La lista de empresas dedicadas al transporte, importación, exportación, carga y descarga de hidrocarburos por vía marítima, terrestre y ferroviaria es extensa, y entre las investigadas por robo, tienen el aval oficial de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Secretaría de Energía (Sener).
En el más reciente aseguramiento realizado en Ramos Arizpe, Coahuila, resultó involucrado el exgobernador panista de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, quien declaró que la empresa que traficaba el combustible, Lambrucat, fue una propuesta hecha por el Gobierno Federal como parte de una lista de comercializadoras autorizadas.
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Anteriormente, estos crímenes estaban atribuidos a miembros del Cártel Santa Rosa de Lima. Con la detención de su líder, José Antonio Yépez, alias “El Marro”, en 2020, se abrió la puerta a sus contrincantes en la actividad del huachicol, a través del robo de hidrocarburos directamente de los ductos de Petróleos Mexicanos (PEMEX) o mediante asaltos a camiones en carreteras. El Marro operaba principalmente desde Guanajuato.
Una vez detenido El Marro, el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) se apoderó de esa y otras plazas, liderando así el negocio ilícito del huachicol, que durante los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum Pardo ha alcanzado un nuevo nivel, dejando millonarias pérdidas a PEMEX. De la ordeña de ductos el delito evolucionó a grandes plantas, a lo que hoy se conoce como huachicol fiscal.
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La detección de estas empresas que operan como cárteles coincide con problemas para que algunos políticos mexicanos puedan ingresar a los Estados Unidos, como es el caso de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmedo, su esposo Carlos Torres Torres y su cuñado Luis Torres Torres, a quienes les cancelaron sus visas; a los dos últimos, por una presunta investigación ligadas a este ilícito.
INSTITUCIONES DE GOBIERNO, FUNCIONARIOS Y EMPRESARIOS COLUDIDOS
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En esta red de tráfico, los empresarios y políticos de Baja California no han sido la excepción. Sin embargo, a menos de tres meses de que en El Sauzal, en Ensenada, se realizó el aseguramiento de un predio y tanques de almacenamiento, utilizados para en diversas modalidades para robar hidrocarburos a Petróleos Mexicanos, no hay detenidos; sólo una investigación abierta contra el dueño del terreno, el ex senador Gerardo Novelo Osuna.
El decomiso más grande, a la fecha, es el detectado en Ramos Arizpe, Coahuila, con 15.5 millones de litros de combustible, de los cuales una mínima parte estaba siendo legalmente ingresada a México a través de facturas alteradas donde las empresas registraban menos cantidad de producto que entró al país.
En este hallazgo resultaron involucrados empresarios y políticos bajacalifornianos a través de la empresa Ingemar S.A. DE C.V.: el ex gobernador Ruffo Appel, el empresario portuario Ricardo Thomson Ramírez, y su hijo Ricardo Thomson Navarro, así como otro socio extranjero José Merino Cuervo.
Pero antes de recibir cuatro concesiones en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en 2018, para la adquisición de hidrocarburos en el extranjero, para almacenarlos y comercializarlos dentro del país, los involucrados tuvieron un conflicto entre los accionistas.
Otra compañía asociada a la empresa de los Thomson, Cuervo y Ruffo, que se encuentra bajo la misma investigación, Labrucat, así como Combustibles y Derivados Belar S.A. de C.V., donde las operaciones de esta última han sido canceladas en más de una ocasión según el “Padrón de Importadores de Sectores Específicos y/o Padrón de Exportadores Sectorial” de la SHCP.
La última vez que le cancelaron la operación a Belar para importar combustible y sus derivados fue el 20 de junio del 2025.
“YO FLOJITO Y COOPERANDO”: RUFFO APPEL
Ruffo Appel, exgobernador de Baja California y ex diputado federal, respondió a los señalamientos en los que se le vincula con presuntos actos de huachicol fiscal a través de la empresa Ingemar S.A. de C.V.
Coincidió en que la sociedad con los Thomson comenzó antes de 2018. Según describió el empresario, le pidió ayuda para vender un barco especializado en perforación petrolera que se encontraba dentro de su concesión en El Sauzal.
