Desde el arribo de los gobiernos morenistas a Baja California, la política de seguridad ha sido de improvisación.
En poco más de cinco años pasaron de unificar dos entes, como la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría General de Justicia del Estado, para crear una súper fiscalía que respondiera al capricho del gobernador Jaime Bonilla Valdez (para entregar la seguridad y desentenderse del tema), a separarlos nuevamente con la llegada de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda.
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En la transición se creó la Comisión Estatal del Sistema Penitenciario de Baja California, que dependía de la extinta Secretaría de Seguridad Pública; se volvieron a separar la Secretaría y la Fiscalía; se diseñó una nueva policía con diversa estructura orgánica. Luego, de manera inesperada, vino la imposición de un mando militar al frente de la recién creada Secretaría de Seguridad Ciudadana, que motivó el traslado del abogado Ricardo Iván Carpio, a la Fiscalía General del Estado (FGE), pese a que él mismo había diseñado la nueva Secretaría.
Tras la turbulencia generada por tantos cambios abruptos y opuestos uno del otro a la estrategia de seguridad, se pensó que los seis años de gobierno representarían una estabilidad, pero no fue así.
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Durante poco más de tres años la única constante en los puestos titulares de la seguridad ha sido el cambio, tanto en locales como estatales. Desde imposiciones militares, cambios inesperados y caprichos políticos, rondan en las decisiones trascendentes relacionadas con la seguridad.
Desde noviembre del 2021 se han denunciado 383 mil 898 delitos de diversa índole en materia de fuero común, con una cifra negra, según el Diagnóstico de Percepción de Seguridad y Victimización de Baja California, de un 89 por ciento.
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De estos se documentan siete mil 997 asesinatos, teniendo el mes de junio del 2022 como el más violento de noviembre del 2021 a la fecha, con 230; y de los cuales sólo 120 fueron identificados formalmente como feminicidios. Estos datos ubican desde hace muchos años a Baja California en el top cinco de las entidades más peligrosas del país, peleando los primeros lugares con entidades como Guanajuato, Colima, Zacatecas, entre otras.
Sí bien presumen una reducción en torno a años anteriores, incluso hasta del 18 por ciento al arrancar el 2025, las cifras generan algunas dudas, según refiere el presidente del Comité Ciudadano de Seguridad Pública, Roberto Quijano, al ejemplificar una disminución en los municipios, pero que la Fiscalía General del Estado (FGE) no contabiliza los datos de desaparecidos, lo que podría ser la razón por la que se da esta reducción.
Según las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Baja California llegó a tener en 2018 una cifra de homicidios de 74.15 per cápita, y a partir de ese momento se ha mantenido una tendencia a la baja en 2024 de 51.30, con una tangente sostenida para este 2025.
31 CAMBIOS
En los poco más de tres años del gobierno de Marina del Pilar Ávila se han nombrado 30 funcionarios para la titularidad de los cargos responsables de la seguridad en el Estado y los siete municipios.
Contando al abogado Guillermo Ruiz Hernández, quien vio interrumpido su periodo de seis años en el cargo que le fue conferido en noviembre del 2019, y que dejó en diciembre del 2021, apenas iniciado el gobierno de Marina del Pilar Ávila, estaríamos hablando de tres fiscales, tres secretarios de seguridad estatal, cinco jefes de la policía de Mexicali, tres de San Felipe, dos de Playas de Rosarito, tres de Ensenada, tres de San Quintín -con un asesinato- seis en Tecate y tres más en Tijuana.
Ya sea director, secretario municipal, estatal o fiscal, sólo las alcaldesas Montserrat Caballero Ramírez y Araceli Brown Figueredo mantuvieron al mismo titular por tres años, haciendo referencia a Fernando Sánchez y Francisco Arellano Ortiz, respectivamente.
