La Fiscalía General de la República (FGR) informó, mediante el comunicado FGR 451/25, fechado el 11 de julio, 2025, en Ciudad de México, que rechaza “de manera absoluta y contundente” las declaraciones relacionadas con su actuación en el caso de Ovidio Guzmán López, alias “El Ratón”, formuladas durante la audiencia judicial celebrada ese mismo día en una corte del estado de Illinois, en Estados Unidos.
Respecto a las imputaciones formuladas contra la FGR, la institución aseguró que se trata de “descalificaciones injustas”, sin pruebas, y atribuyó su difusión a un “oportunismo mediático”. Indicó que está en disposición de recibir y documentar cualquier denuncia relacionada, tanto en territorio nacional como a través de los consulados y de la Embajada de México en Estados Unidos. La FGR recordó que, según la legislación mexicana, quien tenga conocimiento de la comisión de un delito tiene la obligación de denunciarlo, y quien no lo haga incurre en una infracción legal.
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Ovidio Guzmán López, identificado como uno de los líderes del grupo criminal conocido como “Los Chapitos”, fue capturado por elementos del Ejército Mexicano en septiembre de 2023, en un operativo en el que fallecieron diez militares. Posteriormente, fue extraditado a Estados Unidos, donde enfrenta cargos por tráfico de drogas, delincuencia organizada y otros delitos.
En la audiencia celebrada, el 11 de julio de 2025, Ovidio Guzmán López aceptó su culpabilidad respecto a los principales cargos imputados, según información difundida por la FGR. También se comprometió a colaborar con las autoridades estadounidenses como testigo en procesos penales contra otros integrantes de organizaciones delictivas, conforme a los acuerdos judiciales alcanzados.
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La Fiscalía Federal de Estados Unidos propuso imponer una sentencia de cadena perpetua al acusado, así como el pago de una multa aproximada de 80 millones de dólares. La sanción definitiva quedará sujeta a la resolución del tribunal correspondiente.
La FGR aseguró que la base de estos resultados fue la actuación de las autoridades mexicanas, quienes obtuvieron las órdenes de aprehensión y ejecutaron la captura en territorio nacional. La institución reiteró que dichos actos demuestran “el compromiso de legalidad” del Gobierno de México.
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