Con 88 votos a favor y 16 sufragios en contra, el Pleno del Senado aprobó, el 1 de julio de 2025, en lo general y los artículos no reservados, el dictamen que creó la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, reglamentaria de la reforma al artículo 21 constitucional, cuyo decreto fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el martes 31 de diciembre del 2024, la cual le otorgó a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) -cuyo titular es Omar Hamid García Harfuch-, facultades de investigación, bajo la conducción y el mando del Ministerio Público de la Federación (MPF).
Alrededor de media hora después, con 77 votos a favor y 30 sufragios en contra, el Pleno de la Cámara Alta del Congreso de la Unión aprobó, en lo particular y los artículos reservados, en los términos del dictamen que creó la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
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A través de la cual, la SSPC Federal podría solicitar a cualquier institución de seguridad, del Estado o privada, información contenida en cualquier registro, incluidos biométricos, con el objetivo de obtener indicios y pruebas para investigaciones.
Los votos a favor, en lo general, fueron emitidos por los grupos parlamentarios de los partidos Morena, Verde Ecologista Mexicano (PVEM), del Trabajo (PT), Acción Nacional (PAN), Movimiento Ciudadano (MC). Mientras que los sufragios en contra fueron de la bancada del Revolucionario Institucional (PRI).
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“¡Esta ley no defiende a la gente, defiende al poder! Votamos EN CONTRA de las reformas a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública porque no busca seguridad, busca construir control, miedo y un Estado vigilante. ¡Esta no es una estrategia, es una amenaza a las libertades de las y los mexicanos!”, escribió el grupo parlamentario priista en el Senado, en su cuenta de la red social X.
“Esta reforma impone un modelo centralista y autoritario que debilita el federalismo y militariza la seguridad pública. Le quita recursos a estados y municipios, vulnera la autonomía local y los deja sin herramientas para proteger a su gente. Legalizan la vigilancia masiva sin control judicial: El gobierno podrá espiar dispositivos, acceder a datos bancarios, médicos o escolares sin orden judicial. Se institucionaliza el espionaje y se viola el derecho a la privacidad”, enfatizaron los senadores del PRI.
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“Con esta reforma, la Guardia Nacional queda bajo un régimen especial determinado por SEDENA. No tiene obligación de cumplir estándares civiles. Se pone en riesgo a ciudadanos y se vulnera la Constitución que exige un mando civil en seguridad. Esta reforma se aprueba sin diagnóstico, sin diálogo, sin presupuesto y sin escuchar a víctimas ni a expertos. ¡No fortalecen la seguridad, fortalecen el miedo! México no necesita un Estado espía, necesita justicia, verdad y respeto a las libertades”, insistió la bancada del PRI en el Senado.
Claudia Sheinbaum Pardo, titular del Poder Ejecutivo Federal envió, el 13 de febrero de 2025, a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, una iniciativa de reforma que crearía el Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública.
A través del cual, la SSPC Federal -cuyo titular es García Harfuch-, podría solicitar a cualquier institución de seguridad, del Estado o privada, información contenida en cualquier registro, incluidos biométricos, con el objetivo de obtener indicios y pruebas para investigaciones.
La propuesta expediría la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, reglamentaria de la reforma al artículo 21 constitucional, cuyo decreto fue publicado en el DOF, el martes 31 de diciembre del 2024, la cual le otorgó a la SSPC Federal, facultades de investigación, bajo la conducción y el mando del MPF.
El Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública sería una herramienta tecnológica de interconexión de los sistemas de inteligencia de los tres niveles de Gobierno, que debería recabar, procesar, sistematizar, analizar y utilizar información para crear bases de datos criminalísticos.
Además de aprovechar las herramientas tecnológicas y científicas, así como generar productos de inteligencia para contar con información de valor que aportara pruebas en el desarrollo de las investigaciones de objetivos específicos. La coordinación y operación del Sistema y de la plataforma tecnológica que lo alojaría y gestionaría, estaría a cargo de la SSPC Federal.
Asimismo, según la iniciativa presidencial, el titular de la SSPC Federal sería el encargado de promover y celebrar los convenios para la interconexión e integración de la información al Sistema, emitir las reglas y lineamientos para su funcionalidad, así como coordinar las acciones de colaboración de los tres niveles de Gobierno.
Aunado a lo anterior, en el proyecto se detalló que el titular de la SSPC Federal también podría requerir a las instituciones de seguridad pública, instituciones y dependencias del Estado, así como a entes privados la interconexión, el envío de información en materia de seguridad contenida en registros vehiculares y de placas, datos biométricos y telefónicos, registros públicos inmobiliarios, catastro, registros fiscales, telefónicos, de armas de fuego, de comercio, inmuebles, prestadores de servicios de seguridad privada, padrones de personas detenidas y sentenciadas, “en todos aquellos casos de donde pueda extra indicios, datos y pruebas para las investigaciones”.
Además, el titular de la SSPC Federal tendría también la atribución de recolectar, procesar, sistematizar, analizar y utilizar la información del Sistema, con el fin de producir inteligencia en materia de seguridad, realizar acciones de vinculación e incidencia con la Fiscalía General de la República (FGR), sus pares locales, los órganos del Poder Judicial de la Federación (PJF) y sus pares estatales, así como de disponer de la aplicación de medidas de inteligencia y de contrainteligencia con el objetivo de detectar, neutralizar, contrarrestar y combatir delincuentes, organizaciones y grupos criminales locales, regionales, nacionales e incluso trasnacionales.
Según la iniciativa enviada por Sheinbaum Pardo, el Sistema se conformaría a partir de la interconexión de los sistemas de investigación e inteligencia en materia de seguridad de las secretarías SSPC, de la Defensa Nacional (DEFENSA) y de la Marina (SEMAR), así como de la FGR, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), las fiscalías y secretarías de Seguridad locales, los centros penitenciarios de los tres niveles de Gobierno y las institución encargadas de la seguridad municipal.
La propuesta presidencial también propuso que a los entes privados no se les permitiría la interconexión de entes privados a las bases de datos y registros públicos, así como su participación en el Sistema se limitaría a permitir el acceso de la SSPC Federal a sus sistemas o registros, para obtener información que contribuyera a la seguridad pública.
Además, según la iniciativa enviada por Sheinbaum Pardo, podrían interconectarse, las secretarías de Gobernación (SEGOB), de Hacienda y Crédito Público (SHCP), de Relaciones Exteriores (SRE), así como la de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), además del Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Agencia de Transformación Digital, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), además los registros públicos y catastros.
Según la propuesta presidencial, con esto el Gobierno Federal retomaría el modelo de policía guiada por inteligencia, como un método preventivo basado en situar la investigación de cada tipo delictivo, a nivel territorio, a fin de lograr una actuación policial anticipada. Además, señaló que la Guardia Nacional (GN) podría acceder a información del Sistema, “así como diseñar productos y estrategias de inteligencia”, en colaboración con la SSPC.
