El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés) compartió, el 4 de julio de 2025, evidencias sobre el caso de Rafael Caro Quintero, alias “El Príncipe” -cofundador del Cártel de Guadalajara, el primero que hubo en México, junto a Miguel Ángel Félix Gallardo, “El Padrino” o “El Jefe de Jefes”, y Ernesto Fonseca Carrillo, “Don Neto”-, como grabaciones y fotografías de asesinatos.
En una carta firmada por el fiscal Joseph Nucella, se informó a la defensa legal del narcotraficante sinaloense, el contenido de los documentos a los cuales denominaron como “material de descubrimiento sensible”.
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En el escrito se señaló que entre las evidencias había grabaciones sobre el interrogatorio y tortura del del agente especial de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), Enrique “Kiki” Camarena Salazar. Además, habría fotografías de múltiples homicidios llevados a cabo en 1985 y un asesinato ocurrido en 1981.
El juez Frederic Block, de la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, fijó para el 18 de septiembre de 2025, la audiencia en la que Caro Quintero conocería los nuevos avances de la Fiscalía de EE. UU. para pedir o no que fuera susceptible de aplicársele la pena de muerte.
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó, el 17 de marzo de 2025, se le aplicaría “todo el peso de la ley” a Caro Quintero, quien, según datos del Buró Federal de Prisiones de EE. UU. (BOP, por sus siglas en inglés), se encontraba recluido en el Centro Correccional Metropolitano, Nueva York (MCC New York, por sus siglas en inglés), con el número de registro 12303-016, ello después de ser enviado por el Gobierno mexicano a Estados Unidos, por supuestas causas de seguridad nacional.
“Han estado buscando a esta persona por años y lo conseguimos. Este malvado asesino será procesado con todo el peso de la ley”, dijo el magnate neoyorquino, durante una conferencia de prensa, llevada a cabo en el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés).
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Asimismo, Trump se refirió al agente especial de la Administración Antidrogas de EE. UU. (DEA, por sus siglas en inglés), Enrique “Kiki” Camarena, quien fue presuntamente secuestrado, torturado y posteriormente asesinado, en 1985, por órdenes del capo sinaloense Caro Quintero.
“México entregó recientemente a los 29 líderes más grandes de los cárteles, incluido el depravado capo acusado del asesinato del agente de la DEA, Kiki Camarena”, afirmó el magnate neoyorquino.
La Fiscal General de Estados Unidos, Pamela Jo Bondi, y el Fiscal General Adjunto en funciones, Emil Bove, mantuvieron, el 28 de febrero de 2025, una “poderosa y emotiva” llamada telefónica con el Juez Enrique Camarena, hijo del agente especial de la DEA.
“En 1985, el Agente Especial Camarena fue secuestrado, torturado y asesinado. Su presunto asesino, Rafael Caro Quintaro, estaba entre los 29 acusados buscados que fueron puestos bajo custodia en los Estados Unidos ayer, quienes ahora enfrentarán un proceso judicial bajo la ley estadounidense”, recordó el DOJ, en un comunicado.
“El presidente Trump y yo estamos comprometidos a responsabilizar a todos los miembros de los cárteles por sus crímenes y a brindar justicia a las familias de todas y cada una de las víctimas”, dijo la procuradora general Pamela Bondi. “Fue un verdadero honor hablar con el juez Camarena para expresarle mis más sinceras condolencias por la pérdida de su padre y asegurarle que seremos incansables en nuestra búsqueda de justicia en este caso”, agregó Bondi, citada en el comunicado.
“Hoy es un día que hemos esperado durante mucho tiempo. Cuarenta largos años de espera, de preguntas y de esperanzas de que finalmente se haga justicia. Después de cuatro décadas, la persona responsable de arrebatarnos a nuestra querida Kiki ha sido traída a los Estados Unidos para responder por lo que hizo”, indicó, por su parte, la familia Camarena, también citada en el comunicado.
“No hay palabras para describir por completo el dolor que hemos soportado: el asiento vacío en la mesa, los cumpleaños y las fiestas sin él. La vida que nos robaron, no solo a él, sino a todos los que lo amábamos. Hemos vivido con esta pérdida todos los días”, agregó la familia del agente especial de la DEA.
“Durante 14.631 días, mantuvimos la esperanza: la esperanza de que este momento llegaría, la esperanza de que viviríamos para ver la rendición de cuentas. Y ahora, esa esperanza finalmente se ha convertido en realidad. Si bien ninguna cantidad de tiempo puede borrar el dolor ni recuperar lo que perdimos, hoy marca un paso hacia la justicia”, abundó la familia de “Kiki” Camarena.
“Queremos agradecer a la DEA, a las agencias policiales, a los investigadores y a los funcionarios, tanto en Estados Unidos como en el extranjero, que nunca se rindieron. Queremos agradecer al presidente Trump por usar el peso de este país para lograr lo que pensábamos que nunca ocurriría. Gracias a todos los que han trabajado en este caso durante 40 años. No los conocemos a todos, pero sepan que tienen el más profundo agradecimiento y aprecio de nuestra familia”, insistió la familia del agente especial de la DEA.
“A quienes nos han apoyado, celebrado la Semana del Lazo Rojo con nosotros y nos han acompañado en los momentos más oscuros (nuestra extensa familia, amigos e incluso desconocidos que han compartido nuestro dolor), les estaremos eternamente agradecidos”, finalizó la familia de “Kiki” Camarena.
“En un gesto simbólico, el juez Enrique ‘Kiki’ Camarena Jr. entregó las esposas de su padre al exagente de la DEA Steve Paris, integrante de la ‘Operación Leyenda’, quien las llevó a Nueva York para colocárselas a Caro Quintero durante su comparecencia ante la corte mañana, cerrando así un ciclo de dolor, recuerdo y justicia”, informó, el mismo día, Illicit Investigations, que se describen a sí mismos como “periodistas de investigación galardonados que cubren el crimen organizado en YouTube”.
El 25 de junio de 2025, la Fiscalía de la Corte Federal para el Distrito Este anunció que recuperó grabaciones de audio sobre el interrogatorio y la tortura a “Kiki” Camarena y que serían utilizadas como “pruebas sensibles” en el caso contra Caro Quintero.
“Hemos revisado registros en los que quedó grabada la manera de proceder [de Caro Quintero], fotografías, autopsias, el tráfico de marihuana, cocaína y fentanilo. También tenemos grabaciones de audio con el interrogatorio y tortura hace cuarenta años a Enrique Camarena”, dijo la fiscal Saritha Komatireddy, citada en un comunicado.
Tras un conflicto de intereses con su otrora abogado, Michael Vitaliano, el equipo legal de Caro Quintero estaría compuesto ahora por el letrado Mark DeMarco y Elizabeth Macedonio, esta última elegida como representante especial para defender al capo sinaloense de la posible pena de muerte.
A finales de marzo de 2025, el juez Bloc fijó un plazo de 90 días para que la Fiscalía de EE. UU. aclarara si pensaba pedir la pena capital para Caro Quintero, a quien definieron entonces como “malvado asesino”.
El 25 de junio de 2025, la Fiscalía de EE. UU. comunicó que ello era una posibilidad que “sigue sobre la mesa”, pero que el Departamento de Justicia de Estados Unidos necesitaba “más tiempo” para hacer progresos al respecto.
