Julio Javier Scherer Pareyón, diputado federal por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), acusó a Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), de actuar por motivos personales respecto a la investigación en su contra por presunta corrupción en la concesión del libramiento de Nogales, en el estado de Sonora.
El legislador federal señaló, el 8 de julio de 2025, que la actuación del fiscal responde a “una perversa agenda de persecución y de venganzas”, y afirmó que ni él ni su padre, Julio Scherer Ibarra, ex titular de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, enfrentan resolución judicial alguna en su contra.
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“Después de más de cuatro años de intentar fabricarnos delitos, no existe una sola resolución judicial en contra de mi padre, en contra mía o de algún miembro de mi familia”, escribió el legislador en un mensaje publicado en su cuenta en la red social X.
La acusación de Scherer Pareyón se produjo un día después que Gertz Manero informara, durante una conferencia de prensa realizada el 6 de julio de 2025, desde la sede de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Federal, que la FGR trabaja en la judicialización del caso para que llegue a tribunales en un plazo de dos a tres semanas.
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El funcionario federal no mencionó de forma directa al legislador, pero confirmó que se investigan presuntas irregularidades en la concesión del citado libramiento, cuya operación fue asumida en febrero de 2023 por la empresa Operadora de Caminos Carreteros Nogamex.
La firma concesionaria es propiedad de Jaime Aceves, socio de Scherer Pareyón. Fue creada el 25 de noviembre de 2022, un día después que el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, anunciara una inversión de 500 millones de pesos en el proyecto carretero de 12.5 kilómetros. La concesión fue aprobada por Jorge Nuño Lara, entonces titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) del Gobierno Federal.
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El 28 de febrero del mismo mes y año, Durazo Montaño aseguró que el Gobierno del estado había recuperado la vía sin invertir recursos, y un día después su Administración adquirió el 49 por ciento de las acciones de la empresa concesionaria.
El 19 de mayo de 2025, según una investigación presentada por la televisora Televisa, la FGR recibió una denuncia que acusaba a la SICT de ceder de forma irregular la concesión y extender su plazo a 34 años. En dicha denuncia también se señaló a Nuño Lara y a Durazo Montaño por presunto uso ilícito de atribuciones, facultades y encubrimiento.
Además, fueron señalados como parte de una supuesta red de corrupción Hugo Scherer Castillo y Valentina Scherer Navarro, parientes del ex funcionario federal Julio Scherer Ibarra, quienes junto con Scherer Pareyón habrían conformado una red de empresas con el empresario Aceves.
El titular de la FGR indicó que las órdenes de aprehensión contra los presuntos implicados estaban en trámite y aseguró que la investigación contaba con todos los elementos necesarios.
Respecto a otra indagatoria relacionada con el Viaducto Bicentenario, en la cual se involucra directamente a Scherer Ibarra, Gertz Manero indicó que esta es seguida por abogados particulares de las empresas involucradas, mientras que el caso del libramiento de Nogales fue iniciado de inmediato por la FGR y continuaría su curso sin excepciones.
Desde mayo de 2022, Scherer Ibarra enfrenta diversas investigaciones por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos. La FGR lo ha señalado por omitir la declaración de al menos siete inmuebles durante su ejercicio como funcionario público en el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
El ex consejero jurídico presentó, el 22 de abril de 2022, una denuncia contra Gertz Manero, así como contra otros servidores públicos de la FGR, por los presuntos delitos de tráfico de influencias, coalición de servidores públicos y asociación delictuosa. En dicha denuncia acusó al fiscal general de haber utilizado la institución con fines personales y de venganza.
En tanto, la FGR ha sido señalada por litigantes cercanos a Scherer Ibarra de fabricar delitos en su contra y ejercer presión mediante mecanismos coercitivos, lo que ha derivado en una serie de recursos judiciales que continúan abiertos.