“Le dije que yo no sabía nada de pozos petroleros, yo sé de barcos pesqueros”, detalló el ex gobernador.
Desde hace años, Thomson tiene una concesión portuaria y un terreno dentro del puerto de El Sauzal, la zona que actualmente se contempla en un megaproyecto federal de ampliación.
Ante la imposibilidad de comercializar el barco, le presentó al empresario español José Merino Cuervo, quien, según dijo, es un especialista en certificar procesos y en algún momento trabajó para Petróleos Mexicanos (PEMEX), por lo que quizá podía tener contactos interesados en la compra.
Posteriormente, Thomson les propuso construir una terminal de combustibles dentro de su concesión portuaria.
Ruffo aceptó con la condición de no aparecer en la empresa Ingemar, argumentando que su nombre y el proyecto político de la Cuarta Transformación (4T) eran “incompatibles”, es decir, que el negocio difícilmente iba a prosperar.
“Pero ellos -Thomson y su hijo- me insistieron en que sí apareciera”, recordó.
Según su versión, el acuerdo fue el siguiente: Thomson pondría el terreno y la concesión; mientras que Ruffo y Cuervo la gestión. “Y así arrancamos”.
Cuando iniciaron con las gestiones, la primera exigencia del Gobierno Federal fue presentar los planos para la instalación de los tanques de almacenamiento de combustible.
“Así lo hicimos. Contratamos una compañía de ingeniería y conseguimos a un inversionista. Pero al final, ellos -el inversionista y el concesionario- nos mandaron a volar a nosotros -el exgobernador y el empresario español-”, reveló.
Ese inversionista, según explicó, era una empresa llamada Calcoa, que decía representar a US QS.
En una ocasión, incluso visitaron Baja California representantes de Shell, Mobil y Arco, todas empresas transnacionales dedicadas a la compra y venta de combustibles. Ahí inició la ruptura porque al parecer no fueron convocados a ese encuentro, y se sintieron desplazados.
Así fue como decidieron trabajar solos, replicó el exmandatario; entonces Ruffo y Merino Cuervo absorbieron los costos de la empresa de ingeniería.
Después fueron demandados por la familia Thomson, a través un juzgado de lo civil, en un proceso que aún se encuentra abierto por haberlos despojado de las acciones de la empresa Ingemar sin consentimiento.
LA SENER LES IMPUSO LA COMERCIALIZADORA: RUFFO
En entrevista con ZETA, Ruffo aseguró que nunca detuvieron las gestiones para obtener los permisos, y para ello fue necesario ampararse contra la negativa de la Secretaría de Energía (Sener), entonces dirigida por Rocío Nahle García, hoy gobernadora de Veracruz.
Una vez que un juez falló a favor de otorgar los permisos a Ingemar, enfrentaron nuevos obstáculos administrativos, pues se les exigió contar con una comercializadora registrada, la cual debieron seleccionar de una lista proporcionada por la Comisión Reguladora de Energía (CRE).
“Escogimos una, y es la que ahora aparece en los tanques donde se encuentra el ferrocarril lleno de combustible”, señaló Ruffo, deslindándose de la operación actual de los volúmenes almacenados.
De hecho, “los volúmenes que están en el tren no tienen relación con los pedimentos de importación que hemos hecho nosotros”, aclaró.
No descartó que haya otros importadores que trabajen con la misma comercializadora, pero dijo desconocer detalles.
“Eso no lo sé. Lo único que digo es: aquí estoy, aquí está toda la información. Hay que ayudarle a García Harfuch a que resuelva”, añadió, en referencia al actual secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.
Ruffo reiteró que no ha sido citado por ninguna autoridad judicial ni ha recibido visitas oficiales relacionadas con el tema en la oficina, mucho menos ha pensado en tramitar un amparo de protección.
“No necesito amparos. Estamos aquí, flojitos y cooperando”, ironizó.
Finalmente, explicó que los Thomson conservaron una mínima participación accionaria en la empresa, pero no se les ha considerado en las utilidades porque nunca pagaron lo que les correspondía de sus acciones.