El resto de los gobiernos han mostrado una inestabilidad tremenda durante los casi cuatro años del gobierno de Marina del Pilar Ávila, donde según el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Mexicali, Octavio Sandoval López, la inseguridad rebasó a las corporaciones policíacas, al grado que ya se tiene agresiones a mandos de seguridad; como el ocurrido contra Roberto Méndez Arreola, a mediados de este mes; el asesinato de Gerardo González Zamorano, subcomandante de la Agencia Estatal de Investigación asignado en Tecate, en la colonia Loma Bonita de Tijuana, en octubre del 2024; o el director de la Policía Municipal de San Quintín, Mario Martínez Martínez, ultimado en octubre del 2023.
“Nos indican que está fuera de control; atender el tipo de cuestiones como lo que se tiene en Mexicali y la Rumorosa, está fuera del alcance de la policía municipal y del Estado porque no tiene elementos. Pedimos que el secretario Federal venga a tomar el control de la seguridad”, refiere el representante empresarial.
Pese a la situación de seguridad, los cambios no siempre han sido motivados por altos índices delictivos o por decisiones federales, sino que a veces sólo se entienden como caprichos.
Guillermo Ruiz Hernández, conocido abogado de Tijuana, fue nombrado el 1 de noviembre del 2019 como primer titular de la Fiscalía General del Estado, institución resultado de la fusión de la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría General del Estado, convirtiéndose en el ente más poderoso de Baja California al concentrar todo el poder operativo y de procuración de justicia en un mismo mando.
Dos años más tarde, al arribo de la gobernadora Marina Ávila Olmeda, Ruiz Hernández renunció el 7 de diciembre del 2021, y fue nombrado el segundo fiscal, Ricardo Iván Carpio Sánchez, quien ocupaba la titularidad de la unidad de Antisecuestros en la FGE.
Pero Carpio tampoco duró mucho en el cargo. Súbitamente renunció el 10 de agosto del 2023, luego de casi dos años al frente de la FGE, puesto que un mes después fue asignado a la abogada María Elena Andrade Ramírez, la cual permanece en el cargo.
En el último análisis de la organización México Evalúa, la Fiscalía de Baja California concluye poco más del 7 por ciento de sus procesos y con una cifra negra del 89 por ciento, según estudios del CCSP de Baja California.
Uno de los cambios polémicos que se generaron durante el 2025 es la transferencia exprés de la central de emergencias C5i de la SSC a la FGE, hecho que sigue generando problemas dentro de la propia institución y de las responsabilidades de cada dependencia en la distribución de las emergencias. Este cambio se hizo en un breve periodo entre la llegada del general Laureano Carrillo y la salida de Tizoc Aguilar Durán.
TRES GENERALES EN SEGURIDAD
La Secretaría de Seguridad Ciudadana prácticamente ha tenido un titular por año, toda vez que el inicio del gobierno de Ávila Olmeda vino acompañado de la imposición del general Gilberto Landeros Briceño, quien nunca fue de simpatía de la mandataria ni se coordinó con el fiscal Ricardo Iván Carpio. De hecho, tuvieron algunos enfrentamientos privados y contradicciones públicas durante conferencias de prensa.
Tras la salida del General Landeros, en enero del 2023, otro militar, Leopoldo Tizoc Aguilar Durán, ocupó el puesto como secretario, trayendo consigo un gran número de castrenses para ocupar las principales áreas de la dependencia estatal.
Durante su gestión hubo varios enfrentamientos políticos con directores, como el abogado Pedro Ariel Mendívil, con quien tuvo un enfrentamiento constante, tanto público como privado, al grado de aprovechar un periodo vacacional para instaurar un “mando único” en el valle de Mexicali, quitándole el poder a las policías locales de sus funciones operativas en la región rural.
También permitió la libre operación del teniente coronel Juan Manuel Corral, quien tuvo varias denuncias por abusos y violaciones a Derechos Humanos.
Tras dos años en el puesto, regresó a sus actividades castrenses y en su lugar fue colocado el general Laureano Carrillo, actual titular de la dependencia, quien también saturó de mandos militares las diversas áreas de la SSC.
