La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, y el empresario regiomontano Ricardo Benjamín Salinas Pliego escalaron, entre el 27 de junio y el 9 de julio de 2025, una confrontación pública respecto a un presunto adeudo fiscal por más de 74 mil millones de pesos, así como por señalamientos de misoginia y violencia política de género contra tres periodistas.
Durante su conferencia de prensa del 27 de junio de 2025, la titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF), Grisel Galeano García, informó que el Grupo Salinas, propiedad de Salinas Pliego, mantenía 32 litigios activos ante el Poder Judicial de la Federación (PJF), relacionados con créditos fiscales que sumaban dicho monto. La funcionaria explicó que el conglomerado había utilizado recursos legales para retrasar resoluciones durante más de una década, y señaló como ejemplo un juicio iniciado desde 2008 ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
La presidenta Sheinbaum Pardo justificó la difusión del caso, en respuesta a las críticas realizadas por TV Azteca, medio de comunicación también propiedad de Salinas Pliego. En la misma conferencia, afirmó que el empresario terminaría por pagar sus impuestos, y cuestionó el comportamiento de jueces que, según dijo, mantenían congeladas las resoluciones fiscales.
El 9 de julio de 2025, Sheinbaum Pardo expresó solidaridad con las periodistas Sabina Berman Goldberg, Vanessa Romero y Denise Eugenia Dresser Guerra, quienes denunciaron expresiones misóginas de Salinas Pliego en publicaciones de la red social X. “No se puede llamar a una mujer de la manera en que esta persona se dirige”, declaró la presidenta.
Los comentarios del empresario ocurrieron en el contexto de una disputa iniciada por artículos de opinión publicados por Berman Goldberg y Romero, en los que señalaron supuestos favores fiscales y laborales a favor del Grupo Salinas. Dresser Guerra se solidarizó con ambas columnistas, lo que motivó que Salinas Pliego respondiera en su cuenta con descalificaciones e insultos, negando que su conducta constituyera violencia de género.
En su respuesta, el empresario afirmó que enfrentaba “ataques sistemáticos” promovidos por la Administración federal. Acusó al Poder Ejecutivo de presionar a la SCJN, e incluso señaló que era utilizado como distractor frente a temas como inseguridad, contrabando y narcotráfico. Rechazó que los señalamientos en su contra tuvieran sustento jurídico y negó haber cometido delitos fiscales.
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“Presidente Sheinbaum, Hoy me obliga de nuevo a responderle, de presidente a presidente. No es nuevo que su administración me use como distractor. Sin embargo, sus recientes declaraciones apoyando a tres “escritoras” —financiadas por su gobierno y dedicadas a difamarme— me obligan a responder: ¿usted solo se solidariza con quienes están de su lado?”, escribió el magnate regiomontano, en su cuenta de la red social X.
“He enfrentado ataques sistemáticos, calumnias y juicios mediáticos orquestados por su gobierno. Por ello, le pregunto: ¿Por qué permite que se me llame “oligarca”, “delincuente”, “evasor”, “corrupto”, etc, sin pruebas, mientras les exige desesperadamente evidencia a quienes acusan al gobierno anterior y al suyo de complicidad con el crimen organizado? ¿Es justo que, desde el Ejecutivo, se dé línea a la Suprema Corte para que se me persiga por consigna política? ¿Por ser hombre debo tolerar abusos de poder, insultos y linchamientos públicos?”, insistió Salinas Pliego.
“Sus prioridades están equivocadas. Mientras usted defiende a quienes me atacan, México enfrenta crisis graves: Crecimiento del narcotráfico, contrabando y robo de combustible. Desmantelamiento institucional y una economía debilitada por el derroche. Esta semana, tres niñas fueron asesinadas, incluida una de 13 años desmembrada. ¿Dónde está su indignación feminista?”, agregó el empresario.
“Le hago un llamado claro: 1. Deje de perseguir a ciudadanos que trabajamos, pagamos impuestos y generamos empleos. 2. Enfóquese en resolver los verdaderos problemas del país, no en campañas de odio. 3. Solidarícese con las familias de las víctimas y actúe contra la violencia. No se trata de mí. Se trata de las libertades de todos. Defendamos a los mexicanos que quieren oportunidades, trabajo digno y un país sin miedo. Deje de usar la bandera de la violencia de género como excusa para encubrir abusos de poder”, finalizó Salinas Pliego.
Por separado, el 19 de junio de 2025, el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito ratificó un crédito fiscal de mil 603 millones de pesos contra Grupo Elektra, por omisión en el pago del Impuesto sobre la Renta (ISR) correspondiente al ejercicio fiscal 2012. El conglomerado consideró “ilegal” la resolución, y anunció que impugnaría la sentencia ante la SCJN.
Durante la primera semana de julio de 2025, la ministra Lenia Batres Guadarrama acusó que la SCJN actuaba de forma parcial al resolver recursos promovidos por las empresas de Salinas Pliego. Denunció que su exclusión de diversas votaciones obedecía a una estrategia jurídica del empresario, para evitar que se dictaran sentencias en su contra, en al menos tres amparos relacionados con adeudos fiscales superiores a 35 mil millones de pesos.
Además del adeudo fiscal, el empresario acusó, el 30 de abril de 2025, que el Gobierno buscaba revocarle la concesión de TV Azteca. Afirmó que la supuesta intención de la Administración federal respondía a un intento por silenciar la línea editorial de su televisora. Sheinbaum Pardo negó dicha intención, pero reiteró que todos los empresarios debían cumplir con sus obligaciones fiscales.
En un contexto económico adverso, Salinas Pliego también enfrentó una caída de su fortuna personal. El 2 de diciembre de 2024, el valor de las acciones del Grupo Elektra descendió 60 por ciento en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), lo que representó una pérdida aproximada de 4 mil millones de dólares en su patrimonio. El 3 de diciembre del mismo año, el conglomerado acusó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) de favorecer a un fondo de inversión al permitir la reanudación de operaciones bursátiles, presuntamente en violación de una medida cautelar.
La presidenta Sheinbaum Pardo reiteró, el 6 de diciembre de 2024, que el empresario debía pagar los impuestos correspondientes, y acusó que había buscado cobertura internacional para evitar cumplir sus obligaciones fiscales. El empresario, por su parte, aseguró que todas sus empresas eran rentables y acusó que las acciones gubernamentales eran parte de una estrategia para desacreditarlo públicamente.