LOS THOMPSON SON ACCIONISTAS DE INGEMAR, SIN UTILIDADES
Aunque minoritario, tanto Ricardo Thomson Ramírez como su hijo, Ricardo Thomson Navarro, siguen siendo parte de la empresa Ingemar, la cual está siendo investigada por la Fiscalía General de la República (FGR).
Mostrando el acta constitutiva de Ingemar, copia notariada de la primera asamblea realizada sin notificarlos, en la que incrementan el capital de la empresa, así como la segunda asamblea en la que les reducen la participación de 33 a 1.6 por ciento, el empresario Ricardo Thompson se defendió de los señalamientos con documentos donde consta que sí aportaron a la ampliación de capital.
— ¿Con qué finalidad crearon la empresa? ¿La actividad empresarial está intacta desde el 2018?
“Ingemar S.A. de C.V. se creó el 9 de agosto 2018, entre otros propósitos, para gestionar un permiso de importación de combustible a través de la Terminal Marina de Combustibles que Serport (su empresa) tiene proyectada en el puerto El Sauzal. El despojo fue sin notificarnos intencionalmente; Merino y Ruffo, realizaron dos asambleas: la primera el 12 de noviembre de 2018, con el propósito de decretar un incremento de capital que no se nos notificó; y la segunda asamblea de accionistas, realizada el 18 de mayo de 2021, a la que intencionalmente tampoco se nos convocó, por lo que sólo asistieron José Merino y Ruffo, con el propósito de reducir nuestra participación, argumentando que no habíamos aportado el incremento de capital acordado por ellos en la primera asamblea (a la que no asistimos porque no fuimos notificados), por lo que, en esa misma asamblea, se decretó que nuestras acciones quedaban reducidas de 33 a 1.67 por ciento”.
“La copia de esta nueva estructura de capital se adjunta y es la que aparece en el acta de la segunda asamblea. Todo esto manipulado por Cuervo y Ruffo. En esta misma asamblea nos despojaron del cargo de secretario y vocal. Desde la segunda asamblea no se nos volvió a informar absolutamente nada, y la empresa fue operada por Ruffo y Cuervo”.
— ¿Por qué cree que Ruffo hubiera querido despojar?
“Nos despojó de las acciones porque ellos tenían información de que el permiso de importación de combustibles se otorgaría a Ingemar y sabían que este permiso generaría muchas utilidades en Ingemar”.
“Ruffo intentó ocultar que él era el beneficiario de ese permiso y utilizó los nombres mío y de mi hijo, publicando y haciendo pensar al público que nosotros éramos los dueños del permiso”.
— En su réplica Ruffo dice que ganaron la concesión después de años de un amparo, pero las fechas no cuadran… Los “muchos años” con su ingreso a la empresa.
“Lo del amparo fue para justificar el otorgamiento del permiso. Debe existir una razón ulterior para que Sener tomara esa decisión. José Merino Álvarez Cuervo es un coyote que ha vivido de hacer gestiones entre el sector público federal y el privado. Ernesto Ruffo nos presentó a Álvarez Cuervo”.
GRAN DESFALCO A PEMEX
La Presidenta Claudia Sheinbaum informó, durante una de sus conferencias mañaneras, que en los últimos ocho meses su gobierno ha incautado más de 39 millones de litros de combustible, con al menos 30 personas detenidas. Sin embargo, ninguna de ellas es empresario, funcionario o político.
Según estimaciones del Gobierno Federal, las pérdidas económicas anuales por el llamado huachicoleo fiscal ascienden a 177 mil millones de pesos, incluyendo robos directos en mini-refinerías, ductos, trenes y barcos.
Entre las empresas señaladas en los hallazgos de 2025 se encuentran: Mefra Fletes, IPS, Autolíneas Roca y Montimez. Otras compañías que no aparecen en los registros públicos incluyen Grupo Petrotamps, Tramitadora Aduanal, IPR y Distribuidora Industrial. En el sector del transporte de carga destacan Lambrucar, Belar Fuels, Ingemar, Ecocarburante, Agrícola Boreal, así como las firmas internacionales Vitol y Flint Hills/Koch.