CINCO DIRECTORES DE SEGURIDAD EN MEXICALI
El arribo de Norma Alicia Bustamante Martínez en 2021 trajo como primer director de la Policía Municipal a Joel Dueñez Hurtado, quien ocupó el cargo el primero de octubre y renunció el 16 de diciembre de ese mismo año, luego de una serie de discrepancias políticas y conflictos con perfiles al interior de la administración. Dueñez Hurtado llegó por recomendación federal, pero fue removido y sustituido por el conocido abogado, Pedro Ariel Mendívil, ex fiscal regional de Mexicali, cuyo nombramiento derivó de una recomendación de la gobernadora Marina Ávila Olmeda.
Mendívil García permaneció en el cargo durante más de dos años hasta que concluyó el primer trienio de Bustamante Martínez. Su intervención más importante fue la captura de Felipe Eduardo Barajas Lozano, alias “El Omega”, líder de Los Rusos, en diciembre de 2021.
Por otro lado, también se vio afectado por la protección que policías brindaban a presuntos generadores de violencia, en un video grabado por una cámara de vigilancia de un residencial. Su renuncia se debió -según dijo la propia alcaldesa- a presiones realizadas por el entonces secretario de Seguridad Ciudadana, Leopoldo Tizoc Aguilar Durán.
El nombramiento de Luis Felipe Chan para el nuevo trienio representaba estabilidad por el tipo de virtudes conciliadoras del abogado con amplia trayectoria en el servicio público, y aunque obtuvo reducciones en delitos como robo de vehículos, robo a transeúnte y comercios; la cifra de homicidios mantuvo una tendencia al alza en Mexicali. La tolerancia de la gobernadora se vio quebrada tras el asesinato del líder pesquero Sunshine Rodríguez Peña, en marzo pasado, cuyo deceso ocurrido en el corazón de la colonia Independencia (ampliamente concurrida); esto motivó su separación y la sustitución a cargo del teniente coronel Julián Leyzaola Pérez, el cual permaneció como titular del mes de marzo a julio, hasta que fue removido por conflictos internos con funcionarios de la administración municipal, además de no brindar un resultado relevante en casi cuatro meses. Su renuncia se presentó el 14 de julio y ese mismo día fue nombrado -nuevamente- el licenciado Luis Felipe Chan en el cargo.
Su nombramiento, remoción y nuevo ingreso no tuvo que ver con resultados en materia de seguridad, sino que se posiciona más en temas de carácter político dentro de la administración pública. De hecho, regidores de oposición como Manuel “Rude” García, reclamaron que los resultados con Chan Baltazar mantenían una tendencia a la baja en la mayoría de los delitos, por lo que resultaba inexplicable su salida. Meses después, reclamaron su regreso.
Unas semanas antes de la salida de Leyzaola, la Policía Municipal detuvo a un supervisor de alcoholes de nombre Israel Chávez Romero, en un presunto acto de extorsión en contra del propietario de un jardín de eventos, en el valle de Mexicali. El mismo día que Felipe Chan asumió el cargo, fue asesinado el subcomandante de la Policía Municipal, Roberto Méndez Arreola. Su cuerpo recibió 88 tiros que le causaron más de 100 heridas.
TECATE, CON SEIS CAMBIOS
Enrique Trujillo fue nombrado director de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal en octubre del 2021, con el arribo al poder de Darío Benítez Ruíz, pero renunció al cargo apenas cinco meses después, luego de asegurar que los lineamientos que buscaba aportar dentro de la corporación, no coincidían con las del entonces edil, quien emitía órdenes sin tomar en cuenta, como imponer un comandante, Carlos Manuel López Cruz alias “Llaverito”. Durante la gestión de Trujillo, experimentado policía de investigación, cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública registraron una disminución en casos de violencia entre el 1 de octubre de 2021 y el 28 de febrero de 2022: Se contabilizaron 14 homicidios dolosos a lo largo de los cinco meses en lo que se tiene registro, cifra triplicada en la administración anterior; los robos a casa habitación, robo de vehículos, robo a transeúntes en vía pública, entre otros, disminuyeron significativamente.
