Marina Ávila Olmeda, la gobernadora, como se ha confirmado en hechos recientes, no suele aparecer más en actos públicos donde la audiencia no esté controlada por ella o por el partido Morena al que representa.
Muy habituada a mostrarse en redes sociales en actos de apariencia espontáneos en taquerías, calles, obras y en pocas colonias, desde el 10 de mayo que hizo de conocimiento público, igual en redes sociales, que su visa para entrar a territorio estadounidense le había sido revocada, en una acción indirecta por el retiro del mismo documento a su esposo, Carlos Torres Torres, Marina Ávila dejó de ser el personaje de público, popular y del pueblo.
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Marcada por la negativa de un país a permitirle la entrada a su territorio, y además siendo que eso, la revocación de la visa, es un hecho que nunca antes había sucedido a un gobernador en funciones, ya no digamos gobernadora, la sumió en un ostracismo político y público del que poco a poco intenta salir… sin mucho éxito.
Su popularidad, antes en las primeras ligas, descendió hasta el último de los 32 lugares tratándose de los mandatarios en los Estados, y sus actos “públicos” pasaron a ser audiencias cerradas para público interesado y de a modo para ella. Como aquella “manifestación de apoyo” que le organizaron sus secretarios de Estado y Morena, al tiempo que en Tijuana se realizaba una réplica de la carnita asada mexicalense, la manifestación social más grande contra un gobernante de BC, después de la que se organizó contra Kiko Vega en el 2017 cuando intentó privatizar los servicios del agua.
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Al tiempo su estrategia política cambió. Dejó de mostrarse con su esposo de manera pública, aunque en privado le sigue favoreciendo con su confianza, a tal grado que el Día del Padre en este junio pasado, sus palabras prodigiosas fueron para su padre y no para el de sus hijos.
Carlos Torres, por su parte, es investigado por lavado de dinero y otros delitos en los Estados Unidos, motivo por el cual le fue revocada la visa, y en el entendido que, junto a su hermano Luis Torres Torres, es nombrado en una carpeta de investigación por huachicol en México, como parte del entramado en la defraudación fiscal.
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En varias ocasiones y a propósito que le revocaron la visa, la gobernadora ha justificado el no poseer el documento migratorio, tan necesario especialmente en una entidad fronteriza como lo es Baja California, argumentando que no necesita visa para gobernar el estado, o que los tacos le gustan más que las hamburguesas; al tiempo que pregunta a su cautiva audiencia quiénes no tienen visa para ser parte de una comunidad, cuando lo correcto sería preguntar a cuántos de los presentes les han revocado la visa.
Aun así, por primera ocasión en tres años, y como para intentar transmitir algo que no es en la realidad, Marina Ávila acudió presurosa a la celebración del Día de la Independencia de los Estados Unidos, celebrada por el Consulado de dicho País en Tijuana, el 2 de julio de 2025.
Primero llamó la atención de los organizadores que la gobernadora confirmara su asistencia al acto diplomático de celebración que se lleva a cabo cada año en la sede de la Embajada de los Estados Unidos en Tijuana, y que además hiciera público que asistiría, dado que los dos últimos años anteriores no acudió. En 2023, y en un claro enfrentamiento con la entonces alcaldesa de Tijuana, también de Morena, Montserrat Ávila, la asistencia de la presidenta municipal fue el argumento para no presentarse la gobernadora. Y en el 2024, sin dar motivo específico, sólo envió a su representante, el secretario de Gobierno.
Este 2025 y después de una campaña de casi dos meses para justificar que ella no necesita la visa de los Estados Unidos para gobernar Baja California, decidió presentarse.
No sólo la gobernadora participó en un acto de un país que le ha negado la entrada a su territorio y que investiga a su esposo, a quien primero le revocó la visa, sino que dio unas palabras en el acto y se hizo un sin fin de fotografías que su equipo de comunicación y medios aliados compartieron exhaustivamente.
La imagen de la gobernadora en la sede consular con el Cónsul Chris Teal fue compartida fervorosamente para dar la impresión de que la mandataria está mejor que nunca con los Estados Unidos. No es así. La realidad es que a esa celebración, y por protocolo, fueron invitados ella y otros actores de la política local, sin que ello signifique que su visa de turista le será regresada.
El gobierno de la Unión Americana, mantiene una veda sobre el ingreso de la gobernadora a su país; no hay una situación o acción que indique que su documento de viaje le será concedida de nueva cuenta, tal como ha sucedido con Jorge Hank Rhon desde el 2009, cuando le fue revocada la visa y no se le permite entrar a ese territorio, aun cuando ha tenido amables relaciones con cónsules de los Estados Unidos en Tijuana.
Es decir, que acudir a una sede consular no la exime de la revocación de la visa, ni le suma puntos, ni es una consideración a su favor en miras a recuperar el documento. Pero en su departamento de comunicación así lo han querido dar a entender… o por lo menos minimizar la gravedad que implica que a una gobernadora de un estado fronterizo le hayan revocado la visa para entrar al país vecino.
Este hecho, las muchas fotos compartidas de la mandataria en la celebración diplomática, tampoco ha disminuido la animadversión o antipopularidad que se ha ganado la gobernadora a partir del retiro de la visa, así como las investigaciones sobre su esposo y cuñado y el descubrimiento de una casa que ocupó en San Diego, que tiene un valor cercano a los cinco millones de dólares.
La realidad es que el hecho de que haya asistido a la celebración de la Independencia de los Estados Unidos solo implicó más trabajo para los grupos del orden en el Consulado, y no tuvo carga alguna en la recuperación de su visa.
Sin embargo, para una gobernadora acostumbrada a mantener su presencia política a través de las redes sociales, mediante la frivolidad de las imágenes y los cánticos de las sirenas virales, su presencia en el acto consular fue vendida como un voto de confianza por parte de un gobierno que le niega la entrada a su territorio por asociaciones sospechosas que empiezan en casa.