Familiares de Camarena Salazar presentaron, el 19 de marzo de 2025, una demanda civil, en la Corte Federal de San Diego, California, contra Caro Quintero, Félix Gallardo y Fonseca Carrillo, para exigir pago de daños y perjuicios a los tres capos sinaloenses, a los que acusan de “actos de terrorismo” por el secuestro, tortura y ejecución del del agente especial de la DEA, en 1985.
Los afectados -entre ellos nueve parientes de Camarena, incluidos su viuda y tres hijos-, demandaron a Caro Quintero, Félix Gallardo y Fonseca Carrillo, bajo reglas de la Ley Antiterrorismo de 1992, que permitía a cualquier estadounidense afectado por este tipo de actos, demandar a los extranjeros supuestamente responsables de dicho delito.
Sin embargo, los demandantes no especificaron el monto de su reclamo, que quedaría a decisión del jurado, pero pidieron pago por daños compensatorios, daños punitivos, y un concepto conocido como “treble damages”, previsto en la Ley Antiterrorismo, por el cual la Corte Federal debería triplicar la cantidad que determinara el jurado.
“Como integrantes de una organización criminal de narcotráfico especialmente designada, y de una organización terrorista extranjera, los demandados causaron las lesiones y muerte aquí descritas, y son responsables por los actos criminales, incluidos actos de terrorismo internacional, conspiración para cometer actos de terrorismo internacional, y participación en una empresa criminal continua con fines de terrorismo”, señalaron los afectados en la demanda.
Según lo reportó el diario Reforma, la mayor parte del escrito era una narración de la vida de Enrique Camarena, su carrera en el Cuerpo de Marines y sus años como policía local en Calexico, California, antes de unirse a la DEA y ser transferido a Guadalajara, Jalisco.
También detalló el secuestro de Camarena y el piloto aviador de la extinta Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, Alfredo Zavala Avelar, perpetrado en febrero de 1985, como reacción de Caro Quintero ante vuelos de reconocimiento que llevaron a un decomiso masivo de mariguana en el rancho Búfalo, ubicado Chihuahua, en noviembre de 1984.
Además, se alegó el sufrimiento de su esposa, Mika, quien se quedó esperando a Camarena en un restaurante en Guadalajara el día que fue secuestrado, y luego tuvo que quedar con sus hijos bajo vigilancia permanente del Gobierno de EE. UU., antes de regresar a San Diego.
“Kiki” Camarena y el piloto aviador de la extinta Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, Alfredo Zavala Avelar, fueron secuestrados por un grupo de hombres armados el 7 de febrero de 1985, en Jalisco. Un mes después sus cuerpos fueron hallados en un rancho del estado de Michoacán, con señales de tortura.
“Antes de que pudiera exponer las operaciones de narcotráfico, fue secuestrado en ruta a almorzar con su esposa el 7 de febrero de 1985 en Guadalajara, Jalisco. Supuestamente, las órdenes directas del secuestro fueron dadas por Caro Quintero”, indicó el Gobierno de EE. UU., en abril de 2018.
“Camarena fue rodeado por cinco hombres armados que lo arrojaron dentro de un automóvil y se lo llevaron. Se cree que Camarena murió a los dos o tres días de su secuestro, pero su cuerpo no fue encontrado sino hasta el 5 de marzo de 1985. Sobreviven al agente especial Camarena su esposa y sus tres hijos”, abundó el Gobierno estadounidense.
¿QUIÉN ES RAFAEL CARO QUINTERO?
Rafael Caro Quintero, alias “El Príncipe”, de 72 años de edad, nació en un poblado llamado La Noria, en el municipio de Badiraguato, Sinaloa, el 24 de octubre de 1952. De adolescente cultivó marihuana a pequeña escala y, para finales de la década de los 70 del Siglo XX, había comprado varios ranchos, consolidando su presencia en el mercado ilícito. Trabajó bajo el mando de Pedro Avilés Pérez, también conocido como “El León de la Sierra”, desarrollando la cepa “sinsemilla”, que aumentó el valor del cannabis sativa.
Al final de la década de los 70’s del Siglo XX, Miguel Ángel Gallardo Félix, alias “El Jefe de Jefes” o “El Padrino”, quitó el liderazgo del narcotráfico a “El León de la Sierra”, y se asoció con algunos de los principales capos sinaloenses de esa época, como Manuel Salcido Uzeta conocido, alias “El Cochiloco”, además de Ernesto Fonseca Carrillo, “Don Neto”, y, Caro Quintero, quien entonces tenía 30 años de edad.
“El Jefe de Jefes” creó una poderosa organización que controlaba el tráfico de amapola y marihuana en Sinaloa, Durango, Jalisco, Guerrero, Chihuahua, Baja California y Nayarit. A principios de los años 80 del Siglo XX, estableció contacto con el Cártel de Medellín -que dirigió Pablo Escobar Gaviria- y con el Cártel de Cali, a quienes empezó a comprar cocaína para enviarla a Estados Unidos.
En 1984, el presidente Miguel de la Madrid Hurtado fue presionado por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), para combatir al narcotráfico. La primera acción de esta política binacional fue la incautación del rancho de “El Búfalo”, en noviembre de ese mismo año, el cual era propiedad de Caro Quintero y estaba ubicado entre los municipios de Jiménez y Camargo, en el estado de Chihuahua.
El operativo fue llevado a cabo por alrededor de 450 elementos del Ejército mexicano -apoyados por helicópteros artillados-, quienes destruyeron ocho mil toneladas de marihuana, lo que fue considerado, hasta ese momento, la mayor destrucción de un plantío de cannabis sativa en la historia de México. Dentro del rancho, de mil hectáreas de extensión y de alta tecnología agrícola, trabajaban aproximadamente 10 mil jornaleros, mientras que ocho agentes de la ahora extinta Dirección Federal de Seguridad (DFS) fungían como capataces.
La destrucción de plantíos de marihuana en el rancho “El Búfalo” hizo que los líderes del Cártel de Guadalajara descubrieran la presencia de infiltrados de la DEA entre sus miembros, ocasionando que estos buscaran al responsable del operativo. En febrero de 1985, “El Jefe de Jefes” ordenó el secuestro de Enrique “Kiki” Camarena Salazar, agente especial de la Administración Antidrogas de EE. UU.
Camarena Salazar fue privado ilegalmente de la libertad por policías de Guadalajara, al mediodía del 7 de febrero de 1985, mientras salía del Consulado estadounidense en dicho municipio jalisciense. Dos horas después, sobre la carretera Guadalajara-Chapala, también fue secuestrado Alfredo Zavala Avelar, piloto aviador de la extinta Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos Federal, quien fotografió, desde el aire, el rancho “El Búfalo, a solicitud del agente especial de la DEA.
Ambos fueron llevados a una finca propiedad de Rubén Zuno Arce -hijo de José Guadalupe Zuno, ex gobernador de Jalisco de 1923 y 1926, así como ex cuñado del entonces ex presidente Luis Echeverría Álvarez-, donde fueron torturados por varios días, hasta ser asesinados. Sus cadáveres fueron encontrados el 5 de marzo de 1985, en el rancho El Mareño, dentro del poblado de La Angostura, Michoacán, tras una llamada anónima, proveniente de Los Ángeles, California, a la ahora extinta Procuraduría General de la República (PGR).