La salida de Trujillo, aseguraron investigadores, derivó de los acuerdos que el entonces presidente municipal Benítez habría realizado con el crimen organizado, y que Trujillo se negaba a cumplir.
Como encargada de despacho de la Policía Municipal fue nombrada la licenciada Elsa Macías Vázquez, quien luego de unas semanas fue relevada por el capitán de la Sedena, Saúl Arellano Soto.
El licenciado en Derecho y capitán de Infantería de 55 años, tomó las riendas de la policía municipal el 2 de mayo del 2022, recomendado por el general Gilberto Landeros; llega a cumplir el proyecto de seguridad construido por el alcalde Darío Benítez y bajo sus condiciones. “Él aportará su experiencia técnica y táctica”, expuso el alcalde. Pero apenas tres semanas después el capitán fue cesado, ante el rompimiento entre la mandataria estatal y Benítez.
Ante la premura por removerlo fue nombrado José Manuel Márquez Martínez, quien fungía como inspector y jefe de los programas de prevención del delito de la Policía Municipal. Fue precandidato independiente a la Presidencia Municipal del Pueblo Mágico durante el proceso electoral del 2021.
La gestión de Márquez generó problemas dentro de las Mesas de Seguridad, pues consideraron que extendió la presencia de grupos delictivos en el municipio, sobre todo de los afines al Cártel de Sinaloa.
La situación llegó a tal grado que se captó al entonces “enlace” entre el cártel y el gobierno municipal, según lo informaron investigadores, a Enrique León, haciendo uso de unidades de la Policía Municipal en el municipio de Tijuana. En este periodo se dotó a Darío Benítez y a otros perfiles cercanos de varios escoltas y equipo de seguridad.
“El Chepo” se negó a que policías recibieran apoyo psicológico o asistieran a capacitaciones de violencia de género. También destacó por conductas cuestionables como obligar a las agentes víctimas de atentados continuar con sus jornadas laborales, como el ocurrido en Valle de Las Palmas, donde dos policías resultaron heridos por arma de fuego y a uno (José Francisco Pérez Tizcareño) le fue arrebatada la vida.
Después del ataque montaron un operativo de los tres órdenes de gobierno con el objetivo de dar con los atacantes, pero en ese contexto -confiaron agentes-, Márquez, quien arribó al poblado por un par de horas para después retirarse, dio la orden para que uno de los elementos víctima del ataque se quedara a concluir su turno de trabajo, a pesar de que portaba vendaje y visiblemente habría sufrido afectaciones psicológicas tras el suceso, y reincorporarse de manera normal a su próximo turno de trabajo.
Derivado de la presión mediática, luego de ser captado en unidades oficiales en Tijuana, Márquez fue removido y sustituido por Elsa Macías Vásquez
En su periodo, las condiciones laborales de los policías municipales mejoraron un poco, aunque su administración se vio empañada por los homicidios de los agentes a manos de grupos del crimen organizado, entre ellos la entonces subcomandante Alejandra Villa, cometido el 29 de junio del 2023, donde no hubo resultados.
Macías denunció que se encontraba en posesión de una lista de agentes que, según estudios realizados en el Centro de Control y Confianza (C3), no eran aptos para laborar en la corporación, pero no sé concluida el proceso en la Sindicatura Municipal, en ese entonces a cargo de María Teresa Méndez Vélez, hoy diputada local, quien enfrenta una denuncia por la desaparición de más de 40 expedientes durante su administración.
Con el arribo de la administración de Román Cota, se nombró a Marina Calderón, la cual, sin experiencia en temas de seguridad, priorizaba verse en eventos públicos, además de que -según policías- liberaba a sujetos detenidos que le prometían que no volverían a delinquir. Otros conflictos se volvieron públicos, como cuando se sintió amenazada por los propios policías municipales que dirigía.
