Por instrucciones de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, el General Laureano Carrillo, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSCBC), retrasó la aplicación del decreto que ordenó el retiro de escoltas armados que tenían asignados algunos empresarios bajacalifornianos.
De acuerdo a datos declarados por el General Carrillo, en Baja California, solo la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC), tiene asignados 120 agentes como escoltas; 38 de ellos con políticos o funcionarios públicos; 43 agentes con empresarios que pagan 52 mil pesos- no mencionó periodicidad- por sus servicios; y los ciudadanos protegidos por medidas cautelares. En Tijuana, casi 69 elementos municipales estaban comisionados a seguridad empresarial, informó el Ayuntamiento.
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Las autoridades no han informado cuántos agentes municipales más serán retirados, en Mexicali, Ensenada, Tecate y Rosarito.
El 2 de julio al final de una de las conferencias semanales del gobierno del estado, Carrillo fue entrevistado respecto a la aplicación de la reforma a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos publicada el 29 de enero del 2025, que prohibió el uso de “ armamento y municiones correspondientes a una licencia oficial colectiva” de las corporaciones de seguridad “en actividades de carácter privado, tales como seguridad a particulares, seguridad a los bienes y seguridad en el traslado de bienes o valores”, el cual ordena entre en vigor al día siguiente de su publicación.
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El secretario del estado respondió “lo tenemos que hacer de manera inmediata, no hay más plazo, no podemos violar la Ley y hay que ajustarnos a ella”, pero casi un mes después, en la conferencia del 30 de julio, anunció que los elementos de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) comisionados con personas de negocios serían retirados a partir del 1 de agosto.
Antes, atendiendo el decreto, la secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal de Tijuana a cargo del José Alejandro Avilés Amezcua, concluyó el desarme de escoltas asignados a empresarios, bajo su jurisdicción, a finales del pasado mes junio.
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Personal de la secretaría municipal explicó a los afectados la obligatoriedad de la aplicación de la reforma, les comentó que, si lo deseaban, podrían conservar a los policías, pero sin arma. Si no, los muchachos regresarían a las filas de la policía, sin que hubiera problemas económicos, porque no hay cobros anticipados de contratos, se pagaban por mes y se podían suspender sin afectación económica para el usuario.
Argumentando el clima de inseguridad, la incidencia en robos, asaltos bancarios, secuestros, extorsiones, privaciones de la libertad y homicidios, los escoltados hablaron con el alcalde Ismael Burgueño y el secretario de seguridad Avilés, pero ambos les reiteraron la obligatoriedad y el origen federal de la reforma.
El retiro de las armas a los policías-escoltas de Tijuana duró alrededor de una semana. Les quitaron las pistolas, conforme cada elemento se reportaba al cambio de turno. En el ínter, hombres y mujeres de negocios hicieron llegar sus inquietudes a la gobernadora Ávila, respecto a la violencia e incidencia aún no controlada en el estado y la ausencia de opciones para protegerse.
Los comerciantes refirieron a los funcionarios, que no habían reaccionado antes porque creyeron que era como otras ocasiones, cuando al inició de los gobiernos les habían advertido del retiro de escolta porque los agentes hacen falta en la calle para combatir la inseguridad pública, pero que después de varias charlas con integrantes de los Poderes ejecutivos, no se los quitaban o se los regresaban.
Dos o tres de los afectados decidieron llevar su inconformidad a la federación, como lo hicieron los representantes del Grupo Caliente de Jorge Hank, ex interno del penal del Hongo, quienes además de su seguridad privada, tenían contratados 38 elementos armados de la municipal – del total de 69 asignados como escoltas-, ellos se trasladaron a la Ciudad de México a quejarse de la falta de respuesta de las autoridades locales, pero tampoco consiguieron ser la excepción a la regla.
La mayoría de los afectados, le pidieron a Ávila que hablara con el gobierno de Claudia Sheinbaum en nombre de ellos, pero lo único que lograron fue el retraso de un mes para la aplicación del decreto, con excepción de los comerciantes que tenían asignados policías municipales de Tijuana, este proceso ya estaba concluido y no pudieron revertirlo.
El argumento para la prórroga no oficial, en boca del mismo secretario estatal, Laureano Carrillo, fue, “estamos hablando con los empresarios, tampoco se les puede retirar de manera violenta o manera rápida la seguridad, tenemos que darles alguna opción, que puedan contratar un servicio privado”.
Detalló a principios del presente mes que, en junio pasado, la secretaría había iniciado una revisión de las 329 empresas de seguridad privada con registro en el estado, y detectaron que 80 de ellas, no presentaron los informes obligatorios mensuales, de la gente que dan de alta o de baja las armas que se les llegan a perder, actividades de adiestramiento que reciben etcétera, algunas no lo habían hecho en seis meses y otras hasta en 10 años.
“De esas empresas tenemos 29 que tiene permiso de portación de arma de fuego”.
De casi tres decenas de empresas, cuando los empresarios tijuanenses preguntaron por recomendaciones, la secretaría de Carrillo, sólo recomendó cuatro, argumentando que son las de “menos irregularidades, que cumplen normatividad y estándares”.
Seguridad Privada Guns 8A, S.A de C.V., una empresa registrada en Ciudad de México con dirección en Morelos; Sistema Integral de Protección, Escoltas y Defensa, S.A. de C.V., esta ha pasado por varios dueños, militares, ha sido señalada por malos manejos, armas; Grupo Maya Protección Privada y Empresaria, S.A. de C.V, empresa regiomontana; y Seguridad Privada Integral Macotela, S.A. de C.V., franquicia con origen en la ciudad de México, que a inicios de año era operada por José Alberto Castellanos González, quien en 2009 siendo policía municipal de la ciudad de Tijuana fue declarado prófugo de un operativo federal contra elementos de seguridad con presuntas ligas con el CAF, que después fueron liberados, también fue coordinador ejecutivo con la ex procuradora Perla Ibarra (2013-2019) cargo en el que fue señalado a través de narco mantas de proteger a traficantes.
El secretario Laureano Carrillo, informó que también están analizando caso por caso, para saber si está debidamente justificada la actual asignación de 38 agentes de la FESC como escoltas de políticos, y si el análisis de riego resulta negativo, les serán retirados.
