Donald Trump anunció, el 1 de julio de 2025, que su Gobierno propuso regularizar la situación migratoria de trabajadores agrícolas indocumentados en Estados Unidos, sin ofrecerles un camino a la ciudadanía. La propuesta incluyó la emisión de tarjetas o documentos temporales, bajo la responsabilidad de los empleadores, quienes tendrían control sobre los jornaleros. Trump precisó que estos trabajadores no accederían a la ciudadanía estadounidense, pero podrían laborar y pagar impuestos en el país.
Durante una visita a Florida, el magnate neoyorquino reconoció la dependencia de la agricultura estadounidense respecto a la mano de obra irregular, principalmente de origen mexicano. El mandatario estadounidense señaló que, sin estos trabajadores, los agricultores no podrían mantener la producción en sus tierras.
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Trump afirmó que su Administración mantendría una postura estricta en la frontera, pero también protegería a los agricultores y a otros sectores como la industria hotelera, que enfrentan situaciones similares respecto a la escasez de trabajadores.
Según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés), aproximadamente 42 por ciento de los 2.5 millones de trabajadores agrícolas en el país carecían de documentos migratorios en regla. La implementación de políticas de deportación masiva podría afectar gravemente a la industria agrícola, que depende de esta fuerza laboral para evitar pérdidas en las cosechas y aumentos en los precios de los alimentos.
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La propuesta de Trump se produjo en un contexto de incremento en los operativos migratorios y redadas en granjas y ranchos, principalmente en los estados de California, Florida, Georgia, Carolina del Norte y Washington. Agricultores y supervisores reportaron ausencias masivas de trabajadores tras las redadas, lo que provocó que cosechas quedaran sin recolectar y productos se perdieran en el campo. La reducción drástica de la mano de obra agrícola irregular generó preocupación respecto a la estabilidad de la cadena de suministro alimentario y la viabilidad económica de los productores.
En paralelo, el Gobierno estadounidense presentó un plan estratégico para facilitar el acceso a un estatus legal temporal a trabajadores agrícolas indocumentados y mejorar el programa de visas H-2A. La iniciativa, encabezada por la Secretaría de Agricultura y coordinada con los Departamentos de Trabajo y Seguridad Nacional, buscó reconocer el papel de los trabajadores del campo en la economía nacional. El programa H-2A permite a los agricultores contratar legalmente a trabajadores extranjeros cuando no hay mano de obra local suficiente, pero exige procesos de certificación y cumplimiento de condiciones laborales.
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Entre 2018 y 2024, la cantidad de visados H-2A para empleo agrícola aumentó 79 por ciento. Sin embargo, la Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO, por sus siglas en inglés) reportó 69 mil 294 violaciones a derechos laborales de trabajadores con visas H-2A entre 2018 y 2023, relacionadas principalmente con pagos inferiores al salario mínimo, deducciones ilegales, transporte inseguro y cobros indebidos por artículos de trabajo. El 92 por ciento de los empleados legales en el campo eran mexicanos.
Grupos pro-migrantes y sindicatos manifestaron reservas respecto a los programas de trabajo temporal, por considerar que la dependencia de un solo empleador fomenta abusos laborales y limita la protección de los derechos de los trabajadores. La propuesta de Trump no contempló una vía hacia la ciudadanía, lo que, según estos grupos, perpetuaría la vulnerabilidad de los jornaleros agrícolas y mantendría la presión sobre sus condiciones laborales.
El debate respecto a la regularización de trabajadores agrícolas indocumentados y la reforma del programa H-2A continuó en el Congreso de Estados Unidos. Legisladores, principalmente del Partido Republicano, urgieron a simplificar los trámites y garantizar la disponibilidad de mano de obra para evitar el colapso de la industria agrícola nacional.
-Con información de Reforma