Durante su gestión fue celebrado el Día del Policía con música en vivo, en las que se tocaron narcocorridos, se ofreció hubo cerveza, comida, y cientos de regalos entre los de costos excesivos como el título de terrenos y 20 mil pesos en efectivo, los cuales informó durante una transmisión que habrían sido donados por un “patrocinador”.
Fue relevada por el comandante de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana, José Luis Sarmiento Monje, quien aún permanece en el cargo. Esta medida llegó acompañada de un operativo perpetrado por la FESC, donde relevaron a la corporación municipal de sus funciones y sometieron a toda la corporación a evaluaciones de control y confianza, siendo reprobados un total de 100, es decir, más de la mitad de la corporación.
Hoy en día, uno de los puntos más críticos en el Estado comprende la zona de la Rumorosa, donde grupos antagónicos de La Chapiza y La Mayiza, e incluso el CJNG, han sostenido encarnizadas batallas en zonas agrestes.
TIJUANA: TRES SECRETARIOS EN CUATRO AÑOS
Pese a que Tijuana es el municipio con mayor incidencia delictiva y una de las ciudades más violentas del mundo, según diversas evaluaciones, los cambios fueron menores que en otros municipios. Durante la gestión de Montserrat Caballero Ramírez, Fernando Sánchez fue el único secretario de Seguridad Ciudadana.
A lo largo de su encargo hubo varios ataques a policías, acusaciones severas de violaciones a Derechos Humanos, pero también la reducción sustancial en materia de homicidios. A diferencia de otros directores, se mantuvo ajeno a conflictos políticos y tuvo muy pocos cambios dentro de su cuadro de mando.
Pese a la promesa de Ismael Burgueño Ruiz, presidente Municipal de Tijuana, de nombrar a Julián Leyzaola Pérez como secretario de Seguridad Ciudadana, por propuesta de la Gobernadora, el alcalde no pudo cumplirlo, pues le fue impuesto el licenciado Juan Manuel Sánchez Rosales, quien llegó a ser subdelegado del CISEN en Baja California. Trabajó como consultor y anteriormente fue subsecretario de seguridad en Chihuahua, en la época de Javier Corral Jurado.
Su encargo duró poco más de cinco meses y fue sustituido por José Alejandro Avilés Amezcua, abogado con 25 años de experiencia y proveniente del Centro Nacional de Inteligencia, de la Dirección General de Investigación Criminal y Coordinador de Cumplimiento y Ejecución de Mandamientos Judiciales, entre otros cargos de relevancia.
ENSENADA: UNO DE AYALA, DOS DE AGATÓN
Seis años de intrascendencia fueron los que tuvo el director de la Policía Municipal de Armando Ayala Robles, el Mayor David Armando Sánchez Gonzalez, quien fue pocas veces visto en público o en reuniones privadas de trabajo, y quien simplemente no presentó un plan de trabajo.
Durante su gestión, Ensenada llegó a registrar 340 asesinatos en el año 2020, pero a partir de esta fecha comenzó a reducirse la incidencia hasta llegar en 2024 a 95 asesinatos, sacando al municipio de la lista de los más violentos del país.
Su gestión fue intrascendente y no hubo capturas relevantes o estrategias de seguridad visibles, por lo que se atribuye la reducción más a otros factores, como el combate de otras corporaciones, o incluso la reducción en las pugnas de la propia delincuencia.
En abril del 2023 -durante su gestión- se dio el “cachanillazo”, donde sicarios del Cártel de Sinaloa abatieron a 10 personas durante una masacre perpetrada durante un rally en San Vicente; incluso fue asesinado el delegado de San Antonio de las Minas, José Eduardo Orozco Gil.