Los cadáveres de Camarena Salazar y Zavala Avelar estaban atados de pies y manos, guardados dentro de bolsas de plástico. El asesinato del agente especial de la DEA causó una crisis diplomática entre los gobiernos de México y Estados Unidos, razón por la cual la Agencia Antidrogas estadounidense, posteriormente encabezó la “Operación leyenda”, cuyo objetivo era capturar a los responsables de su muerte.
Ante ello, Caro Quintero decidió huir hacia Costa Rica. Partió del Aeropuerto Internacional de Guadalajara el 17 de marzo de 1985, exactamente 40 días después del homicidio de Camarena Salazar. En ese momento el Gobierno mexicano alertó sobre el posible secuestro de Sara Cristina Cosío Vidaurri Martínez, hija del ex titular de la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco, César Cosío Vidaurri, y sobrina del futuro gobernador jalisciense, Guillermo Cosío Vidaurri.
Caro Quintero fue detenido en la Quinta La California, dentro de la comunidad de San Rafael de Ojo de Agua, en Alajuela, Costa Rica, el 4 de abril de 1985. Junto a él fueron capturados, José Albino Bazán, Juan Carlos Campero Villanueva, Luis Beltrán, Miguel Lugo y Violeta Estrada Yaver. Con ellos estaba la joven, quien al momento de la detención del capo se encontraba acostada semidesnuda en una cama, junto a “El Príncipe”.
En una llamada realizada por Cosío Vidaurri Martínez a su madre, captada por la DEA, la joven declaró que no estaba privada ilegalmente de la libertad por Caro Quintero, y que, al contrario ella estaba enamorada del capo sinaloense.
“El Príncipe” fue extraditado a México inmediatamente, por intervención del entonces presidente de Costa Rica, Luis Alberto Monge Álvarez. Al momento de su arresto tenía 32 años de edad y una fortuna personal de 100 mil millones de pesos, también poseía 38 casas repartidas entre los estados de Jalisco, Zacatecas, Sinaloa y Sonora. Tanto él como su familia eran dueños o socios de boutiques, discotecas, agencias de automóviles, hoteles, e incluso varias compañías extranjeras.
El 12 de diciembre de 1989, Caro Quintero fue sentenciado por los delitos de privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro, homicidio calificado, siembra, cultivo, cosecha, transporte y tráfico de marihuana, suministro de cocaína y asociación delictuosa. En un inicio, el juez le impuso una condena acumulada de 199 años de cárcel. Sin embargo, dicha pena disminuyó a 40 años de prisión, por ser esa la máxima permitida por las leyes mexicanas de la época.
Los primeros años de su sentencia los cumplió en el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) Número 1, El Altiplano, ubicado en el municipio de Almoloya de Juárez, Estado de México. En 2007 fue trasladado al penal de máxima seguridad de Puente Grande, lugar donde estuvo hasta el 2010, cuando fue trasladado al Reclusorio Preventivo de Guadalajara, debido a que un juez federal le concedió un amparo, ya que, según el juzgador, la PGR no pudo demostrar que era un criminal de alta peligrosidad.
El capo sinaloense, quien había sido condenado a 40 años de cárcel por el crimen de Camarena Salazar, sólo pasó 28 años en prisión, ya que fue liberado el 9 de agosto de 2013, por un Tribunal del estado de Jalisco, mismo que justificó la decisión con un tecnicismo jurídico, ya que consideró que el caso debió ser juzgado en el fuero común y no en el federal.
Caro Quintero se fugó tras conocer que la Procuraduría General de la República obtuvo una nueva orden de aprehensión con fines de extradición a EE. UU., cuyo Departamento de Justicia, ofrecía una recompensa de 5 millones de dólares por su captura, misma que años después subió hasta los 20 mdd.
Dos días más tarde, el entonces titular del Juzgado Sexto de Distrito en Procesos Penales Federales, Alejandro Caballero Vértiz, ordenó su detención provisional con fines de extradición a Estados Unidos, con el propósito de juzgarlo por el crimen de Camarena Salazar.
En diciembre de 2013, el entonces titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, reveló que Caro Quintero envió una carta al presidente Enrique Peña Nieto, en la que solicitó que no se le persiguiera más, porque, según él, lo que tenía que pagar lo saldó en prisión.
El 22 de enero de 2015, el Segundo Tribunal Unitario del Tercer Circuito con sede en Guadalajara, en acato a un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), declaró nuevamente penalmente responsables a Caro Quintero y a Fonseca Carrillo, por los delitos de privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro y homicidio calificado, en agravio del agente de la DEA y del piloto mexicano Zavala Avelar, por lo que de nueva cuenta le impuso al capo sinaloense la condena de 40 años de prisión.
En julio del 2016, en una entrevista publicada por el semanario Proceso, el capo sinaloense había dicho que ya no pertenecía al narcotráfico y que no mató a Camarena Salazar, además de que afirmó que no estaba en guerra, ni Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, “El Chapo”, ni con Ismael Mario Zambada García, “El Mayo”, entonces líderes del Cártel de Sinaloa.
En noviembre del 2016, el narcotraficante sinaloense reclamó que el entonces presidente del máximo tribunal constitucional mexicano, Arturo Fernando Zaldívar Lelo de Larrea, elaborara el proyecto de sentencia en su contra.
Ante ello, el ministro Luis Marca Aguilar Morales elaboró un proyecto de sentencia en el que propuso negar el amparo al capo sinaloense, y devolver el asunto a un Tribunal Colegiado, para que solo revise cuestiones de legalidad, y con ello determinar si Caro Quintero debía ser entregado a las autoridades estadounidenses.
El 12 de abril del 2018, “El Príncipe” fue incluido en la lista de los “Diez Fugitivos Más Buscados” del Buró Federal de Investigaciones estadounidense (FBI, por sus siglas en inglés), por ser el presunto autor intelectual del asesinato de Camarena Salazar, crimen por el que ya había purgado una condena de 28 años de prisión en México.
Dicha agencia del Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés), consideró que Caro Quintero estaba “armado” y era “extremadamente peligroso”, por lo cual ofrecía una recompensa de 20 millones de dólares, por información que llevara a su captura.
La acusación de la DEA y la Fiscalía neoyorquina (EDNY Docket No. 15-CO-208 S-2), también detalló el “papel principal” de Caro Quintero “en el tráfico de metanfetaminas, heroína, cocaína y mariguana a los Estados Unidos y otros países, y refleja sus actividades criminales de 1980 a 2017”.
“El 30 de julio de 1992, la Corte de Distrito del Distrito Central de California emitió una orden federal de arresto, acusando a Caro Quintero de crímenes violentos en favor del crimen organizado, de conspiración para secuestrar a un agente federal, de secuestrar a un agente federal, de asesinar a un agente federal, de ayudar, instigar y ser cómplice después de ese hecho”, indicó el Gobierno estadounidense.
“Hoy, junto con nuestros socios federales de la DEA, del Servicio de Alguaciles y del Departamento de Estado, estamos comprometidos a llevar ante la justicia a este criminal peligroso y líder de un cártel, quien es responsable del asesinato brutal de un agente de la DEA”, dijo el Director Adjunto del FBI, David L. Bowdich.
