El Partido Acción Nacional (PAN) presentó, el 8 de julio de 2025, una acción de inconstitucionalidad ante el Poder Judicial de la Federación respecto a la reforma legal conocida como “Ley Censura”, impulsada por el Gobierno de Puebla, encabezado por Alejandro Armenta.
La impugnación fue acompañada por ocho mil 500 firmas ciudadanas, según lo informó Jorge Romero, dirigente nacional del PAN, quien advirtió sobre los riesgos para las personas que expresen críticas públicas contra autoridades gubernamentales.
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Romero estuvo acompañado por Luis Enrique Sánchez, académico e investigador de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, así como por un ex policía cibernético originario de dicha entidad. Ambos señalaron que la normativa representa una amenaza para la libertad de expresión, y que su redacción ambigua reintroduce la figura de la difamación penal, previamente desechada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Sánchez sostuvo que el artículo 480 del Código Penal del Estado de Puebla no protege a las víctimas, sino que fortalece el poder público frente a la crítica. También indicó que la reforma es incompatible con el artículo 6 constitucional y con diversos tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano.
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Romero afirmó que la acción de inconstitucionalidad constituirá la primera prueba para el nuevo Poder Judicial, que comenzará funciones el 1 de septiembre de 2025. Además, anticipó que Acción Nacional promoverá un amparo universal contra leyes recientemente aprobadas por el Congreso de la Unión y el Congreso del Estado de Puebla, relacionadas con el denominado “espionaje patrimonial”.
Mario Riestra Piña, dirigente estatal del PAN en Puebla, declaró que su partido continuará con acciones jurídicas y legislativas para defender las libertades constitucionales. Por su parte, Genoveva Huerta Villegas, secretaria general del PAN, señaló que la organización seguirá utilizando todas sus plataformas para proteger a quienes sostienen posturas distintas a las del Gobierno.
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Huerta Villegas sostuvo que la reforma en cuestión busca imponer una “mordaza” a la ciudadanía mediante sanciones penales que limitan el ejercicio de derechos fundamentales. Afirmó que desde el Congreso del Estado, la Cámara de Diputados y el Senado de la República, el PAN continuará con su estrategia legislativa en contra de lo que calificó como un intento autoritario por parte de Morena.
