La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó, el 22 de julio de 2025, su “profunda alarma”, ante el resurgimiento de mecanismos de censura en distintos estados de México, “materializados en decisiones judiciales que vulneran la libertad de expresión, iniciativas legislativas regresivas y presiones administrativas contra medios de comunicación independientes”.
La organización sin fines de lucro -dedicada a la defensa y promoción de la libertad de prensa y de expresión en las Américas, conformada por más de 1 mil 300 medios del hemisferio occidental, con sede en Miami, Florida, Estados Unidos-, también mencionó los casos recientes que se han registrado los estados de Campeche, Puebla y Ciudad de México.
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“En semanas recientes, se han registrado varios casos que configuran una preocupante tendencia: Campeche: Un tribunal local impuso una orden judicial sin precedentes al periodista Jorge Luis González Valdez, prohibiéndole referirse a la gobernadora Layda Sansores, según informó la prensa local. La medida obliga al medio Tribuna Campeche a someter todo su contenido a revisión previa de un interventor judicial, constituyendo un claro caso de censura previa, proscrita por estándares internacionales y la Constitución mexicana. Esto sucede pese a que un tribunal federal ya había declarado inconstitucional una sanción anterior contra el mismo periodista”, recordó la SIP.
“Puebla: La reciente reforma al artículo 167 del Código Penal de Puebla amplía el delito de ‘ciberacoso’ e introduce un nuevo supuesto de ‘violencia digital’, que castiga con prisión a quien “realice publicaciones que afecten la dignidad” de una persona, según informes de prensa. La SIP advirtió que su redacción ambigua y amplia de la norma puede utilizarse para perseguir a periodistas, activistas o usuarios de redes sociales que critiquen a funcionarios públicos, lo que representa una forma de censura legal anticipada”, destacó la organización internacional.
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“Ciudad de México: El Instituto Nacional Electoral (INE) exigió al medio digital La Silla Rota que entregue documentos, videos y fuentes vinculadas a una investigación sobre presunta entrega de ‘acordeones’ en la elección judicial del 1 de junio. La amenaza de una multa de hasta 11 millones de pesos (cerca de US$590.000) en caso de incumplimiento, representa una forma de presión institucional e intimidación indirecta al ejercicio periodístico. La Silla Rota ha señalado que se pretende vulnerar su derecho constitucional al secreto profesional y la protección de fuentes. Se les llama ‘acordeones’ a listas que contienen información sobre candidatos o partidos políticos, diseñadas para facilitar el voto durante las elecciones”, dijo la SIP.
“Según señaló la Alianza de MediosMx, el caso de La Silla Rota no es aislado. En las últimas semanas el Tribunal Electoral de Tamaulipas ordenó al periodista Héctor de Mauleón y a El Universal retirar una columna crítica, con base en una demanda promovida por una candidata local. El [Instituto Nacional Electoral]INE colaboró en ese proceso entregando al tribunal datos personales del periodista. En otro caso, el organismo también pidió a la periodista Laura Brugés revelar la identidad de una fuente relacionada con los mismos ‘acordeones’, en contra de la legislación vigente que protege la secrecía periodística”, citó la organización internacional.
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“Estos casos no son hechos aislados, sino síntomas de un entorno institucional cada vez más hostil al periodismo. Nos preocupa que en un país democrático con marcos constitucionales sólidos, se usen herramientas judiciales, legislativas o administrativas para inhibir la crítica y fiscalización del poder”.advirtió José Roberto Dutriz, presidente de la SIP y director general de La Prensa Gráfica de El Salvador, citado en un comunicado.
“Estos hechos sientan precedentes graves. Si un medio local es obligado a someter su trabajo al visto bueno de un interventor judicial, o si se penaliza a un ciudadano por opinar en redes sociales, se está institucionalizando el silencio. Y si desde un órgano electoral se exige a periodistas revelar fuentes o enfrentar multas millonarias, estamos ante una forma sofisticada de coerción que no puede tolerarse”, expresó, por su parte, Martha Citlalin Ramos, presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP y directora general editorial de la Organización Editorial Mexicana (OEM).