“El agente especial Camarena estaba dedicado a detener el narcotráfico y a romper el círculo de delitos relacionados con las drogas. Él mostró gran valentía para ir tras los narcotraficantes más violentos. Y es precisamente por esta valentía y entrega que no vamos a dejar de buscar a Caro Quintero sino hasta que demos con él y lo pongamos tras las rejas, donde pertenece”, abundó Bowdich.
El FBI recordó que principios de la década de 1980 del Siglo XX, Caro Quintero, en aquel momento con 30 años de edad, junto a “Don Neto” y a “El Padrino”, se convirtió en uno de los tres líderes del Cártel de Guadalajara, el cual formó alianza posteriormente con el Cártel de Medellín, liderado por el traficante colombiano Pablo Emilio Escobar Gaviria.
“Se considera a Caro Quintero como uno de los ‘padrinos’ del narcotráfico, que ayudó a formar el Cártel de Guadalajara a finales de la década de 1970. Supuestamente, se convirtió en uno de los principales proveedores de heroína, cocaína y mariguana a los Estados Unidos y estuvo a cargo del cártel en Costa Rica y en la frontera entre los Estados Unidos y México”, señaló el Gobierno estadounidense en su comunicado.
Fue entonces cuando Enrique “Kiki” Camarena Salazar se infiltró en el Cártel de Guadalajara. En 1984, como resultado de la información obtenida por el agente encubierto estadounidense, cientos de soldados mexicanos asaltaron Rancho Búfalo, una plantación de marihuana del grupo criminal, cuya producción anual estimada era de cientos de millones de dólares.
“En noviembre de 1984, las autoridades mexicanas allanaron una plantación de 2 mil 500 acres de mariguana, propiedad de Caro Quintero. El Cártel de Guadalajara culpó al agente especial Camarena Salazar por la redada, y decidió tomar represalias”, abundó el Gobierno estadounidense.
“El agente especial Camarena, un ex marino, bombero, oficial de policía y alguacil adjunto, estuvo muy cerca de descubrir una ruta de millones de dólares para transportar drogas por un millón de dólares de México a los Estados Unidos en 1985”, señaló el Gobierno de EE.UU.
Camarena Salazar y el piloto aviador de la extinta Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, Alfredo Zavala Avelar, fueron secuestrados por un grupo de hombres armados el 7 de febrero de 1985, en Jalisco. Un mes después sus cuerpos fueron hallados en un rancho del estado de Michoacán, con señales de tortura.
“Antes de que pudiera exponer las operaciones de narcotráfico, fue secuestrado en ruta a almorzar con su esposa el 7 de febrero de 1985 en Guadalajara, Jalisco. Supuestamente, las órdenes directas del secuestro fueron dadas por Caro Quintero”, indicó el Gobierno estadounidense.
“Camarena fue rodeado por cinco hombres armados que lo arrojaron dentro de un automóvil y se lo llevaron. Se cree que Camarena murió a los dos o tres días de su secuestro, pero su cuerpo no fue encontrado sino hasta el 5 de marzo de 1985. Sobreviven al agente especial Camarena su esposa y sus tres hijos”, abundó el FBI.
El 28 de marzo del 2019, “El Príncipe” logró por segunda ocasión impedir que la SCJN se pronunciara sobre el amparo que promovió, con el cual pretendía evitar su extradición a Estados Unidos. Caro Quintero presentó una solicitud para que el ministro Luis María Aguilar Morales se declarara impedido para conocer su demanda de garantías.
No obstante, el ex presidente de la SCJN hizo público el proyecto de sentencia donde proponía a los ministros de la Primera Sala de la Suprema Corte, negar la protección de la justicia al capo sinaloense, quien el 26 de marzo del 2019 reclamó el Tratado de extradición entre México y EE. UU., petición que fue admitida a trámite y turnada al ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo.
A finales de julio del 2019, Ray Donovan, agente especial encargado de la oficina de la DEA en Nueva York, afirmó que Caro Quintero -uno de los principales capos de la droga en la década de los 80 del Siglo pasado- era la “prioridad” del Gobierno estadounidense.
El 9 de octubre de 2019, el ex líder del extinto Cártel de Guadalajara, le fue negado un amparo que había solicitado contra la solicitud del Gobierno de EE. UU., para que fuera extraditado a dicho país.
Por unanimidad, la Primera Sala de la SCJN avaló la propuesta del ministro Luis María Aguilar Morales, de negar un amparo al capo sinaloense, para que en caso de ser detenido, sea extraditado a territorio estadounidense.
“Es incuestionable que los artículos 17 y 18 de la Ley de Extradición, así como el artículo 11 del Tratado de Extradición entre México y Estados Unidos, al tener su fundamento en el artículo 119 constitucional, no pueden ser considerados inconstitucionales, como lo pretende el recurrente”, resolvió la Primera Sala de la SCJN.
Ese mismo día, la juez Núñez Solorio, concedió la suspensión de plano a Caro Quintero, solicitada por el capo el 25 de noviembre del 2019, a efecto “de que las cosas se mantengan en el estado que guardan y no se ejecute la extradición de los quejosos, lo anterior, hasta en tanto se notifique a las autoridades la resolución que en su caso se emita dentro del juicio de amparo”.
Según el expediente 895/2019, Caro Quintero señaló como autoridades responsables, entre otras, a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). Sin embargo, la juez Núñez Solorio dejó en claro que la suspensión de plano sólo se limitaría a paralizar los efectos de la orden de extradición por las autoridades responsables señaladas, por lo que no surtiría efectos si la orden fue dictada por autoridades distintas.
Tampoco surtiría efectos si la orden de extradición ya fue ejecutada con antelación o si se trata de hechos diversos de los expresados en la demanda de amparo; como tampoco si es emitida con posterioridad, ya que debe atenderse a que el juicio de amparo procede contra actos existentes y concretos, no probables, ni eventuales.
Asimismo, la juez Núñez Solorio dio de plazo cinco días para que los abogados del narcotraficante sinaloense especifiquen qué acto o actos son lo que reclama, ya que en la demanda de Caro Quintero, esto no se advertía con precisión.
Mientras tanto, el Gobierno estadounidense solicitó que, de ser reaprehendido, Caro Quintero fuera extraditado a EE. UU. para comparecer ante la justicia de dicho país, lo cual fue autorizado, el 9 de octubre del 2019, por la SCJN.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), informó el 30 de marzo del 2020, que bloqueó ese mismo día las cuentas bancarias de 18 personas relacionadas con el Cártel de Sinaloa y el capo sinaloense Caro Quintero.
La UIF, cuyo titular era, en ese entonces, Santiago Nieto Castillo, informó que tras reportarse movimientos inusuales en el sistema financiero de 18 cuentas bancarias, procedió a su bloqueo luego de indagarlas y encontrar vínculos con el crimen organizado.
Catorce de dichas cuentas estaban supuestamente relacionadas con el Cártel de Sinaloa. Nueve de estas son personas físicas y las cinco restantes de empresas. Mientras que otras cuatro con el capo sinaloense Caro Quintero.
