La Asociación de Aerolíneas de Carga de EE. UU. (CAA, por sus siglas en inglés) -entre las cuales estaban FedEx Express y UPS Airlines-, celebraron, el 21 de julio de 2025, las represalias tomadas por la Administración encabezada por Donald Trump, en contra de la aviación de México por, entre otras razones, ordenar su expulsión en 2023, del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).
Las empresas aerolíneas cargueras estadounidenses aseguraron que si bien obedecieron la orden del Gobierno mexicano de trasladarse al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) -ubicado en el municipio de Zumpango de Ocampo, en el Estado de México-, esto se hizo violando el acuerdo bilateral de transporte aéreo de 2015.
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El Gobierno Federal -entonces encabezado por Andrés Manuel López Obrador- publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el 2 de febrero de 2023, el decreto que ordenaba mudar sus operaciones de carga, del AICM “Benito Juárez”, al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, transición que se debería efectuar en máximo 108 días hábiles.
“El anuncio envía un mensaje claro y necesario: EE. UU. no tolerará un comportamiento injusto y anticompetitivo que sea contrario a los principios del marco de Cielos Abiertos de Estados Unidos y perjudique a las empresas estadounidenses”, dijo Lauren Beyer, la presidenta de la CAA.
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“La medida no sólo interrumpió operaciones críticas de carga aérea y sentó un precedente peligroso sobre cómo podrían ser tratadas las aerolíneas de carga en los mercados globales, sino que también generó incertidumbre sobre cómo podrían manejarse posibles emergencias de seguridad”, dijo la Asociación.
“Si bien los miembros de la CAA tomaron medidas importantes para ajustar las operaciones en respuesta a la orden de México de 2023 [hacia trasladar operaciones al AIFA], hemos sostenido consistentemente que, según el acuerdo de 2015, las aerolíneas de carga deben tener la libertad de elegir puntos de servicio que se alineen con sus necesidades comerciales, no dictadas por mandatos extranjeros arbitrarios”, comentó Beyer.
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Además de FedEx Express y UPS Airlines -las más grandes aerolíneas de carga estadounidenses, la asociación CAA también estaba integrada en su consejo por otras aerolíneas cargueras como ABX Air y Atlas Air; además de Amazon Air y la alemana DHL.
El sábado 19 de julio de 2025, el titular del Departamento de Transporte de EE. UU., Sean Duffy, anunció tres acciones, que se implementarían a partir del día 29 del mismo mes y año, en contra de lo que consideró eran comportamientos anticompetencia por parte de México, no sólo en el tema de los cargueros, sino también en el manejo de los slots en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) Benito Juárez.
Como parte de esta nueva imposición del Gobierno de EE. UU., las aerolíneas mexicanas deberían presentar ante su dependencia de transporte todos y cada uno de sus itinerarios vigentes y propuestos, para servicios combinados y exclusivamente de carga.
La documentación debería incluir códigos compartidos, marcas comunes y tramos adicionales entre cualquier punto o puntos fuera o dentro de Estados Unidos, incorporando el tipo de equipo que utilicen, la frecuencia y los días de operación de cada vuelo, el aeropuerto específico al que se prestará servicio en cada punto y la hora de llegada y salida.
En el caso de los itinerarios propuestos, las aerolíneas mexicanas deberían anexar la fecha de entrada en vigor planeada y la fecha de terminación, si se conocía, y debería presentarse al menos 30 días antes de realizar el servicio.
Además, las empresas de transporte aéreo mexicanas requerirían de la aprobación del Departamento de Transportes de EE. UU., antes de operar cualquier vuelo chárter de aeronaves grandes, de pasajeros o de carga y deberían realizar las solicitudes de declaración de autorización, al menos 30 días naturales antes de los vuelos chárter propuestos.
Según el Gobierno de EE. UU., estas medidas se tomaron luego de que el 9 de mayo de 2025, el Departamento de Transportes estadounidense envió una carta a la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) mexicana, planteando las quejas de las aerolíneas estadounidenses por la denegación que enfrentaban en México, al intentar presentar servicios aéreos bajo el Acuerdo de Transporte Aéreo entre México y Estados Unidos.
“Tomamos esta medida porque el Gobierno de México, a pesar de las objeciones del Gobierno de Estados Unidos, ha menoscabado los derechos operativos de las aerolíneas estadounidenses y les ha negado la oportunidad justa y equitativa de ejercerlos en el mercado mexicano-estadounidenses”, informó la Administración encabezada por el presidente Donald Trump.
Aunado a ello, el Gobierno de EE. UU. amenazó también con terminar la autorización de inmunidad antimonopolio de la alianza Aeroméxico-Delta, lo que podría concretarse el 25 de octubre de 2025, como consecuencia de las “medidas anticompetitivas impuestas por el Gobierno de México”.
Según el Gobierno estadounidense, la revisión de la autorización antimonopolio otorgada en 2016, fue retrasada desde el año 2020, pero a partir de 2022, México había alterado significativamente las condiciones de competencia de las aerolíneas, reduciendo las de las estadounidenses limitando unilateralmente el volumen del tráfico, la frecuencia y regularidad de sus servicios.
Además de rescindir franjas horarios de vuelo y obligarlas a trasladar operaciones al AIFA, a pesar de que el Acuerdo de Transporte Aéreo entre México y Estados Unidos de 2015, establecía que esto podría ocurrir solo por razones aduaneras, técnicas, operativas o ambientales.
