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martes, julio 8, 2025
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ONU pide reconocer a buscadoras como defensoras de DD. HH.; AI documenta violencia contra ellas

El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), adscrito a la la Organización de las Naciones Unidas (ONU) expresó, el 7 de julio de 2025, su preocupación por la omnipresencia de la violencia contra mujeres y niñas en México, además de que recomendó al Estado mexicano reconocer formalmente a las personas buscadoras de desaparecidos, como defensoras de derechos humanos.

El CEDAW manifestó estar particularmente preocupado por la situación de las buscadoras, al observar que la mayoría de ellas eran mujeres, además de que la violencia y discriminación que enfrentaban constituía una persecución de género, que reforzaba las estructuras patriarcales.

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Al Comité de la ONU le alarmó que el trabajo de las buscadoras con frecuencia no fuera reconocido como defensa de los derechos humanos, creando barreras a los mecanismos de protección, a pesar de las iniciativas de verdad y justicia. Le preocupó, además, que la crisis de desapariciones forzadas coincidiera con la escalada de violencia letal que enfrentaban las buscadoras.

Ante ello, el CEDAW recomendó al Estado mexicano reconocer formalmente a las buscadoras como una categoría especial de defensoras de derechos humanos, estableciendo estándares mínimos a nivel nacional, para su definición y medidas de protección.

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El Comité de la ONU destacó su inquietud por el aumento de la violencia de género contra mujeres y niñas cometida por actores estatales y no estatales, incluidas organizaciones criminales, como desapariciones, tortura, violencia sexual y feminicidio, a menudo con armas de fuego.

Asimismo, el CEDAW enfatizó que esta violencia se veía agravada por respuestas ineficaces e insuficientes, incluso en el control de armas y las políticas de seguridad, así como la recopilación de datos.

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El Comité de la ONU también manifestó su preocupación por las reducciones presupuestarias para servicios de protección esenciales, incluidos los refugios y centros de justicia, que siguieron siendo mayormente inaccesibles para las mujeres con discapacidad y las mujeres de zonas remotas.

Aunque celebró la llegada de la primera presidenta al país, Claudia Sheinbaum Pardo, y la creación de la Secretaría de las Mujeres (SEMUJERES), el CEDAW expresó preocupación por su falta de independencia y posibles recortes.

El Gobierno de México, a través de las secretarías de Relaciones Exteriores (SRE) y de las Mujeres, reconoció las recomendaciones del CEDAW respecto a las madres buscadoras, destacando las más de 10 mesas de trabajo realizadas en 2025, así como los acuerdos alcanzados entre colectivas y la Secretaría de Gobernación (SEGOB).

Por su parte, la organización no gubernamental Amnistía Internacional reveló, el 8 de julio de 2025, que las mujeres que se encargaban de buscar a sus familiares, entre las más de 128 mil personas desaparecidas y no localizadas en México, debieron enfrentar un creciente número de violencias y afectaciones, que llegaron al extremo de costarle la vida al menos a 16 de ellas.

El informe ‘Desaparecer Otra Vez’ -presentado por la ONG, el 8 de julio de 2025, incluyó el testimonio de 600 mujeres buscadoras de 30 estados de México y de países como El Salvador, Guatemala y Honduras.

El informe detalló que 97 por ciento de las mujeres buscadoras entrevistadas declaró haber enfrentado violencias y afectaciones al buscar a personas desaparecidas. Entre las primeras destacaron amenazas (45%); extorsiones (39%); ataques (27%), desplazamientos forzados (27%); secuestros (6%), tortura (10%), e incluso violencia sexual, desapariciones y asesinatos.

Una mujer buscadora anónima en Chilpancingo, Guerrero, relató a la ONG que su casa fue baleada al menos en 100 ocasiones, mientras estaba con sus hijas. Además, una de cada dos buscadoras sufrió discriminación por género, situación económica, identidad étnico-racial, pertenencia a pueblos indígenas y por origen nacional o situación migratoria.

La organización no gubernamental internacional también detectó que una de cada dos buscadoras sufrió estigmatización y revictimización por parte de las autoridades, e incluso de sus propias familias y comunidades.

El informe indicó que solo 17 por ciento de las mujeres buscadoras acudió a las autoridades para denunciar actos de violencia y afectaciones o a solicitar servicios. Esto se debió a diversos factores, como desconfianza en el Gobierno, desconocimiento de derechos e, incluso, percepción de cooptación de servidores públicos por el crimen organizado.

Según AI, además de la violencia directa, las buscadoras enfrentaron consecuencias físicas, emocionales y económicas. Siete de cada diez declararon haber sufrido daños en su salud mental o física. Asimismo, seis de cada diez reportaron pérdidas económicas significativas, como la falta de recursos para transporte, alimentación o vivienda.

Araceli Rodríguez, madre buscadora del Estado de México, declaró que tenía problemas para respirar, se ahogaba constantemente, tuvo que ir al dentista porque perdió la dentadura. Había un desgaste físico y mental de buscar durante 15 años.

Las mujeres buscadoras identificaron en las instituciones públicas una reiterada falta de compromiso y actuación en las búsquedas de personas desaparecidas, lo cual llevó a las primeras a realizar la mayor parte del trabajo, incluso en las búsquedas organizadas por las autoridades.

En México las mujeres encabezan la búsqueda, con sus propias manos, picos y palas, localizan y excavan fosas. Lo hacen en condiciones de alto riesgo, ingresando a zonas peligrosas o incluso cruzando fronteras para seguir buscando a sus seres queridos.

Beatriz Zapoteco, buscadora de Guerrero, señaló que como víctimas indígenas estaban en un piso diferente, mucho más desproporcionado cuando venían de los pueblos. Mary Rodríguez, buscadora hondureña, mencionó que una de las principales dificultades era ir a México, porque no había tarjeta por razones humanitarias. Cruzar las fronteras era lo que más se les dificultaba.

La investigación de la ONG incluyó una serie de recomendaciones a las autoridades mexicanas para avanzar en la protección de las colectivas de búsqueda. Entre ellas, Amnistía Internacional instó a las autoridades mexicanas a reconocer la importante labor de las mujeres buscadoras y el derecho que tenían a buscar, ya fuera en conjunto con las autoridades o de forma independiente.

La Secretaría de las Mujeres, encabezada por Minerva Citlalli Hernández Mora, publicó un comunicado en el que mencionó que el Gobierno de México apreciaba las observaciones y comentarios positivos respecto a los avances logrados recientemente.

Respecto al caso particular de las madres buscadoras, el Gobierno de México destacó las más de 10 mesas de trabajo llevadas a cabo en 2025 y los acuerdos alcanzados entre colectivas y la SEGOB.

Entre los acuerdos SEMUJERES resaltó la inclusión del concepto de “familia social” como sujeto con legitimidad en procesos de búsqueda, particularmente relevante para comunidades LGBTIQ+ o el compromiso para armonizar leyes secundarias. También diseñar una política pública nacional de implementación y construir mecanismos efectivos de coordinación entre gobiernos estatales y fiscalías.

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Autor(a)

Carlos Álvarez Acevedo
Carlos Álvarez Acevedo
Reportero del semanario ZETA Tijuana y del periódico Noroeste de Culiacán, desde febrero de 2016.
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