“El Príncipe” había negado en una entrevista videograbada con la periodista Anabel Hernández García, publicada en el diario digital The Huffington Post, el 5 de abril del 2020, que siguiera activo en el narcotráfico y que se encontrara fugitivo, “por un crimen por el que ya pagó”.
En dicha entrevista, publicada también por el medio digital Aristegui Noticias, el capo sinaloense, de entonces 67 años de edad, pidió a la DEA, del Departamento de Justicia de Estados Unidos, y al Gobierno Federal mexicano, que hicieran “bien su trabajo” y que lo dejaran “en paz”.
Caro Quintero informó mediante un escrito presentado, el 22 de mayo del 2020, al Primer Tribunal Colegiado Penal en la Ciudad de México, que era económicamente insolvente, y que su situación se había complicado porque, en su condición de prófugo de la justicia y adulto mayor, no tenía la oportunidad de trabajar y generar un ingreso.
“El nombrado recurrente alega insolvencia porque dice tener más de 60 años de edad, no estar pensionado ni jubilado, y como hecho notorio aduce encontrarse sustraído de la acción de la justicia, lo que le impide –dice– laborar o desempeñar alguna actividad por la que pueda adquirir recursos económicos”, dijo Caro Quintero, según un acuerdo publicado el 26 de mayo del 2020, por el Primer Tribunal Colegiado Penal de la capital de la República.
Según lo informó el diario Reforma, esta era una de las dos promociones que “El Príncipe” presentó vía electrónica ante el Tribunal capitalino, en el amparo en revisión contra la orden de detención provisional con fines de extradición a Estados Unidos, por el asesinato en 1985, de Camarena Salazar.
El rotativo, basado en informes del Poder Judicial de la Federación (PJF), señaló que la manifestación del ex líder del extinto Cártel de Guadalajara, respecto a la supuesta carencia de recursos, la hizo con el propósito de que el Tribunal no le impusiera el pago de una garantía.
El 23 de octubre del 2020, el Departamento de Justicia de EE. UU. informó, a través de un comunicado, que buscaba confiscar bienes en México, que adquirió con recursos ilícitos el capo sinaloense. Según el documento emitido por las autoridades estadounidenses, las ocho propiedades del entonces prófugo de la justicia se encontraban en Guadalajara.
El 23 de noviembre del 2020, Caro Quintero fue colocado por la DEA, en el primer lugar de la lista de los diez fugitivos más buscados, lugar que antes fue ocupado por el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”.
La agencia antidrogas estadounidense ofrecía una recompensa de 20 millones de dólares por información que lleve a la captura de Caro Quintero, entonces prófugo de la justicia, luego que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revirtió un amparo que le permitió recuperar su libertad, el 9 de agosto del 2013.
La página de internet de la DEA catalogaba al capo sinaloense como “armado y peligroso”. Además, se ofrecía una recompensa de 20 millones de pesos (403 millones 216 mil pesos mexicanos, al tipo de cambio actual), por Caro Quintero, quien era buscado por los delitos de “Secuestro y asesinato de un agente federal, delitos violentos en ayuda del crimen organizado, complicidad, cómplice del hecho. También buscado por: posesión con intención de distribuir marihuana y cocaína, asesinato, empresa criminal continua”.
“Rafael CARO-PAEZ, Rafael CARO-QUENTARO, Rafael CAGO-QUINTERO, Ravael CARO-QUENTERO, Rafael CARO-PAYAN, Rafael CARO-QUENTARO, Raxael CARO-QUENTERO, Pedro SANTOS-ESCAMILLA, R One, R # 1, Rafa, El CHARRAL, El GRENAS, Don RAFA, Licenciado RIOS”, señalaba la DEA, respecto a los alias conocidos del capo sinaloense.
“[Caro Quintero] continúa dirigiendo un gran cartel que introduce de manera ilegal drogas en este país. Perseguir a sus colaboradores y estructura de apoyo es crucial para acabar de una vez con su empresa criminal”, dijo Timothy J. Shea, director interino de la DEA, en un comunicado, fechado el 2 de diciembre del 2020.
Shea sostuvo que a pesar de que habían pasado 35 años del secuestro, tortura y asesinato del agente especial de la DEA, llevar a Caro Quintero -señalado como autor intelectual del crimen- ante la justicia de EE.UU., era una de las máximas prioridades para dicha agencia antinarcóticos estadounidense.
“Llevar a Rafael Caro Quintero ante la justicia es una de las principales prioridades de la DEA. Fue responsable de la brutal tortura y muerte de un agente especial de la DEA en 1985, y no descansaremos hasta que sea detenido”, abundó el entonces director interino de la Agencia Antidrogas estadounidense.
El fundador del extinto Cártel de Guadalajara fue capturado el 15 de julio del 2022, cerca de la comunidad de San Simón, del municipio Choix, en el estado de Sinaloa, entre los límites con Chihuahua y Sonora. Desde entonces estuvo preso en el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) Número 1, El Altiplano, ubicado en el municipio de Almoloya de Juárez, Estado de México.
La Fiscalía General de los Estados Unidos, cuyo titular era Merrick Garland, solicitó, el 22 de julio del 2022, al juez John A. Kronstadt -de la Corte del Distrito Central de California, con sede en Los Ángeles-, iniciar, de manera formal, el proceso para solicitar al Gobierno de México la extradición de Caro Quintero.
A través de una solicitud fechada el 22 de julio del 2022, que difundió el diario Milenio, el fiscal John Lujelian pidió abrir la orden de arresto contra Caro Quintero, misma que permanecía sellada, por delitos relacionados con tráfico de drogas, delincuencia organizada, secuestro y asesinato.
“Estados Unidos respetuosamente solicita que la Corte abra la solicitud de arresto del acusado Rafael Caro Quintero para que Estados Unidos pueda entregar la solicitud de arresto a México como parte de su solicitud de extradición […] debido a que el acusado Rafael Caro Quintero está en custodia, no hay más razón para que este documento se mantenga bajo sello”, indicó la Fiscalía General de EE. UU., en su solicitud.
Esto con la finalidad de que dicha orden fuera entregada al Gobierno de México y se pudiera comenzar con el proceso para la extradición de Caro Quintero. Asimismo, la Fiscalía General estadunidense explicó que como el capo sinaloense ya estaba bajo custodia de autoridades mexicanas, ya no era necesario mantener la orden de arresto del narcotraficante bajo sello.
El 22 de julio del 2022, el Fiscal General de los Estados Unidos, Merrick Garland, felicitó a Marcelo Luis Ebrard Casaubón, entonces titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, por la captura del capo sinaloense Rafael Caro Quintero, alias “El Príncipe”, fundador del extinto Cártel de Guadalajara.
“Sostuve conversación con Merrick Garland, Fiscal General de los Estados Unidos. Me transmitió su reconocimiento a México por la detención de Rafael Caro Quintero. También me pidió transmitir sus sinceras condolencias a las familias de los marinos que perdieron la vida”, indicó el entonces canciller mexicano, en su cuenta de la red social Twitter.
Por su parte, la Fiscalía General estadounidense informó que “los dos líderes reafirmaron su compromiso compartido para trabajar expeditamente en la extradición de Caro Quintero”, quien fue llevado a Estados Unidos, el 27 de febrero de 2025.