El Gobierno de EE. UU. le recordó a su homólogo mexicano que la extinta Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), alertó de que el régimen de asignación de franjas horarias era opaco y anticompetitivo, lo que beneficiaba a Aeroméxico.
La Administración de Trump advirtió que las condiciones de mercado entre Estados Unidos y México no sólo no habían mejorado, sino que empeoraron, de ahí que una orden final para dar por terminada la autorización de inmunidad antimonopolio entraría en vigor el 25 de octubre de 2025, fecha que coincidía con el final de la temporada del tráfico de verano en la región norte del mismo año.
Antes de que eso ocurriera, el Gobierno de EE. UU. solicitó las partes interesadas justificar por qué no deberían emitir una orden final que confirme las conclusiones provisionales y sus objeciones o comentarios en un plazo máximo de 14 días naturales, a partir de la fecha de notificación de la orden.
En caso de que no se presenten objeciones se consideraría que renunciaron a los trámites procesales posteriores y se procedería a realizar la declaratoria definitiva. “Nos reservamos el derecho a tomar medidas adicionales o por separado según lo justifique el interés público”, enfatizó el Gobierno estadounidense.
El 21 de julio de 2025, la Cámara Nacional de Aerotransportes (CANAERO) advirtió, en un comunicado, que la industria aeronáutica podría sufrir un alto impacto si el Gobierno de Estados Unidos limitaba los vuelos provenientes de México.
La organización advirtió acerca de las posibles repercusiones en la conectividad, el flujo comercial y la competitividad del sector entre ambas naciones, si la situación no se resolvía Detalló que la asociación reconocía que las medidas adoptadas por el Gobierno mexicano respondían a criterios de seguridad, eficiencia operativa y mejora de la infraestructura aeroportuaria metropolitana, por lo que invitaba a establecer un diálogo para buscar un entendimiento.
“Desde CANAERO hacemos un llamado respetuoso para impulsar mecanismos de comunicación, coordinación técnica e institucional que permitan atender las preocupaciones planteadas por el gobierno de Estados Unidos, preservando la cooperación bilateral y evitando afectaciones mayores a la industria”, abundó la Cámara Nacional de Aerotransportes.
El mismo día, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que no había razón alguna para que Estados Unidos sancionara a México por la decisión de rescindir franjas horarias de vuelos -los llamados “slots”- a aerolíneas de EE. UU. y obligarlas a sacar operaciones del AICM para llevarlas al AIFA.
“Bueno, algunas empresas de Estados Unidos se quejan en aquel momento de que es poco tiempo el que les avisaron para trasladarse [al AIFA]. Algunas, la mayoría, dice ‘mucho mejor, no haber tanto tráfico para sacar la carga, podemos desde el AIFA dirigirnos nosotras’. Entonces, hay algunas empresas que dicen que fue muy poco tiempo; sin embargo, pues ya pasó más de un año y medio, y las empresas se han ido adecuando a esta nueva circunstancia que es benéfica”, comentó la mandataria nacional.
“Para cualquier duda de cualquier aclaración con las empresas, pues hay mesas de trabajo tanto con la Secretaría de Infraestructura, Comunicación y Transportes (SICT), así como con Defensa. Entonces, no hay razón para tener alguna sanción que tenga que ver con este asunto”; señaló la titular del Poder Ejecutivo Federal.
Durante su conferencia de prensa matutina -llevada a cabo desde el Salón Tesorería del Palacio Nacional-, la titular del Poder Ejecutivo Federal explicó que la decisión de trasladar la carga al AIFA fue meramente técnica y señaló que México aún no recibía la notificación oficial de las órdenes emitidas por el Gobierno de EE. UU.
“No es una decisión subjetiva, es una decisión técnica a partir de la seguridad y del buen funcionamiento de ambos aeropuertos, de Terminal 1-2 junto con Toluca, pues son los tres aeropuertos más importantes de la zona centro de la zona metropolitana, Del Valle de México. entonces las decisiones son técnicas”, explicó Sheinbaum Pardo.
“Todavía no se recibe por parte del Departamento de Transporte de Estados Unidos la notificación para ver a qué se refiere y, en el momento que se reciba, se habla con las aerolíneas y también con el Departamento de Transporte, pero no tiene, digamos, un sustento en términos de que haya sido algo en contra de alguna aerolínea estadounidense”, subrayó la mandataria nacional.
“Todavía no hemos sido notificados formalmente, fue una declaración. Parece que van a notificar en esta semana. Hay que ver exactamente a qué se refiere. Ahora, México es soberano, eso es lo primero”, detalló la presidenta, quien también defendió la estrategia de su antecesor, López Obrador, de construir el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, lo cual permitió un ahorro de 300 mil millones de pesos.
“Cuando gana el presidente, lo que Obrador hace es una votación en todo el País preguntando a la gente si se seguía con el proyecto del Aeropuerto en Texcoco. La otra opción era construir un nuevo Aeropuerto en Santa Lucía, en donde había una base aérea militar, y poder mantener los dos aeropuertos, el de la Ciudad de México y el de Santa Lucía”, afirmó Sheinbaum Pardo.
“El Aeropuerto se hace rápido de manera eficiente. Imagínense: iba a tener su primer vuelo hasta el 2024, 2025. En el caso de Santa Lucía, en el 2021, se inaugura y se ahorran 300 mil millones de pesos que se dedican a otras obras estratégicas”, finalizó la titular del Poder Ejecutivo Federal.
