El grupo Elementa DDHH denunció la falta de transparencia y cifras modificadas en materia de desapariciones forzadas por parte de la Fiscalía General de Baja California, luego de su comparecencia ante el Congreso del Estado.
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El organismo publicó a través de sus redes sociales un posicionamiento en contra de la propia autoridad investigadora del estado, argumentando que durante la comparecencia de la fiscal Ma. Elena Andrade Ramírez ante el Poder Legislativo el pasado 13 de agosto de 2025, la funcionaria celebró un supuesto avance en materia de desaparición forzada, exponiendo datos que contrastan con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, así como con la información emitida mediante transparencia por la propia fiscalía.
Rebeca Demuchelis, integrante de Elementa DDHH, dijo que los datos que compartió la fiscal son poco creíbles, debido a que no existe un respaldo en cuestión de cifras que se pueda consultar. Más aún, señaló, cuando en los últimos años dicha situación de personas desaparecidas se ha disparado en el país y en Baja California.
“Fiscalía, como otras autoridades, pues dan números sin tener respaldo, que se pueda consultar la cifra, estas siempre son inconsistentes. Entonces estamos en un punto donde estamos observando que en los últimos dos o tres años, el incremento de las desapariciones ha sido mucho más alto que otros años y, sobre todo, por ejemplo, en municipios como San Quintín y San Felipe”.
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Dentro de las inconsistencias identificadas entre los datos consultados por Elementa y lo dicho por Andrade Ramírez, destacan las cifras de carpetas abiertas en materia de desaparición forzada. La funcionaria señaló que se han abierto alrededor de 26 mil, mientras que, tras solicitudes realizadas mediante transparencia, la propia fiscalía ha informado que son más de 40 mil.
“La suma de estas carpetas asciende a más de 40 mil carpetas abiertas y los datos que dio la fiscal son mucho más abajo; no hay mecanismos que nos ayuden a verificar la veracidad de la información y la principal inconsistencia es esa, que la fiscal habla de 26 mil carpetas en un periodo que nosotras, por respuesta de la misma fiscalía, tenemos un registro de 40 mil”.
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Concluyó señalando que es sumamente preocupante que las autoridades en Baja California no reconozcan que existe un problema de desapariciones forzadas en el estado, y más aún, que presenten cifras frente a las y los diputados sin contar con respaldo o desglose de las mismas. Subrayó que es urgente el reconocimiento oficial del problema para que realmente existan mecanismos y estrategias eficaces que busquen inhibir esta problemática que tanto ha afectado al estado.