“Esta mañana fueron trasladados a los Estados Unidos de América 29 personas que se encontraban privadas de su libertad en diferentes centros penitenciarios del país, las
cuales eran requeridas por sus vínculos con organizaciones criminales por tráfico de drogas, entre otros delitos”, indicaron la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Federal, en una nota informativa conjunta.
“La custodia, traslado y entrega formal de dichas personas se realiza bajo los protocolos institucionales con el debido respeto de sus derechos fundamentales, en apego a nuestra Constitución y a la Ley de Seguridad Nacional y bajo solicitud del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Esta acción se enmarca dentro de las labores de coordinación, cooperación y reciprocidad bilateral, en el marco del respeto a la soberanía de ambas naciones”, agregaron la SSPC Federal y la institución de procuración de justicia mexicana.
Derek S. Maltz, administrador interino de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), indicó, el 27 de febrero de 2025, que el caso de Caro Quintero era algo personal para dicha institución, por supuestamente haber secuestrado y asesinado al agente especial Enrique “Kiki” Camarena Salazar.
“Hoy, 29 miembros fugitivos del cártel han llegado a los Estados Unidos desde México, incluido un nombre que se destaca por encima del resto para los hombres y mujeres de la DEA: Rafael Caro Quintero, un capo de los cárteles que desató violencia, destrucción y muerte en Estados Unidos y México, ha pasado cuatro décadas en la cima de la lista de fugitivos más buscados de la DEA, y hoy podemos decir con orgullo que ha llegado a Estados Unidos donde se hará justicia”, dijo Maltz, citado en un comunicado.
“Este momento es extremadamente personal para los hombres y mujeres de la DEA que creen que Caro Quintero es responsable de la brutal tortura y asesinato del agente especial de la DEA Enrique Camarena. También es una victoria para la familia Camarena”, añadió el administrador interino de la citada agencia.
”El día de hoy envía un mensaje a todos los líderes de los cárteles, a todos los traficantes, a todos los criminales que envenenan a nuestras comunidades: Ustedes serán responsables. No importa cuánto tiempo tome, no importa cuán lejos corras, la justicia te encontrará”, expresó Maltz.
Karoline Leavitt, Secretaria de Prensa de la Casa Blanca, afirmó, el 28 de febrero de 2025, en su cuenta de la red social X, que dicho capo sinaloense era “uno de los jefes del cártel más malvados del mundo”.
“Trump ordenó al Departamento de Justicia y al Departamento de Estado que hicieran que esto sucediera, y la Fiscal General Bondi y el Secretario de Estado Rubio hicieron un trabajo tremendo para lograrlo”, señaló la vocera de la Casa Blanca.
“El grupo de miembros del cártel, que pronto llegará a suelo estadounidense, incluye a uno de los jefes de cártel más malvados del mundo, Rafael Caro Quintero, quien torturó y asesinó a la agente de la DEA, Kiki Camarena, en 1985”, añadió Leavitt.
La portavoz de la Casa Blanca indicó que “la Administración anterior [encabezada por el ahora ex presidente Joseph Biden] permitió que estos criminales anduvieran libres y cometieran delitos en todo el mundo”.
“[Mientras que] La Administración Trump está declarando a estos matones como terroristas, porque eso es lo que son, y exigiendo justicia para el pueblo estadounidense”, agregó Leavitt.
Los capos sinaloenses Caro Quintero y Vicente Carrillo Fuentes, alias “El Viceroy” -ex líder del Cártel de Juárez y hermano del finado Amado Carrillo Fuentes, alias “El Señor de los Cielos”-, se declararon, el 28 de febrero de 2025 -luego de ser extraditados a EE. UU., un día antes-, en la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, como no culpables, de los múltiples cargos en su contra.
En audiencias separadas, en punto de las 12:00 horas del 28 de febrero de 2025, el cofundador del extinto Cártel de Guadalajara y el ex líder del Cártel de Juárez, fueron presentados en el Salón Ceremonial de la Corte neoyorquina, ante el juez magistrado Robert Levy, quien les leyó los cargos relacionados al delito de tráfico de drogas. Tras ello, ambos narcotraficantes mexicanos se declararon inocentes.
Por otra parte, la Fiscalía General de EE. UU. confirmó que buscarían la pena de muerte en contra de ambos capos sinaloenses. Asimismo, a pregunta expresa del juez, los fiscales federales confirmaron que Caro Quintero y Carrillo Fuentes fueron “expulsados”, no extraditados, por decisión del Gobierno de México.
Las próximas audiencias de “El Príncipe” y “El Viceroy” fueron programadas para el 25 y 26 de marzo de 2025, respectivamente. Mientras tanto, permanecerían recluidos en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn (MCD Brooklyn, por sus siglas en inglés), donde también se encontraba, entre otros, Ismael Mario Zambada García, alias “El Mayo”, cofundador y ex líder del Cártel de Sinaloa.
Según lo reportaron diversas agencias internacionales y medios estadounidenses,
antes de presentar su declaración de culpabilidad, Caro Quintero caminó lentamente mientras los agentes del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos (US Marshals, por sus siglas en inglés), lo conducían hacia la mesa de la defensa y permanecieron detrás de él durante casi un minuto, mientras le quitaban las esposas de las muñecas, antes de que tomara asiento.
Caro Quintero, luciendo un espeso cabello blanco y vistiendo una camisa azul sobre una camiseta naranja, metida dentro de unos pantalones beige, habló con su abogado, Michael Vitaliano, y un intérprete de español durante varios minutos, antes de que comenzara la sesión.
“Buenas tardes, señor”, dijo Levy en inglés y en español, después de que se llamó al caso. “Buenas tardes”, respondió Caro Quintero. Su abogado defensor, Vitaliano, presentó la declaración de no culpabilidad en su nombre.
Además, durante la sesión de lectura de cargos estuvieron presentes más de un centenar de agentes de la Administración Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), así como otra treintena de trabajadores del Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) y una veintena de periodistas internacionales.
Saritha Komatireddy, fiscal federal adjunta, dijo durante la lectura de cargos que Caro Quintero y sus asociados habían “sido pioneros en la industria del narcotráfico en México”.. Asimismo, enfatizó que más de 100 agentes antidrogas estadounidenses estaban en la sala de la Corte neoyorquina, para “honrar la memoria de uno de los suyos”.
“Después de 40 años, el señor Quintero, quien asesinó al agente de la DEA, Enrique ‘Kiki’ Camarena, está ante la Justicia estadounidense. Huyó durante años en las zonas rurales de Sinaloa, pero la Justicia estadounidense nunca olvida”, aseguró Komatireddy, sobre el septuagenario capo sinaloense, acusado de ordenar la muerte del agente de la Administración Antidrogas de EE. UU., en 1985.
“Rafael Caro Quintero (Caro Quintero) y Vicente Carrillo Fuentes (Carrillo Fuentes), ambos ciudadanos de México, fueron procesados en un tribunal federal en Brooklyn hoy por delitos cometidos como líderes de los cárteles de la droga mexicanos, que fueron responsables de un importante tráfico de drogas a los Estados Unidos y actos de extrema violencia, incluido, con respecto a Caro Quintero, el secuestro, tortura y asesinato en 1985 del agente especial de la DEA Enrique ‘Kiki’ Camarena, durante un período de décadas”, indicó el DOJ, en un comunicado, tras la sesión en la Corte neoyorquina.
