Las investigaciones federales respecto al tráfico de combustibles conectaron los últimos casos de “huachicol” o robo de combustible, con Juan Manuel Múñoz Luévano, alias “El Mono”, ex supuesto lavador de dinero de Los Zetas, y con Ernesto Guillermo Ruffo Appel, ex gobernador de Baja California, primer gobernador militante de un partido político diferente al Partido Revolucionario Institucional (PRI) en 60 años.
Así lo reveló, el 8 de julio de 2025, el diario Reforma. Ruffo Appel, de 73 años de edad, fue mandatario estatal bajacaliforniano, del 1 de noviembre de 1989 al 31 de octubre de 1995 y es militante del Partido Acción Nacional (PAN).
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El 7 de julio de 2025, el Gabinete de Seguridad Federal informó respecto al mayor decomiso de hidrocarburos en la Administración encabezada por Claudia Sheinbaum Pardo. Las autoridades aseguraron 129 ferrotanques con más de 15 millones 480 mil litros de combustible de procedencia ilícita en operativos realizados en Ramos Arizpe y Saltillo, Coahuila.
Conexión con “El Mono” Múñoz
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Múñoz Luévano fue detenido el 22 de mayo de 2025 en Torreón, Coahuila, cuando intentó intervenir en favor de los conductores de pipas que transportaban combustible ilegal. El empresario gasolinero arribó a las 06:50 horas a una agencia del Ministerio Público de la Federación (MPF) ubicada en la colonia Luis Echeverría Álvarez, donde presentó un comportamiento violento junto con sus escoltas.
La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que Múñoz Luévano nunca fue puesto a disposición del organismo federal tras su detención. Las autoridades estatales lo vincularon a proceso por amenazas y posesión de cocaína, sin embargo, fue liberado el 24 de mayo de 2025, bajo medidas cautelares.
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La FGR integró la carpeta de investigación FED/COAH/TORR/0000604/2025 y sus acumuladas FED/COAH/TORR/0000613/2025 y FED/COAH/TORR/0000615/2025 respecto a la posible participación de Múñoz Luévano en el transporte ilícito de hidrocarburos.
Antecedentes criminales
Múñoz Luévano se declaró culpable el 20 de mayo de 2019 en Estados Unidos de cargos federales de lavado de dinero provenientes del narcotráfico ante el juez David Alan Ezra de la Corte Federal del Distrito Oeste de Texas. El 25 de noviembre de 2019, el empresario mexicano fue sentenciado tras convertirse en informante del Gobierno estadounidense.
El 21 de marzo de 2016, Múñoz Luévano fue arrestado en Madrid, España, donde permanecía en prisión acusado de blanqueo de capitales y narcotráfico. El 1 de marzo de 2019, el Gobierno español decidió extraditarlo a Estados Unidos.
Las intervenciones telefónicas realizadas por la Policía española revelaron las supuestas conexiones de Múñoz Luévano con políticos mexicanos, incluyendo a los hermanos Humberto y Rubén Moreira Valdés, Homero Ramos Gloria, Adrián Emilio de la Garza Santos y Jesús Torres Charles.
Permisos gubernamentales
Pese a las investigaciones de la Procuraduría General de la República (PGR), el Gobierno Federal encabezado por Enrique Peña Nieto otorgó a Múñoz Luévano permisos para transportar y vender gasolina. El 16 de marzo de 2017, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) le autorizó operar una gasolinera en Saltillo, Coahuila.
El 14 de enero de 2016, la CRE concedió a Múñoz Luévano una concesión a 30 años para transportar combustibles en la región Laguna, incluyendo los municipios de Mapimí, San Pedro, Matamoros y Viesca.
Vínculo con Ruffo Appel
El 8 de julio de 2025, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que las empresas estadounidense Belar Fuels y la mexicana Ingemar S.A. de C.V. fueron vinculadas al decomiso de combustible en Coahuila. Las autoridades señalaron que ambas empresas falsificaron documentos para ingresar a México más combustible del autorizado.
Ruffo Appel figura como accionista mayoritario de Ingemar. La empresa fue constituida en 2018 y recibió permisos de importación de hidrocarburos durante el último año de la Administración de Andrés Manuel López Obrador y los primeros meses del Gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo.
El 8 de julio de 2025, Ruffo Appel difundió un video grabado desde Mexicali, donde puso a disposición de las autoridades toda la información de Ingemar. El ex senador del Partido Acción Nacional rechazó los señalamientos y explicó que el permiso de importación fue obtenido mediante amparo tras siete años de gestiones.
Operaciones empresariales
Los ferrotanques decomisados tenían sellos de Lambrucar, empresa con sede en Houston y sucursales en Monterrey, San Luis Potosí y Querétaro. Las autoridades identificaron a Lambrucar como parte de una red de tráfico de combustible entre Estados Unidos y México.
La empresa Fundentes, ubicada en Saltillo, figuraba como destinataria de los ferrotanques asegurados. El combustible incautado incluía gasolina, diésel y destilado de petróleo.
Investigaciones en curso
Pardo confirmó el 8 de julio de 2025 que las indagatorias respecto al tráfico de combustibles continuarán “hasta donde tope”. La mandataria nacional advirtió que no protegerá a funcionarios ni empresarios involucrados en el huachicol.
Por su parte, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar Hamid García Harfuch, explicó que los operativos contra el huachicol son progresivos y han resultado en múltiples órdenes de aprehensión.
El funcionario federal vinculó el decomiso de Coahuila con el aseguramiento del buque Challenge Procyon en marzo de 2025, que transportaba 10 millones de litros de combustible ilegal desde Texas.
Las autoridades federales catearon siete gasolineras de la franquicia Cargo Gas, propiedad de Múñoz Luévano, como parte de las investigaciones. El 28 de junio de 2025, fueron asegurados 2 millones de litros adicionales de hidrocarburos en Saltillo, junto con 20 pipas, tractocamiones y equipos de bombeo.