El nombramiento de Claudia Agatón Muñiz a la Presidencia Municipal, vino con un nuevo titular en materia de seguridad pública, proveniente de la Guardia Nacional, de nombre Martín Álvaro Alba Urías, el cual prometió un plan de trabajo y dignificación de la imagen policial; y aunque la propia Agatón aseguró que fue el perfil ideal después de una intensa evaluación, el funcionario duró apenas dos meses en el cargo y fue sustituido por el ex director de la Policía Municipal de Mexicali, Alejandro Monreal Noriega, quien ha reforzado trabajos coordinados con la FGE en depuración policial, en la que han capturado a agentes presuntamente implicados en la delincuencia organizada, además de la adquisición de un gran número de patrullas para la corporación municipal.
SAN FELIPE Y SAN QUINTÍN
El primer director de Seguridad de San Felipe fue Luis Ramón Valdez Salas, quien ocupó el cargo desde la creación del Concejo Fundacional del puerto en enero del 2022, hasta que en septiembre de ese año fue víctima de un brutal atentado en el que murieron el comandante Norberto Ornelas Nava y el subdirector Erik Aguilera. Valdez Salas sobrevivió al ataque debido a que se retrasó en salir al convoy que lo custodiaba. Tras renunciar al cargo, el capitán Marco Vinicio Tiznado García estuvo al frente de la policía sanfelipense, la más pequeña del Estado con 55 elementos y otros 50 marinos que fueron “prestados” de manera temporal, la cual no pudo contener la violencia generada por el enfrentamiento entre Chapos y Mayiza, por el control de una de las principales rutas de fentanilo en Baja California.
Luego de varios homicidios que llevaron al puerto a registrar números negativos históricos, pues de tener cinco asesinatos en 2023, la cifra subió a 15 en 2024 y en los primeros seis meses de este año ya alcanzó los 19 homicidios, la situación motivó a José Luis Dagnino a cambiar de mando y colocar a Omar Armando Valdés Neria, por recomendación federal, el cual se mantiene a la fecha.
Según el estudio del CCSP, el municipio con la percepción más alta de inseguridad es San Felipe, con un 92 por ciento de la población que se siente insegura.
Mientras tanto, en San Quintín, también tuvieron que padecer cambios derivados de atentados hacia los mandos superiores, como el asesinato de Mario Martínez Martínez, en octubre del 2023, en Tijuana, cargo que ocupó desde la creación del municipio.
A su deceso fue nombrado Osvaldo Medina Olvera, el cual tenía ya una trayectoria conocida en el servicio público al haber laborado en instituciones como Issstecali, el Ayuntamiento de Tijuana y el Sistema Penitenciario. Fue denunciado públicamente en una ocasión por hostigamiento en agravio de una agente de la propia corporación que dirigía.
Tras el ascenso de Miriam Cano como presidenta municipal de San Quintín, el titular de la Dirección de Seguridad Pública es Alberto Sarabia Espinoza, quien ha sido impactado por el caso de la desaparición y feminicidio de Keila Nicol, hace apenas unas semanas, a manos de un adolescente.
PLAYAS DE ROSARITO
Durante la gestión de Araceli Brown Figueredo, Francisco Arellano Ortiz fue el director de la Policía Municipal y puede presumir que durante su gestión se dio una de las detenciones más relevantes de esta administración: la captura de Héctor Eduardo infante, alias “El Tolín”, integrante del grupo delictivo de los Rusos.
Luego de un atentado que sufrió por parte de otra facción del Cártel de Sinaloa, de la que logró salir ileso, pero que le causó severas lesiones a uno de sus hijos, fue capturado cuando llevaba a su vástago a las instalaciones de un hospital en dicho municipio.
Tras la salida de Arellano Ortiz, el gobierno de Rocío Adame propuso y avaló a Héctor Manzo Ruvalcaba, quien ostenta el cargo hasta este momento.
Rosarito, tanto como Tecate y Mexicali, fueron los únicos municipios que vivieron el asalto de la SSC hacia la corporación, donde policías fueron enviados a cumplir con los exámenes de control y confianza. En el caso de Playas de Rosarito, la situación no fue tan crítica, pero sí provocó una subordinación del actual titular hacia el Poder Ejecutivo.