“Caro Quintero fue procesado por una tercera acusación formal sustitutiva que lo acusa de cuatro cargos: un cargo de liderar una Empresa Criminal Continua, que incluye diez violaciones, incluida una conspiración de asesinato; dos cargos de conspiración de distribución internacional de narcóticos; y un cargo de uso ilegal de armas de fuego para promover el tráfico de drogas. Carrillo Fuentes fue procesado por una acusación formal sustitutiva que lo acusa de siete cargos: un cargo de liderar una Empresa Criminal Continua, que incluye seis violaciones, incluida una conspiración de asesinato; cuatro cargos de conspiración para distribuir cocaína; un cargo de uso ilegal de armas de fuego para promover el tráfico de drogas; y un cargo de conspiración para lavar dinero. Tanto Caro Quintero como Carrillo Fuentes fueron procesados ante el magistrado federal Robert M. Levy después de ser expulsados de México al Distrito Este de Nueva York”, detalló el Gobierno estadounidense.
“John J. Durham, Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York, Frank A Tarentino III, Agente Especial a Cargo de la Administración de Control de Drogas (DEA), División de Nueva York, y Michael Alfonso, Agente Especial Interino a Cargo de la División de Investigaciones de Seguridad Nacional de Nueva York (HSI) anunciaron los cargos”, indicó el DOJ.
“Durante décadas, Rafael Caro Quintero y Vicente Carrillo Fuentes han inundado los Estados Unidos y otros países con drogas, violencia y caos, matando a tantas personas en su búsqueda de poder y control, incluyendo en el caso de RCQ la brutal tortura y asesinato del agente especial de la DEA Camarena”, afirmó el Fiscal Federal Durham.
“Hoy el siguiente paso en los procedimientos legales estadounidenses contra estos dos líderes del cártel -Caro Quintero, el ‘Narco de Narcos’, y Carrillo Fuentes, el jefe del Cártel de Juárez- finalmente está en marcha, y estamos un paso más cerca de que se haga justicia. Mi Oficina continúa firmemente enfocada en el trabajo vital de proteger a las personas de este distrito, y de todos los que viven en los Estados Unidos, de la destrucción que los cárteles causan en nuestras comunidades”, agregó el fiscal federal.
“Hoy es un día que será recordado en la historia de la DEA. Durante casi cuatro décadas, los hombres y mujeres de la DEA han perseguido a Rafael Caro Quintero, el hombre responsable del secuestro, tortura y muerte de la agente especial de la DEA Kiki Camarena, y el líder de uno de los cárteles de drogas más notorios y violentos. Hoy, Rafael Caro Quintero finalmente enfrentará las consecuencias de los crímenes que cometió”, declaró, por su parte, el agente especial a cargo de la DEA en Nueva York, Frank Tarentino.
“No importa cuánto tiempo lleve o dónde te escondas, la DEA sigue siendo paciente y comprometida en nuestra búsqueda global para apuntar a aquellos individuos que han traído violencia y destrucción a nuestras comunidades. La DEA se asegurará de que se haga justicia”, insistió Tarantino.
“No se equivoquen: el mundo es, sin duda, un lugar más seguro con estos hombres detenidos en los Estados Unidos. Carrillo-Fuentes y Rafael Caro Quintero son terroristas despiadados que utilizaron el miedo como táctica para intimidar a sus rivales y al público. Los agentes especiales de Investigaciones de Seguridad Nacional del ICE y el personal de nuestro Grupo de Trabajo El Dorado han dedicado años a investigar los presuntos crímenes y el derramamiento de sangre a manos de estos acusados”, comentó el agente especial a cargo de Investigaciones de Seguridad Nacional del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), Michael Alfonso.
“Caro Quintero fue acusado por primera vez en el Distrito Este de Nueva York en 2015, y una tercera acusación formal sustitutiva fue devuelta en su contra en 2018. Como se alega en la acusación formal y otros documentos públicos, la participación de Caro Quintero en el tráfico de drogas y la violencia es extensa, despiadada y notoria. Conocido como el ‘Narco de los Narcos’, Caro Quintero comenzó a cultivar marihuana cuando era adolescente en México en la década de 1960 y desarrolló redes y rutas de transporte y distribución que le permitieron trasladar esa marihuana a los Estados Unidos. Caro Quintero también fabricó y traficó heroína y metanfetamina desde México a los Estados Unidos”, recordó el DOJ.
“Luego, Caro Quintero se unió a los fabricantes de cocaína colombianos para usar sus redes y rutas para traficar cocaína desde América del Sur, a través de América Central y México, hacia los Estados Unidos. En la década de 1970, la organización de Caro Quintero pasó a ser conocida como el Cártel de Guadalajara, que finalmente se unió al sindicato conocido como el ‘Cártel de Sinaloa’ (o ‘Federación’ mexicana), la organización de narcotráfico más grande del mundo”, abundó el Gobierno de EE. UU.
“En 1985, Caro Quintero ordenó el secuestro, tortura y asesinato del agente especial de la DEA Camarena. Caro Quintero creía que Camarena era responsable de liderar al gobierno mexicano para apoderarse del rancho más grande de Caro Quintero en Chihuahua, Rancho Buffalo. Los hombres de Caro Quintero secuestraron a Camarena y lo llevaron a un lugar donde fue torturado e interrogado durante aproximadamente dos días, después de lo cual Caro Quintero y sus hombres mataron a Camarena”, enfatizó el DOJ.
“Más tarde, en 1985, Caro Quintero fue a prisión en México. Sin embargo, desde 1985 hasta 2013, mientras estaba en prisión, Caro Quintero continuó operando su organización de tráfico de drogas (la ‘DTO Caro Quintero’), utilizando a miembros de la familia y asociados en el exterior para ayudarlo. La DTO Caro Quintero traficó grandes cantidades de marihuana, cocaína, metanfetamina y heroína a los Estados Unidos. Después de su liberación de prisión en 2013, Caro Quintero se escondió y continuó dirigiendo la DTO Caro Quintero desde varios lugares en las montañas de Sinaloa. El Cártel de Sinaloa proporcionó a Caro Quintero protección durante este tiempo”, indicó el Gobierno estadounidense.
“Caro Quintero y los miembros y asociados de su organización portaban armas de fuego para promover sus actividades de tráfico de drogas, incluidas pistolas y fusiles AK-47. El propio Caro Quintero llevaba una pistola Colt .38 Super con empuñadura con incrustaciones de diamantes y la inscripción ‘R-1’ escrita en oro”, aseguró el DOJ.
“Carrillo Fuentes fue acusado por primera vez en el Distrito Este de Nueva York en 2009, y en 2019 se presentaron cargos adicionales. Como se alega en la acusación y en otros documentos públicos, Carrillo Fuentes y su hermano, Amado Carrillo Fuentes, lideraron el infame Cártel de Juárez durante más de dos décadas”, señaló el Gobierno de EE. UU.
