captados ingresando al residencial con 12 unidades que -aseguró el general Laureano Carrillo Rodríguez- atendían un caso de violencia familiar, lo cual resultó ser poco creíble.

Los agentes estatales rompieron la pluma e irrumpieron en la vivienda, donde amedrentaron a la agente investigadora, pero también torturaron a su esposo, de nombre José Ricardo Castelán Sánchez, de 29 años de edad, conocido como “El JR”, presunto integrante de Los Rusos (inocente en tanto no se determine su responsabilidad mediante la sentencia de un juez, según el artículo 13 del CNPP), para después robarle 200 mil pesos, joyería, perfumes y todo lo que encontraron entre sus pertenencias.

Cuando el secretario Laureano Carrillo, fue cuestionado por los medios de comunicación, reconoció que ambas intervenciones estaban vinculadas; pero mientras que en la primera presumió el decomiso de droga, en la segunda aseguró que no podía brindar detalles. La realidad es que no hubo informe policial homologado de la intervención y no hay datos oficiales del operativo, lo que sugiere que la intención de los agentes no era obtener un resultado. A la fecha, el secretario no ha podido detallar lo que ocurrió esa noche y ahora ha referido que la responsable de esclarecer los hechos es la fiscal María Elena Andrade, desentendiéndose de los hechos de carácter administrativo.

La Fiscal, a su vez, no habló de los policías que irrumpieron en la vivienda de manera ilegal -pues carecían de una orden de cateo-, además que la misma Itzel desmintió que se tratara hubiera un reporte de violencia familiar emitido por ella. Lo que sí hizo es acusar a la agente investigadora de pagar rentas de 30 y 50 mil pesos en dos residenciales, una cifra desproporcionada con respecto a su salario, además de decir que al día siguiente de la irrupción de la FESC, llevaron a cabo un cateo donde encontraron grameras, vestigios de droga y hasta armas.

En este caso se tiene pleno conocimiento que la intervención directa fue por parte de ambos mandos policiales. Sin embargo, se generaron cambios dentro de la corporación que no correspondían a quienes participaron en la operatividad, como, por ejemplo, el director de la FESC, Oziel García; y el coordinador en Mexicali, Felipe Razo.

El segundo episodio -quizás el más certero- ocurrió después de una intervención realizada por elementos de la FESC en la carretera Ensenada-Tijuana, donde incautaron un cargamento con media tonelada de cristal.

El operativo realizado hace poco más de un mes concluyó en uno de los cargamentos de droga más importantes que han sido incautados en Baja California durante la administración de Marina del Pilar Avila Olmeda. Sin embargo, autoridades estatales identificaron que un gestor intentó disuadir a policías de liberar el cargamento antes de presentarlo formalmente.

La intención era que el tractocamión cargado de frutas y droga no fuera reportado y que continuara con su destino a cambio de una fuerte suma de dinero. Sin embargo, los oficiales encargados del caso se negaron.

En las negociaciones que llevó a cabo el gestor se logró identificar que había una gran coincidencia con la voz de Valenzuela Bernal, lo cual fue identificado y confirmado por funcionarios de HSI en Estados Unidos, a través de intervenciones telefónicas, por lo que se emitió una alerta al respecto.

Fue así como empezaron a seguirle la pista de forma más estrecha y ubicaron otro tipo de incidentes con la operación de este “micro-cártel” dentro de la corporación.

Tras conocerse esta información por el Poder Ejecutivo, se ordenó separarlo de la Dirección de Investigación, siendo sustituido por el teniente coronel en retiro, Carlos Mederos, el cual dirigirá ahora los operativos de inteligencia.

Pese a la orden, desde la Coordinación Estatal de la FESC intentaron rescatar a Valenzuela Bernal, anunciando que sería colocado en un área de análisis de datos e inteligencia, bajo el argumento de tener un destacado desempeño, por lo que se le crearía una nueva dependencia.

La investigación arroja posibles vínculos con integrantes de la delincuencia organizada de alto nivel en Tijuana.