Pese a ello, el estudio de percepción de la CCSP, coloca a Rosarito como el municipio con la menor percepción de inseguridad, con poco más del 12 por ciento.
CRITICAN CAMBIOS CCSP, ABOGADOS Y CCE
Para Octavio Sandoval López, presidente del CCE, el Gobierno de Baja California se encuentra a la defensiva y todavía no se repone de la crisis sufrida por la revocación de la visa a la gobernadora y a su esposo. Sin embargo, consideró que más allá de los cambios y los esfuerzos, si la estrategia de seguridad no viene acompañada de dinero para brindar de mejor equipo a las policías, la situación no va a cambiar.
“Llevamos tres secretarios de seguridad; es un mal mensaje, pero me voy a los presupuestos, al dinero: así cambien un nuevo secretario, no se van a resolver si no se dota de recursos, de tecnología, inteligencia, de dotarlos de patrullas y armamento, y de implementar cero tolerancia. ¿A poco no pueden ir al valle a hacer un rastreo? Está parejo el valle, circulan como Pedro por su casa… ¿Por qué no van y le preguntan a la gente del valle de Mexicali? ¿Quiénes operan cuando oscurece?”
Por su parte, el presidente del Consejo Estatal de Asociaciones de Abogados de Baja California, Elías Flores Gallegos, reclama nuevamente que los mandos militares no funcionan dentro de instituciones civiles, pues -considera- la formación es diferente. Tampoco funcionaría un mando civil dentro del Ejército.
“Cada militar que llega a la Secretaría de Seguridad cava un hoyo, y el que llega lo hace más profundo y grande en materia de inseguridad; así sucesivamente, mientras que la inseguridad sigue creciendo y cada vez hay más criminales en la calle. La delincuencia ha rebasado por mucho a nuestras instituciones”, refirió el letrado, quien aseguró que dichos manos generan mal ambiente y descontento dentro de las corporaciones, debido a los malos tratos, además de desgastar el sentido de pertenencia de la policía.
Roberto Quijano, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, coincidió en que los mandos militares no han dejado cambios o beneficios sustanciales a la seguridad en Baja California, pero agregó que los constantes cambios afectan en el ánimo de las corporaciones y de la propia sociedad.
“Si bien cierto que hay un plan estatal y planes municipales, estos tienen un toque personal estatal; llevamos tres secretarios de seguridad, en cuatro años llevamos dos fiscales, sin contar a los directores o secretarios de los municipios, y pues el caso más patético es el de Mexicali donde el Teniente Coronel estuvo dos meses. El tema de la seguridad tiene que haber voluntad política para atenderlo y pues representa seriedad, continuidad y pues es increíble que vengan estos cambios sin explicación”.
Quijano identificó también que hay improvisación y esperan que no sea por temas políticos, pero -consideró- es necesaria una mayor consistencia.
El presidente del Comité Ciudadano de Seguridad Pública de Ensenada, Édgar Hernández, dijo que en lo que respecta a su municipio han tenido un cambio positivo con la llegada de Alejandro Monreal Noriega a la corporación, pues tiene la disposición de trabajar con los sectores.
Sin embargo, consideró que el gran problema del puerto es el tema carretero, donde la Guardia Nacional incumple con la responsabilidad de atender de forma oportuna el control vial y de seguridad en estas áreas.
Para Hernández, actualmente la principal problemática no recae en las labores preventivas, sino en el esclarecimiento de hechos de alto impacto, como el asesinato de Minerva Pérez Castro presidenta de la Cámara Nacional de la Industria Pesquera y Acuícola (Canainpesca) en Baja California, el cual sigue sin esclarecerse, al igual que otros crímenes en contra de pescadores.
Consideró que existe una reducción en los índices de homicidios, pero estos casos pendientes no se resuelven, lo que demuestra impunidad.