“Bajo el liderazgo de Carrillo Fuentes, el Cártel de Juárez dominó y controló el tráfico de drogas a través del corredor El Paso-Ciudad Juárez y utilizó su control de la frontera entre Texas y México para entregar cargamentos de varias toneladas de cocaína a lo largo de los Estados Unidos, incluso a lugares en Nueva York, Texas, California e Illinois”, dijo el DOJ.
“Hasta aproximadamente 2004, Carrillo Fuentes y el Cártel de Juárez estuvieron alineados con el Cártel de Sinaloa, una de las organizaciones criminales transnacionales más grandes del mundo. Las dos organizaciones trabajaban en conjunto, asociándose en los envíos de drogas y compartiendo infraestructura mientras traficaban toneladas de cocaína a los Estados Unidos”, recordó el Gobierno de EE. UU.
“A lo largo de esta asociación, Carrillo Fuentes y sus asociados corrompieron a funcionarios públicos y cobraron impuestos a otras organizaciones de narcotráfico mientras afirmaban su control sobre el importantísimo corredor El Paso-Ciudad Juárez. Cuando esta asociación finalmente se dividió -y Carrillo Fuentes y el Cártel de Juárez se separaron del Cártel de Sinaloa y se realinearon con los narcotraficantes rivales como los Zetas- México se vio sumido en una década de guerra y derramamiento de sangre. Carrillo Fuentes estaba en el centro de este caos, inicialmente como comandante de los sicarios y soldados del Cártel de Juárez, y luego como líder de todo el Cártel de Juárez”, comentó el DOJ.
“Los casos del gobierno contra Caro Quintero y Carrillo Fuentes son parte de las operaciones de las Fuerzas de Tarea Antidrogas contra el Crimen Organizado (OCDETF, por sus siglas en inglés). La OCDETF identifica, desbarata y desmantela las organizaciones criminales de más alto nivel que amenazan a los Estados Unidos utilizando un enfoque multiagencia dirigido por fiscales e impulsado por inteligencia. Puede encontrar información adicional sobre el programa de la OCDETF en https://www.justice.gov/OCDETF”, detalló el Gobierno de EE. UU.
“Los cargos que se formulan en los escritos de acusación son meras acusaciones y los acusados se presumen inocentes a menos que se demuestre su culpabilidad. Ambos acusados se enfrentan a penas de cadena perpetua obligatorias y, si son declarados culpables, podrían enfrentarse a la pena de muerte”, subrayó el DOJ.
“Los casos del gobierno contra Caro Quintero y Carrillo Fuentes están siendo manejados por la Sección Internacional de Narcóticos y Lavado de Dinero de la Fiscalía. Los fiscales federales adjuntos Saritha Komatireddy, Francisco J. Navarro, Erin Reid y Andrew Wang están a cargo del procesamiento de Caro Quintero, y los fiscales federales adjuntos Erik D. Paulsen y Miranda González están a cargo del procesamiento de Carrillo Fuentes. Los asuntos de decomiso de activos para ambos casos están a cargo del fiscal federal adjunto Brendan King. Las especialistas asistentes legales Melissa Bennett y Huda Abouchaer brindaron asistencia en ambos casos”, finalizó el Gobierno de EE. UU.
Según datos del Buró Federal de Prisiones de Estados Unidos (BOP, por sus siglas en inglés), revelados el 11 de marzo de 2025,l Caro Quintero fue recluido en el Centro Correccional Metropolitano, Nueva York (MCC New York, por sus siglas en inglés), con el número de registro 12303-016.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó, el 17 de marzo de 2025, que se le aplicaría “todo el peso de la ley” a Caro Quintero,
“Han estado buscando a esta persona por años y lo conseguimos. Este malvado asesino será procesado con todo el peso de la ley”, dijo el magnate neoyorquino, durante una conferencia de prensa, llevada a cabo en el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Asimismo, Trump se refirió al agente especial de la DEA, Camarena Salazar, quien fue presuntamente secuestrado, torturado y posteriormente asesinado, en 1985, por órdenes del capo sinaloense Caro Quintero.
“México entregó recientemente a los 29 líderes más grandes de los cárteles, incluido el depravado capo acusado del asesinato del agente de la DEA, Kiki Camarena”, afirmó el magnate neoyorquino.
Caro Quintero compareció, a las 15:00 horas (tiempo local), del 26 de marzo de 2025, ante el juez Frederic Block, en la Sala 3-C, de la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, para una revisión de los avances de su caso.
El capo mexicano -que estuvo resguardado por cinco agentes del Servicio de Marshals de Estados Unidos (United States Marshals Service)-, entró caminando a la Sala 3-C de la Corte Federal neoyorquina. La audiencia duró aproximadamente 30 minutos.
Caro Quintero tenía puesto un overol color caqui, con una playera y pantalón naranja debajo, además de tenis. Tenía el cabello completamente cano. Casi toda la audiencia miró al suelo. La Sala 3-C estuvo casi repleta, con la presencia de una treintena de agentes de la DEA.
El juez federal dio 90 días a la Fiscalía de Estados Unidos para definir si pedirían la pena de muerte para el capo sinaloense. Además, le designó una nueva abogada de oficio, Elizabeth Macedonio, e instruyó que se presentara un informe financiero del acusado para determinar.
Primero, si el capo sinaloense mantendría una defensa pagada por el Gobierno de EE. UU., y, después, si la Fiscalía estadunidense así lo determinaba, si se asignaría a otro litigante para representarlo por un caso de pena capital, o de muerte.
Asimismo, Block determinó que el 25 de junio de 2025 se llevaría a cabo la próxima audiencia. Caro Quintero estaba acusado de cuatro delitos: dos de narcotráfico internacional, uno de empresa criminal continua y del asesinato del agente especial de la DEA, Enrique “Kiki” Camarena.
“Obviamente es un caso complejo […] ¿puede que haya más acusados en el futuro?, preguntó el juez federal. “Es posible”, respondió el fiscal Andrew Wang, quien detalló que además de las tres personas incluidas en el caso criminal de Caro Quintero, se encontraban varios nombres más bajo sello.
“Quisiera saber si la pena de muerte está en juego o no”, cuestionó el juez Block, a lo que la fiscal Saritha Komatireddy respondió que era una posibilidad, pero que la decisión aún no se había tomado.
El capo sinaloense fue presentado en la Sala 3-C, junto a su sobrino, Ismael Quintero Arellanes, conocido con los alias de ’Fierro’ y/o ’Mayel‘, quien apareció en la lista de imputados como parte de la acusación con folio 1:15-cr-00208-FB, asentada en la misma Corte neoyorquina.
Al igual que a su tío, a Quintero Arellanes se le atribuyen los delitos asociación delictiva, uso de armas de fuego en actividades vinculadas con el narcotráfico y conspiración para la distribución internacional de marihuana, heroína, metanfetamina y cocaína.
Las investigaciones en su contra señalan que ’Fierro’ y/o ’Mayel‘ era el responsable de brindar seguridad y protección a Caro Quintero. Además, estaba a cargo de la logística para fabricar, transportar y traficar droga, desde México hacia Estados Unidos.
“Las ventas de drogas generaban millones de dólares en beneficios. Las ganancias eran blanqueadas para su posterior envío a México; frecuentemente, el dinero de la droga se transportaba físicamente desde EE. UU., a través de medios clandestinos”, señalaba el expediente judicial.
