Después de casi cuatro años de que la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda le cedió la responsabilidad de la seguridad a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), es importante analizar qué resultados ha traído la militarización de la seguridad a Baja California, donde según el último informe del INEGI la percepción de la inseguridad ronda en el 78 por ciento, al menos en Mexicali.
Es decir, tras 4 años de política militar en la seguridad la gente confía menos en sus autoridades que antes.
Publicidad
La cura del Gobierno de México no fue una nueva estrategia, sino continuidad, lo que ha quedado claro -en la historia- no ha dado resultados positivos; y ahora, desde el 2021, la política pública y operativa recae en el secretario de Seguridad, posición tomada por la secretaría de la Defensa Nacional
El pasado lunes 28 de julio, un grupo conformado por 12 unidades de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) irrumpió en el residencial Balboa, en la Zona Dorada de Mexicali. Allanaron una vivienda y agredieron a una joven policía de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), quien denunció además episodios de tortura contra su familia y el hurto de una fuerte suma de dinero.
Publicidad
El general Laureano Carrillo Rodríguez dijo ante medios de comunicación, que los agentes habían ingresado al residencial y al domicilio a raíz de un reporte de emergencia sobre un caso de violencia familiar. Sin embargo, en los videos de las cámaras de vigilancia y difundidos en redes sociales se observa que un total de 12 unidades participaron en la intervención, lo que discrepa con la historia de la atención de casos de violencia doméstica, ¿cuántas veces en la historia reciente se habrán requerido 12 unidades de policías estatales para atender un asunto doméstico?
Evidentemente, se trata de una falacia para justificar la irrupción en el domicilio donde -según la víctima- le robaron una fuerte suma de dinero, joyas, perfumes y demás, pero no reportaron detenidos. Es decir, sólo ingresaron al domicilio, cometieron -presuntamente- actos de tortura y se retiraron.
Publicidad
El único “resultado” presumido por la corporación fue el hallazgo de un cargamento de heroína y cristal, que -según refirieron- se ubicaba dentro de un vehículo Taurus estacionado a las afueras de un domicilio ubicado en el residencial MonteCarlo 3, adyacente a Balboa Balboa.
Lo que dicen realmente sucedió: los agentes estatales irrumpieron en la vivienda, tomaron lo que encontraron al interior y lo colocaron en el auto. El primer domicilio es -presuntamente- una oficina de un conocido criminal apodado el J5, perteneciente a la facción de los Rusos. En esa casa obtuvieron información de la segunda, por lo que extendieron el operativo.
El propio general aseguró que ambos casos estaban ligados, pero en la narrativa oficial y la de los comunicados de prensa no se precisó así. Por el contrario, se intentó demostrar que se trataba de hechos aislados.
El equipo del General, conformado por el Director del Área de Inteligencia, Joel Héctor Manuel Valenzuela Bernal; el Coordinador General Operativo, Teniente Coronel Enrique Medina de Jesús; el Coordinador del Centro Estatal de Inteligencia, Mayor de Infantería Juan Ventura Quiroz; y el director de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana, Arturo García Hernández, cometió un acto abusivo donde ignoró por completo cualquier precaución policial y protocolo de atención de investigación y Derechos Humanos; hicieron un desastroso operativo que sólo les da armas a los grupos delictivos para defenderse.
