El gobierno morenista de Baja California otorgó la concesión a 30 años para construir y operar cuatro carriles confinados a lo largo de 12 kilómetros del Corredor 2000 en Tijuana a Grupo HYC, S.A. de C.V. (también conocido como Grupo HYCSA), consorcio en el que figura como uno de los propietarios Alfredo Feliciano Calzada Prats, hijo del priista tabasqueño Feliciano Calzada Padrón, fundador de Calzada Construcciones S.A. de C.V., una de las empresas del consorcio que estaría participando en la concesión.
Entre los cargos que desempeñó en su carrera política Feliciano Calzada Padrón, destaca haber sido en dos ocasiones diputado federal por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) (1973-1976 / 2000-2003). En la gubernatura de Roberto Madrazo Pintado (afín al expresidente Carlos Salinas de Gortari) fungió como secretario particular de Madrazo y después fue su coordinador de la precampaña a la Presidencia de la República.
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En su portal de internet, Grupo HYCSA indica que cuenta con 28 años de experiencia. Algunas de sus filiales son: Calzada Construcciones S.A. de C.V. (Calco), HYCSA Hidrovías y carreteras, S.A. de C.V.; HYCSA Edificaciones y Proyectos, S.A.P.I de C.V. e HYCSA Transportes y Logística, S.A. de C.V.
Ha construido diversas obras de infraestructura en México, como el segundo puente vehicular sobre el mar más largo del país, de 3.4 kilómetros, desde la Isla del Carmen a la Isla Aguada, en Campeche.
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Hasta el cierre de edición (19 de agosto), el fallo de la concesión otorgada por el gobierno de Marina del Pilar Ávila Olmeda no había sido publicado en el Periódico Oficial del Estado. Sin embargo, la construcción de los cuatro carriles confinados está prevista para arrancar en septiembre próximo, según lo declaró Arturo Espinoza Jaramillo, secretario de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Reordenación Territorial (Sidurt).
La empresa ganadora presentó una de las tres propuestas que recibió el gobierno estatal, dijo el funcionario, sin detallar las otras dos empresas. Cabe señalar que el procedimiento para adjudicar la concesión no puede consultarse en el portal de la Oficialía Mayor (dependiente de la Oficina de la gobernadora), pese a que esta dependencia está a cargo de determinar el contenido y las condiciones del título de concesión.
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La construcción de la obra tardará de 18 a 20 meses, y se ha estimado que requerirá una inversión de más de mil 300 millones de pesos.
Las tarifas de peaje, sin IVA, para circular a lo largo de los 12 kilómetros de carriles confinados serán: en automóvil de 53.6 pesos, a razón de 4.47 pesos por kilómetros. Camión unitario de 109.68 pesos, a razón de 9.14 pesos por kilómetro. Y de camiones articulados de 174.24 pesos, a razón de 14.52 pesos, según información obtenida por ZETA.
Espinoza Jaramillo recordó que la concesión implica la construcción de cuatro nuevos carriles de circulación (en la parte central) del Corredor 2000, también conocido como Bulevar 2000; tramo comprendido de la carretera libre Tijuana-Tecate a la carretera de cuota Tijuana-Tecate, por el que circularán alrededor de 20 mil vehículos diariamente.
“Está considerado construir un par de puentes para que los nuevos cuatro carriles permitan que existan varios retornos nuevos que van a considerarse y que sean muy formales y oficiales y seguros”, añadió.
Dentro de la contraprestación para el gobierno se consideró la rehabilitación de los cuatro carriles existentes, que seguirán siendo libres, sin cuota de peaje. Los cuales tendrán pavimento nuevo encima del concreto actual, haciendo reparaciones de las zonas que están dañadas, detalló el titular de Sidurt en entrevista con ZETA.
RECURSO DE INCONFORMIDAD CONTRA IMPROCEDENCIA DEL PLEBISCITO
El pasado 20 de agosto, integrantes del Colectivo Ciudadano Pro Plebiscito Baja California presentaron un recurso de inconformidad contra el Acuerdo del Consejo General del Instituto Estatal Electoral (IEE) -aprobado con cuatro votos a favor y tres en contra- que determinó intrascendente e improcedente la solicitud de plebiscito sobre la concesión de los carriles confinados del Bulevar 2000.
El representante legal del Colectivo, José Ángel Peñaflor, indicó que el recurso de inconformidad tendría que resolverse por el Tribunal Electoral “a la brevedad posible”, en uno o dos meses, luego de que el IEE se lo remita. En ese sentido, confió en que la resolución del Tribunal será favorable al plebiscito, toda vez que las resoluciones del IEE son sumamente deficientes y no están claras.
Ante la resolución del Consejo General del IEE se tiene la posibilidad de iniciar otro proceso de plebiscito conforme los argumentos esgrimidos por la autoridad electoral, de que el plebiscito nace cuando ya concedieron la concesión. O bien, completar el número de firmas que faltan en Ensenada y Tecate, considerados de último momento en el Acuerdo aprobado el 8 de agosto pasado, aun cuando en principio se ubicó la territorialidad en Tijuana.
El gobierno puede seguir construyendo los carriles, pero “quién se quiere arriesgar a construir bajo términos inciertos, porque depende de lo que decida un tribunal”, añadió.
Marco Antonio Mariscal Omaña, miembro del Colectivo, criticó a los consejeros Guadalupe Flores Meza, Jorge Alberto Aranda y Vera Juárez Figueroa por haber votado a favor del Acuerdo contra el plebiscito. “Fue una falta de ética total, de corrupción política total, de una línea que les manda el Ejecutivo estatal directamente”, porque en sus argumentos jurídico-constitucionales muy pobres se dedicaron a defender la obra para no permitir la participación ciudadana, añadió.
El proyecto del Corredor 2000 fue presentado, como parte del Programa Respira, por la gobernadora en abril de 2022. Desde entonces se sabía que sería de peaje y se haría con inversión privada; que en ese momento estaba proyectada en 600 millones de pesos.
Incluso días antes de iniciar el actual gobierno, en una entrevista concedida a ZETA, Marco Antonio Moreno Mexía -hoy secretario de Hacienda- ya había perfilado la obra al señalar que la intención era recuperar vialidades importantes que tengan posibilidad de generar un aforo como el Bulevar 2000.
“Hay un plan que pudiera permitir cobrar a todo el tráfico industrial un aforo por el uso de la vialidad y que se justifica de manera muy clara por las condiciones en las que está”, señaló en octubre de 2021.
Fue después de que se emitió la declaratoria de necesidad de la concesión en enero de 2025 cuando surgió el movimiento ciudadano pro el plebiscito.
